2022 es un año horrible para la alcaldesa de Barcelona. Y eso que aún no ha terminado el primer trimestre. El primer gran golpe lo registró cuando tuvo que declarar como imputada ante la justicia, ofreciendo así la penosa imagen del primer alcalde de la ciudad que se encuentra en esta circunstancia.
A esto se le añade que, según el código ético de su propio partido, Colau ya debería haber dimitido por aquella circunstancia, porque así lo establecían las normas internas. Si se es acusado, con independencia de que después se confirme o no la acusación, debe dimitir. No lo ha hecho, es evidente, y esa actitud daña su credibilidad. Está claro que tampoco hay que extrañarse, porque las mismas normas también prevén un máximo de dos mandatos electos y Colau afirma, sin vergüenza alguna, que está considerando si se vuelve a presentar o no. Una vez más, los compromisos con las normas de su misma organización son ignorados.
Ahora acaba de producirse uno nuevo absolutamente demoledor. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la que era una de las principales bases de su mandato. Pero lo peor son las razones de la anulación.
Una de las principales es que la medida era socialmente discriminatoria, porque castigaba a las personas de rentas más bajas. Este argumento fue reiteradamente expuesto. La terrible contradicción que el gobierno municipal, que se considera el no va más del progresismo, adoptaba una medida que hacía recaer todo el peso de luchar contra la contaminación sobre los hombros de las personas que carecían de recursos para disponer de un coche con menos años a sus espaldas. Ahora la sentencia avala la discriminación que significa esa política de Colau.
También constata la reducida eficacia de la medida porque la sentencia subraya que habría una disminución de sólo un 3% en el primer año de aplicación y de un 7% a partir de 2021, y considera que existe una desproporción entre el daño económico y social que se infringe y los beneficios que genera. En realidad el resultado es aún peor, porque como señalan los datos, a finales de 2021 en la ciudad de la ZBE ya se registraban los mismos niveles de contaminación que antes de la aplicación de la medida, exigiendo a una parte de la población un sacrificio inútil.
Pero lo que aún es peor, si es que esto es posible, es la respuesta que ha dado el Ayuntamiento. El concejal de transición ecológica, Eloi Badia, dice que la sentencia responde «a otro período histórico». Seguro que sí, a un período en el que los gobiernos municipales no se dedicaban a castigar inútilmente a la población con menos recursos.
La consejera de acción climática, Teresa Jordà, por su parte declara que el TSJC quiere «negar el derecho al aire limpio«. Demagogia de vuelo gallináceo porque es evidente que el Tribunal no cuestiona esta finalidad, sino la forma como el Ayuntamiento quiere alcanzarla.
Y si no fuera suficiente, Colau mantiene que seguirá aplicando las sanciones porque la sentencia todavía no es firme, dado que falta el recurso municipal. Al menos un gobierno prudente congelaría las penalizaciones hasta que no se resolviera definitivamente la cuestión, porque de lo contrario lo que hace es inflar la bola de nieve, ya que previsiblemente cuando la sentencia sea firme, se abrirá la veda de las reclamaciones, no sólo por el importe de las sanciones aplicadas, sino por los daños y perjuicios que la medida puede ocasionar a mucha gente. Se abrirá entonces la posibilidad de reivindicaciones colectivas pidiendo indemnizaciones al gobierno municipal y es posible que este hecho coincida en pleno período preelectoral.
PUEDE CONSULTAR AQUÍ LA SENTENCIA
Cargando ...
