Sin duda, la noticia política más relevante es que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ​​haya sido citada como investigada por las ayudas dadas a un conjunto de entidades políticamente afines. Es evidente que lo que debe prevalecer en todo momento es la presunción de inocencia. Por tanto, Colau es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Ahora bien, dicho esto, es lamentable que la principal autoridad de Barcelona se vea en la necesidad de acudir al juzgado porque ha sido llamada por la justicia. Puede que se convierta en un proceso, puede que se acabe en nada, pero el primer efecto negativo para la ciudad ya se ha producido.

El segundo hecho que multiplica el escándalo Colau, surge de su exhibicionismo justiciero. Ni ella ni su formación nunca han tenido una especial estima a ese valor democrático fundamental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario… excepto cuando les afecta a ellos. Entraron en la política haciendo bandera de la lucha contra la corrupción. Tanto es así que el artículo 3.6 del «código de ética política» de Barcelona en Comú establece: «el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con la corrupción», y son citados de manera concreta «la malversación y el tráfico de influencias «.

Pues bien, de eso es de lo que se trata en el caso de Colau por lo que debe presentarse ante el juez como imputada. Sin duda es un exceso reglamentar que la simple acusación equivalga ya a la pena de dimisión o renuncia, pero son las reglas del juego de los propios Comuns, que están liderados por Colau, de las que se dotaron. Y ahora está en juego precisamente ese compromiso ante sus propias normas.

La sociedad no puede exigir la dimisión de Colau, porque es presuntamente inocente. Pero esta misma sociedad sí puede pedir que asuma su responsabilidad frente al código ético del que voluntariamente se dotaron. Y que si ahora no dimite, demostrará que no tiene credibilidad alguna ni el código, ni su partido, ni su persona. Es el problema de cuando se va por el mundo dándonos lecciones de modo. De todas formas, a pesar de ser breve, no es el único cuestionamiento de este código porque muy cerca del anterior artículo, el 3.5., establece como norma para un cargo público las dos legislaturas como máximo. Por tanto, Colau ya no se podría presentar a las próximas elecciones ateniéndose a sus propias normas. Sin embargo, está abierta a la posibilidad de repetir.

¿Qué respeto y credibilidad pueden merecernos partidos y organizaciones que cambian sus propios compromisos en función de si los beneficia o perjudica como personas? ¿Cuál es el valor moral que puede representar nuestra alcaldesa cuando infringe de forma tan rotunda y concreta su propio código ético? Si no es capaz de respetar sus propias normas, ¿Cómo podemos confiar en que cuando no la ven respeta las normas generales?

Sin embargo, este no es todo el problema del asunto Colau, a pesar de ser muy grave. Otro es un cáncer que hace tiempo que existe, pero que a lo largo de su mandato se ha extendido como una metástasis. Es el de las subvenciones. Hasta que las subvenciones no sean revisadas a fondo y existan criterios objetivos, estaremos ante un pozo de corrupción legalizado, porque basta con cumplir las normas formales para justificar el derroche masivo de dinero.

Hay que considerar que en el período de alcaldía de Colau estos recursos han crecido un 65%, una magnitud extraordinaria. En primer lugar, las subvenciones deberían estar ceñidas al interés colectivo, y no a planteamientos ideológicos o de facción. Por otra parte, debería existir una relación entre los recursos propios de las entidades y la subvención. Porque si no es así, resulta que muchas de estas organizaciones son ficticias y responden sólo a intereses de partido que se alimentan mayoritariamente a base de los recursos públicos. Sería higiénico que una entidad no pudiera disponer más allá del 30% de recursos públicos, sea cual fuera su procedencia.

Este problema de las subvenciones se concentra precisamente en el grupo de entidades ahora bajo sospecha de las que proceden Ada Colau y otros miembros de los comuns, como Gerardo Pissarello o Gala Pin. Se trata del conglomerado formado por el Observatorio DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ingenieros sin Fronteras, Alianza Contra la Pobreza Energética, que comparten sede y en algunos casos el NIF. Las cantidades que reciben estas entidades son astronómicas. Por ejemplo, el Observatorio DESC, que empezó con una ayuda inicial en el 2012, cuando no mandaba Ada Colau, de 25.000 euros, recibe ahora una cifra por valor de 324.600 euros. Al grupo inicial se han añadido otras etiquetas como las de los Ingenieros sin Fronteras y la Alianza Contra la Pobreza. Pero lo que nunca ha quedado claro es a qué se dedican estos recursos y qué parte constituyen del dinero que consigue ingresar por aportaciones de la sociedad civil.

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Ante la situación actual, Colau puede hacer muchas cosas. Una de ellas sería asumir la responsabilidad y dimitir, no para asumir la culpa, sino todo lo contrario, para demostrar su inocencia y volver a presentarse a las próximas elecciones sin mácula. De esta forma, además, cumpliría fielmente con las exigencias de los artículos 3.5 y 3.6 del código ético de su partido. Pero si no quiere adoptar esta respuesta de gran altura moral, al menos que muestre e informe claramente de las tripas de estas subvenciones y de lo que se hace con ellas. Que informe sobre qué actividades van dirigidas, qué tipo de gasto realiza, qué obra se lleva a cabo y qué parte representa del total del presupuesto de este tipo de entidades. Al menos eso.

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