Siempre que el PSOE vive momentos políticos difíciles, recurre a lo mismo: pone el foco en la Iglesia, que en el caso de España es siempre un saco de boxeo idóneo. Ahora, en un momento crítico de la coalición que gobierna, han vuelto a repetirlo:
PSOE y Sumar han propuesto crear en el Congreso una subcomisión para investigar abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, con el fin de reconocer y reparar a las víctimas, establecer medidas preventivas y considerar indemnizaciones económicas.
La subcomisión contará con 15 diputados (representando a diferentes grupos políticos) y deberá elaborar un informe en un plazo máximo de seis meses. La iniciativa se basa en un reciente informe del Defensor del Pueblo (2023), que documentó 654 casos de abuso y planteó recomendaciones centradas en la justicia restaurativa, la prevención y la reparación integral a las víctimas.
Sigue así el camino de la discriminación, arbitrariedad y ocultación del grave delito de abusos sexuales a menores. Para situar una sola referencia del absurdo, fijando solo el foco en la Iglesia, el informe del Defensor del Pueblo, después de un año de trabajo, solo logró reunir 654 casos que comprendían un período de cerca de 80 años. Pues bien, solo en 2023, según el Ministerio del Interior, se produjeron más de 9.000 denuncias por abusos sexuales a menores.
La iniciativa del PSOE-Sumar de constituir una subcomisión en el Congreso de los Diputados relacionada con los abusos sexuales en la Iglesia y basada en el Informe del Defensor del Pueblo, que a su vez recoge el acuerdo del propio Congreso publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas del 17 de marzo de 2022, causa graves perjuicios al Estado de derecho, a la justicia y a la verdad, y lo hace además en el ámbito más determinante de la vida pública: el del poder legislativo.
El acuerdo de constituir la subcomisión con los fines que comporta, como antes el citado acuerdo del Congreso y el informe del Defensor del Pueblo, constituyen:
- Una clara violación de la Constitución, que proscribe la discriminación. La Constitución española (CE), en su artículo 14, establece que: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión», y lo ha precisado extensamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No se puede vincular un delito exclusivamente a un grupo de la sociedad por ser católico, gitano o criador de jilgueros. Se puede y hace falta, por ejemplo, indagar este delito en el sistema escolar público, privado y concertado, pero no solo en las escuelas católicas. Y precisamente esto es lo que rechazó el propio Congreso un año antes a propuesta de ERC, cuando se propuso analizar la situación alarmante de la violencia y el abuso sexual en todas las escuelas. ¿Escuelas no e Iglesia católica sí? ¿Por qué? ¿Es que hay tantos casos en ese ámbito? Esto introduce la segunda causa inconstitucional, la arbitrariedad.
- Un acto igualmente anticonstitucional por su naturaleza arbitraria. Según el artículo 9.3 in fine de la CE, se prohíbe «la arbitrariedad de los poderes públicos», lo que incumplen ambos acuerdos parlamentarios, dado que carecen de toda motivación razonable que los justifique, ya que en ningún caso los siguientes abusos sexuales a menores por parte de personas vinculadas a la Iglesia católica tienen una significación relevante, como lo constatan los datos siguentes:
- En 2022, el Informe del Ministerio del Interior señala un total de 8.337 víctimas; de estas, las vinculadas con agresores presuntamente relacionados con la Iglesia difícilmente superaban el 0,4%. ¿Una subcomisión para tratar el 0,4% y olvidarse del 99,6%? ¿Cómo se entiende esto?
- Si se considera la fase más demostrativa de la práctica de un delito, que es la condena, los datos del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) para el período 1990-2022 reflejan un total de condenas por abusos sexuales de 2,4 personas al año que tengan vinculación con la Iglesia católica.
- Si atendemos a los informes de la Fundación ANAR, podemos establecer que los agresores estaban en un 0,2% sacerdotes; monitores extraescolares, 1%; profesores, 3,75%; vecino o amigo de la familia, 4,35%; padrastro o pareja de la pareja, 5,7%; amigo, 5,75%; compañero, 8,7%; otros familiares, 20,55%; padre, 23%. Los profesores tienen una participación en este delito casi 19 veces mayor, el entorno familiar 130 veces más y los padres 115 veces más. ¿Y la subcomisión se centrará en el escaso 0,2%? ¿Qué tipo de política es esta?
Un amplio estudio de las fuentes disponibles sobre esta materia se encuentra en La Pederastia en la Iglesia y la Sociedad. El Gran Chivo Expiatorio , Sekotia 2025, de Josep Miró i Ardèvol, que muestra en abundancia cómo la Iglesia es una excusa que sirve para el encubrimiento.
- Encubrimiento. Constituye un acto de encubrimiento de la realidad y de la gran dimensión de este delito, del conocimiento de los agresores y de desatención para la inmensa mayoría de víctimas, que de esta forma no encuentran ni acogida ni reparación. Con el enfoque de la subcomisión, más del 99% de todos los casos quedan fuera de la atención de los poderes públicos. Por ejemplo, son notorios los casos de abuso en centros de tutela de menores, responsabilidad del Estado. La política valenciana Oltra cayó precisamente por la implicación de su exmarido en una de estas causas. Pero a pesar de su mayor extensión, el estado nunca ha actuado.
- Complicidad de hecho. Todo esto convierte al gobierno y a los partidos que le apoyan en cómplices de la ocultación de la dimensión del delito, a pesar de su magnitud, y en cómplices de la desatención de la casi totalidad de las víctimas. También los diputados que persisten en la práctica de convertir a la Iglesia en chivo expiatorio.
La subcomisión presenta tres graves características fundamentales. Primero, es discriminatoria. Segundo, establece un precedente al abrir una causa general contra la Iglesia. Y tercero, convierte a la Iglesia en chivo expiatorio para eludir el abordaje del grave problema social de la pederastia.
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El informe del Defensor del Pueblo, después de un año de trabajo, solo logró reunir 654 casos que comprendían un período de cerca de 80 años. Solo en 2023 se produjeron más de 9.000 denuncias por abusos sexuales a menores Compartir en X
