Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018. Ocho años después, la discusión sobre su legado ya no puede reducirse a una legislatura concreta, a una crisis determinada o a las acusaciones de sus adversarios. El tiempo transcurrido permite formular una pregunta distinta: ¿qué patrón de gobierno explica que la figura de Sánchez concentre un nivel tan elevado de controversia política e institucional?
La respuesta no está en un único episodio. Tampoco sería razonable atribuirle personalmente todos los problemas que arrastra España desde hace décadas. La vivienda, la educación, la inmigración o la productividad tienen causas anteriores a su llegada al poder y, además, en muchos casos las competencias están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Pero ocho años modifican la responsabilidad política. Lo que inicialmente podía presentarse como una crisis heredada termina formando parte del balance del Gobierno que ha tenido tiempo para actuar sobre ella. Y, junto a los resultados materiales, aparece otra cuestión: la relación de la Presidencia con las instituciones que no controla directamente.
La tesis de este artículo es, por tanto, más amplia que la habitual enumeración de escándalos: la crítica a Sánchez se alimenta de la combinación de concentración del poder político, conflictos institucionales, problemas estructurales que permanecen abiertos y una elevada capacidad para modificar posiciones políticas sin asumir necesariamente como propio el coste de la contradicción.
1. El problema institucional: hasta dónde puede llegar el poder del Ejecutivo
Uno de los elementos que más ha contribuido a la controversia durante la etapa de Sánchez es la relación entre el Gobierno y los espacios institucionales que deben ejercer algún grado de autonomía frente al Ejecutivo.
Aquí conviene evitar simplificaciones. Parlamento, Senado, Poder Judicial y medios públicos son instituciones diferentes y cumplen funciones completamente distintas. No sería correcto colocarlas en el mismo plano.
Sin embargo, sí puede identificarse una cuestión común: hasta dónde debe poder condicionar al Ejecutivo una institución que, precisamente por su naturaleza, debe actuar con autonomía respecto de él.
El caso de los medios públicos resulta especialmente significativo. El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de julio de 2026 señala que distintas partes interesadas han alertado de riesgos para la independencia editorial y de injerencias políticas en los medios públicos españoles.
El informe recoge además que, en enero de 2026, los Consejos de Informativos de TVE y RNE denunciaron un deterioro de las normas deontológicas y lo que consideraban un sesgo político en los informativos. La Comisión añade que el indicador del Media Pluralism Monitor sobre la independencia de los medios públicos mantiene un nivel de riesgo medio-alto.
La existencia de estas denuncias no demuestra por sí sola que el Gobierno controle los informativos de RTVE. De hecho, el propio Gobierno sostiene que el funcionamiento de RTVE es normal. Pero sí permite hablar, con mayor fundamento, de un deterioro o una percepción de deterioro de la independencia del servicio público audiovisual, que es políticamente relevante.
El problema, por tanto, no es simplemente si Sánchez «controla» una institución. La pregunta más interesante es otra: ¿qué ocurre cuando un Gobierno mantiene una relación conflictiva con instituciones cuya función consiste precisamente en limitar, fiscalizar o contrapesar al poder ejecutivo?
2. El segundo problema: después de ocho años, ya existe un legado
Hay una segunda dimensión que resulta todavía más importante: el balance acumulado.
Un presidente que acaba de llegar al poder puede responsabilizar a sus antecesores de buena parte de los problemas que encuentra. Después de ocho años, ese argumento pierde progresivamente fuerza.
Eso no significa que Sánchez sea responsable de todo lo que ocurre en España. Significa que, transcurrido ese periodo, vivienda, inmigración, educación, productividad, funcionamiento administrativo e infraestructuras ya forman necesariamente parte de su propio balance de gobierno.
La cuestión deja de ser qué problemas heredó y pasa a ser qué problemas consiguió transformar.
3. Vivienda: de problema secundario a preocupación central
La vivienda constituye probablemente el ejemplo más claro.
Sería incorrecto atribuir a Sánchez el origen del problema. La escasez de vivienda, las dificultades para construir, la regulación del suelo, la concentración de población en determinadas áreas y las diferencias entre territorios son fenómenos anteriores a su llegada a La Moncloa y afectan a distintos niveles de la Administración.
Pero el problema ha adquirido una dimensión mucho mayor durante estos años.
El Banco de España ha señalado la existencia de un importante déficit acumulado de vivienda y la necesidad de aumentar sustancialmente la construcción residencial. Al mismo tiempo, los datos del INE muestran que el precio de la vivienda aumentó un 12,9 % interanual en el cuarto trimestre de 2025.
El dato políticamente más relevante quizá sea otro: la percepción social del problema. En abril de 2026, el CIS situaba el acceso a la vivienda como el principal problema de España para el 41,3 % de los encuestados.
La comparación con 2018 debe hacerse con cuidado porque las preguntas y las circunstancias económicas no son idénticas, pero la diferencia de percepción es suficientemente grande como para identificar una transformación importante: la vivienda ha pasado de ocupar una posición relativamente secundaria en la preocupación ciudadana a situarse en el centro de la agenda nacional.
Por eso la crítica a la política de vivienda de Sánchez no debería limitarse a discutir una ley concreta. La cuestión de fondo es si, después de ocho años, la política pública ha conseguido aumentar suficientemente la oferta y contener la creciente dificultad de acceso a la vivienda.
Los datos disponibles muestran que el problema sigue abierto.
4. Inmigración: no basta con contar llegadas
La inmigración exige todavía más precisión.
No es correcto afirmar que todos los indicadores hayan empeorado durante el periodo. De hecho, las entradas irregulares descendieron de 64.019 en 2024 a 36.775 en 2025, una reducción del 42,6 %. Sin embargo, las llegadas terrestres a Ceuta y Melilla aumentaron un 45,4 %, y las entradas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares crecieron un 4,3 %.
Esto obliga a distinguir entre el volumen global de entradas y la capacidad del Estado para responder a episodios concretos de presión migratoria.
La cuestión política no es estar «a favor» o «en contra» de la inmigración. Es evaluar la capacidad del Estado para anticipar, gestionar y absorber situaciones extraordinarias, incluyendo fronteras, asilo, retornos, menores no acompañados y distribución territorial.
Ahí es donde la crisis de Ceuta adquiere una importancia especial.
5. Ceuta y el criterio de mando
Sánchez sí acudió a Ceuta tras la crisis. El 31 de julio de 2026 se desplazó personalmente a la ciudad, se reunió con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades locales y los responsables de los dispositivos de atención, y realizó posteriormente una declaración institucional.
Por tanto, la crítica no debería consistir en afirmar que «Sánchez estaba de vacaciones mientras Ceuta ardía».
La cuestión es otra: qué grado de intervención personal debe asumir un presidente cuando una crisis extraordinaria continúa durante semanas y afecta directamente a la frontera y a la capacidad de respuesta del Estado.
Aquí aparece un rasgo que merece analizarse con más profundidad: la tendencia a gestionar determinadas crisis mediante la acción ministerial, la negociación política y el ciclo informativo, en lugar de convertirlas inmediatamente en una prioridad presidencial permanente.
La pregunta relevante no es, por tanto, cuántos días estuvo Sánchez de vacaciones, sino qué acontecimientos obligan al presidente a alterar por completo su agenda y asumir personalmente el mando político de la respuesta.
6. Educación: un resultado que no permite triunfalismos
La educación debe incorporarse al balance, aunque aquí la responsabilidad del Gobierno central está necesariamente compartida con las comunidades autónomas.
Los resultados de PISA 2025 muestran que los estudiantes españoles obtuvieron 451 puntos en lectura y 457 en matemáticas, frente a 461 y 463, respectivamente, en la media de la OCDE. La OCDE señala además que los resultados españoles de 2025 fueron inferiores a los de 2022 en matemáticas y lectura y que se encuentran entre los más bajos observados en España.
Estos datos no permiten afirmar que la LOMLOE haya causado el deterioro. Sería una inferencia que los datos no demuestran y, además, el descenso educativo afecta a numerosos países.
Pero sí permiten formular una conclusión más limitada: ocho años de política educativa no han resuelto los problemas estructurales de rendimiento que muestran los datos internacionales.
Y eso importa porque una política pública no debe juzgarse únicamente por sus intenciones legislativas, sino también por sus resultados observables.
7. El problema de fondo: la falta de anticipación
Aquí aparece quizá la crítica más profunda al periodo Sánchez.
La vivienda no surgió de repente. Tampoco el envejecimiento demográfico, la baja natalidad, la presión sobre determinadas fronteras, los problemas de rendimiento educativo o la escasez de vivienda social.
Todos estos fenómenos podían observarse mucho antes de convertirse en crisis políticas.
Por eso cabe plantear una hipótesis sobre estos ocho años: ¿ha existido demasiado peso de la política de agenda inmediata frente a la política estructural de largo plazo?
Gobernar exige responder a las crisis que aparecen cada semana. Pero también exige actuar sobre problemas cuyos efectos políticos tardarán diez o veinte años en manifestarse.
La diferencia entre ambas formas de gobernar puede ser decisiva para evaluar un mandato largo.
8. El Sáhara: un ejemplo de concentración de la decisión
La política española respecto al Sáhara Occidental encaja en esta misma discusión, aunque desde otra perspectiva.
La cuestión no consiste necesariamente en determinar si la nueva posición española era correcta o incorrecta. Eso pertenece a otro debate.
Lo relevante para este análisis es cómo se adoptó y comunicó una modificación histórica de la posición española: una decisión impulsada desde la Presidencia del Gobierno, con escasa deliberación pública previa y cuya existencia trascendió inicialmente a través de la comunicación marroquí.
El caso resulta relevante porque concentra tres elementos que aparecen en otros episodios: decisión muy centralizada, explicación política posterior y escasa deliberación pública previa.
Eso no demuestra por sí mismo que la decisión fuera ilegítima. Sí plantea una cuestión sobre el estilo de ejercicio del poder: cuánto espacio queda para el Parlamento, para la opinión pública y para la deliberación institucional cuando la Presidencia considera que una decisión estratégica debe tomarse con rapidez.
9. La contradicción política como método
Algo parecido ocurre con los indultos, la amnistía y otras rectificaciones programáticas.
Llamarlas simplemente «mentiras» resulta demasiado pobre desde el punto de vista analítico. Hay una cuestión más interesante: la capacidad del Gobierno de modificar posiciones que anteriormente había defendido con intensidad sin que esa contradicción le impida seguir justificando la nueva posición.
El fenómeno puede observarse en distintas decisiones adoptadas durante estos años: posiciones inicialmente rechazadas que posteriormente han pasado a considerarse necesarias para alcanzar determinados objetivos políticos.
Eso no demuestra necesariamente ausencia de principios. La política democrática permite cambiar de opinión y modificar decisiones cuando cambian las circunstancias.
El problema aparece cuando los argumentos utilizados para justificar una posición presente entran en contradicción directa con los límites que el propio dirigente había proclamado anteriormente.
En ese punto surge una cuestión de coherencia política.
10. De los principios a los fines
No puede afirmarse que Sánchez carezca de principios morales. Eso sería atribuirle una característica personal que no puede demostrarse objetivamente.
Lo que sí puede analizarse es un patrón de razonamiento político en el que la legitimidad de determinadas decisiones se justifica fundamentalmente por el fin que pretenden alcanzar: estabilidad, convivencia, normalización de Cataluña, evitar una determinada alternativa de gobierno o mantener una mayoría parlamentaria.
Desde esta perspectiva, el problema no sería exactamente el relativismo moral, sino la creciente instrumentalización de los principios políticos.
Una posición que ayer era presentada como un límite puede convertirse mañana en una herramienta legítima si las circunstancias políticas cambian. El argumento pasa entonces de «esto no puede hacerse» a «en estas circunstancias es necesario hacerlo».
La cuestión democrática de fondo no es impedir que un gobernante cambie de opinión. Es preguntarse cuánto puede cambiar un gobernante sus propios límites declarados antes de que la ciudadanía deje de considerar creíble su palabra.
Conclusión: ocho años cambian la naturaleza del juicio político
La crítica a Sánchez no necesita descansar en la idea de que todo lo que ha ocurrido durante su Gobierno sea responsabilidad suya, ni en la acumulación indiscriminada de escándalos.
Su caso resulta políticamente más interesante por otra razón.
Después de ocho años, ya es posible analizar conjuntamente el funcionamiento institucional, los resultados de las políticas públicas, la gestión de las crisis y la coherencia entre las posiciones defendidas y las decisiones adoptadas.
En algunos ámbitos existen resultados positivos y problemas que no pueden atribuirse exclusivamente al Gobierno central. En otros, los datos muestran problemas que permanecen abiertos o incluso se han agravado. Y en el terreno institucional, distintos organismos y actores han expresado preocupación por la independencia o la calidad de determinados contrapesos.
Todo ello permite formular una pregunta más seria que la simple acusación partidista:
¿Ha construido Sánchez un modelo de gobierno capaz de transformar los problemas estructurales de España, o ha desarrollado sobre todo una extraordinaria capacidad para sobrevivir políticamente a ellos?
El problema ético aparece cuando el fin presente reinterpreta retrospectivamente los límites proclamados anteriormente.
¿Cuánto espacio queda para el Parlamento, para la opinión pública y para la deliberación institucional cuando la Presidencia considera que una decisión estratégica debe tomarse con rapidez? #PedroSánchez Compartir en X
