La violencia empieza mucho antes de la primera piedra. Empieza cuando el poder político deja de considerar legítimo al adversario y lo transforma en enemigo. Cuando ya no hay una oposición con derecho a gobernar, sino una amenaza fascista que hay que impedir. Entonces, cualquier medio se vuelve justificable en nombre de una causa supuestamente superior.
Esta es la gran responsabilidad histórica del sanchismo: haber convertido la deslegitimación del adversario en el principio ordenador de su cultura política. Y una parte de sus aliados ha ido todavía más lejos.
Del País Vasco a Galicia: las señales de alarma
En el País Vasco, el rebrote de la violencia de sectores de la izquierda abertzale ha dejado de ser una cuestión marginal. La competencia entre las juventudes próximas a Bildu y los grupos situados más a la izquierda ha favorecido una radicalización inquietante. El 20 de octubre, dos presuntos integrantes de Jardun Koordinadora ingresaron en prisión provisional, acusados de terrorismo. La investigación incluye información sobre policías y antiguos escondites de armas de ETA. Todavía no hay condena, pero la advertencia es suficientemente grave.
En Galicia, las protestas contra los actos de Vox han desembocado en enfrentamientos violentos. En A Coruña, el 21 de octubre, una movilización en la que participaban organizaciones como Galiza Nova, vinculada al BNG, terminó con tres detenidos y trece agentes de policía heridos. La protesta pacífica es un derecho; impedir por la fuerza la actividad política del adversario, no.
La tensión se ha extendido a otras ciudades. Interior ha tenido que trasladar unidades antidisturbios de Ceuta y Melilla a la península. Una medida que expresa hasta qué punto la violencia política se ha convertido en una preocupación de primer orden.
Barcelona: la capital de la impotencia
Y llegamos a Barcelona, el gran feudo socialista de Sánchez, Illa y Collboni.
El sábado 24 de octubre, cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, convirtieron el centro de la ciudad en un escenario de guerrilla urbana, siguiendo una convocatoria difundida en las redes sociales e inspirada en las protestas francesas.
El balance actualizado es extraordinario: 128 detenidos, 72 menores, 23 comercios saqueados o vandalizados, 33 intervenciones de los bomberos por incendios y 15 policías heridos, cuatro de ellos con lesiones graves.
El número de detenidos es especialmente grave: sobre una concentración estimada de unos 500-600 participantes, representa una proporción extraordinariamente elevada. No era una manifestación ordinaria.
Motos y bicicletas quemadas, barricadas, marquesinas destrozadas, escaparates reventados y establecimientos saqueados. Todo en el corazón comercial de Barcelona, en plena tarde de sábado.
El dispositivo movilizó a más de 220 agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. Practicaron numerosas detenciones, pero no pudieron impedir que pequeños grupos muy móviles extendieran los destrozos durante horas.
El Gremio de Restauración ha denunciado una valoración incorrecta del riesgo y una respuesta policial insuficiente. La convocatoria era conocida. El lugar y la hora también. ¿Qué falló?
Los violentos actuaban a la francesa, pero la policía tenía que responder con las limitaciones del modelo catalán del siglo XXI, sin pelotas de goma y con unos recursos operativos que no consiguieron garantizar la seguridad.
Los delincuentes ya no parecen tener miedo de la policía. Y cuando esa percepción arraiga, la fuerza pública pierde una parte decisiva de su capacidad disuasoria.
Illa y Collboni han condenado los hechos. Muy bien. Pero los comerciantes no necesitan principalmente condenas pronunciadas ante los micrófonos. Necesitan que sus establecimientos no sean saqueados.
A la larga lista de insuficiencias de los gobiernos de Illa y Collboni hay que añadir una cuestión capital: el orden público y la seguridad ciudadana.
Sánchez y la democracia de Carl Schmitt
Mientras tanto, Sánchez sigue alimentando la confrontación.
En una extensa entrevista publicada por El País este domingo 25, afirma que la condena de su hermano y el procesamiento de su esposa representan una transgresión de las líneas rojas de la democracia. Su inocencia, sostiene, es indiscutible.
Es legítimo defender a los familiares. Pero resulta institucionalmente inquietante que el presidente convierta una discrepancia con la justicia en una supuesta vulneración democrática.
No es un episodio aislado. Sánchez ha contrapuesto reiteradamente la voluntad de la calle a las decisiones parlamentarias. Ahora sostiene que un Gobierno alternativo del PP y Vox no sería una alternancia democrática, sino un retroceso de cincuenta años.
El problema ya no es discrepar sobre políticas. Es negar al adversario la normalidad de la alternancia.
El jurista Juan José López-Burniol acaba de publicar en Vozpópuli un artículo revelador: «La democracia según Pedro Schmitt».
En él expone la afinidad entre determinadas prácticas del sanchismo y la concepción política de Carl Schmitt, el jurista alemán que contribuyó doctrinalmente al ascenso del nazismo.
Para Schmitt, la política se fundamenta en la distinción entre amigo y enemigo. El pueblo, interpretado por el dirigente, se impone a los límites parlamentarios. El Ejecutivo se presenta como la expresión superior de la voluntad popular.
No se trata de identificar dos regímenes históricamente diferentes. Se trata de reconocer una lógica política peligrosamente parecida.
La división permanente como sistema
La entrevista de Sánchez es un buen catálogo de esta manera de gobernar. La corrupción de Ábalos es un error que no supo detectar; Leire Díez es completamente ajena al PSOE; Zapatero sigue siendo un activo del partido; la inflación se explica casi íntegramente por la guerra de Irán; sobre Ceuta, evita una respuesta concluyente ante las sospechas de intervención marroquí.
Y, con la ley de los nietos, contrapone a los descendientes del exilio republicano con quienes denomina nietos del régimen franquista, que son los que viven en España. Incluso la ciudadanía se divide en dos genealogías moralmente enfrentadas.
No sostengo que Sánchez haya organizado los disturbios de Barcelona, que no tienen una motivación partidista demostrada. Sostengo algo distinto y políticamente más profundo: una cultura de deslegitimación del adversario, de confrontación permanente y de debilidad de la autoridad crea un terreno favorable para que la violencia se normalice.
Cuando el poder enseña que el otro no es un adversario legítimo, sino un enemigo al que hay que derrotar a cualquier precio, siempre acaba apareciendo alguien dispuesto a interpretarlo literalmente.
Este es el fruto envenenado del sanchismo. Y lo peor es que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar.
Primero se deslegitima al adversario. Luego se le convierte en enemigo. Por último, alguien interpreta que todo vale. La violencia comienza mucho antes de la primera piedra. Compartir en X
