La visita del Papa a Cataluña tiene una singularidad extraña. Despierta entusiasmo popular, expectación internacional y una movilización espontánea considerable, pero la Iglesia catalana parece vivirla con una suerte de prudencia administrativa, casi funcionarial, como si el exceso de fervor fuera una incomodidad logística. Es una situación curiosa.
El Papa llega a Barcelona y a Montserrat, inaugura las torres de Jesucristo de la Sagrada Familia —una operación simbólica de dimensiones colosales— y, sin embargo, la sensación general es que la institución eclesial hace más esfuerzos por contener a la multitud que por convocarla.
En Madrid, cuando existe una gran concentración católica, las diócesis juegan fuerte. Movilizan parroquias, llenan calles, organizan pantallas gigantes, autobuses, voluntarios, banderas y entusiasmo. En Barcelona, no. Aquí predomina el perfil discreto, la prudencia extrema, el “no molestar a nadie”, especialmente a los poderes políticos y económicos. Es otra cultura. Una cultura eclesiástica basada en una moderación que, llevada al extremo, acaba siendo otra cosa.
La cuestión se ve claramente con el aforo de la Sagrada Família. Era evidente que el templo no podría absorber toda la demanda. Pero esto no impedía convertir el entorno urbano en una gran celebración popular: pantallas, convocatorias abiertas, presencia masiva en las calles. Después de todo, el acto principal es exterior: la inauguración de las grandes torres dedicadas a Jesucristo. Habrá mucha gente, sin duda, pero más por la fuerza magnética del Papa y Gaudí que por una voluntad explícita de movilización eclesial.
Es aún más revelador el gran acto de Montjuïc.
El escenario escogido es el Estadi Olímpic, con capacidad para 36.000 personas. La cifra, así presentada, parece considerable. Pero, observada con algo de perspectiva, resulta más bien diminuta.
Si tomamos solo los contribuyentes que marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta, ese aforo representa aproximadamente el 7,2% de la provincia de Barcelona y el 5,4% de Cataluña. Si el cálculo se limita estrictamente a la ciudad de Barcelona, sigue siendo modesto. Y si se compara con los católicos practicantes —quienes van a misa semanalmente o al menos con cierta regularidad—, el porcentaje se vuelve aún más insignificante.
Es decir, el Papa viene a Cataluña, pero su presencia se convierte prácticamente en un privilegio restringido.
Además, la organización ha contribuido a acentuar esa sensación. Inscripciones a través de una web poco amigable, un plazo muy limitado, máximo de cuatro entradas por persona y agotamiento casi inmediato de las plazas. El resultado ha sido una frustración considerable entre mucha gente que sencillamente quería participar. La prudencia ha terminado convirtiéndose en exclusión.
Naturalmente, se invoca la seguridad. Siempre la seguridad.
Pero la pregunta es inevitable: ¿alguien cree en serio que quien quiera provocar un altercado o un atentado se inscribirá con su DNI auténtico y su nombre real? La seguridad es necesaria, evidentemente, pero convertida en argumento universal acaba siendo una coartada para limitar lo que incomoda: la manifestación pública y masiva del hecho religioso.
Y es aquí donde la visita papal conecta con otra realidad barcelonesa muy significativa: la política silenciosa de eliminación de las referencias cristianas del espacio público impulsada por el gobierno de Jaume Collboni.
No se trata de grandes ofensivas ideológicas como las de la época Colau. Collboni es más hábil, más discreto, más administrativo. Pero el resultado es similar. Lentamente, con operaciones aparentemente menores, Barcelona va eliminando de su paisaje simbólico nombres y referencias vinculadas a la tradición cristiana.
El caso más reciente es el de la plaza de Sant Josep de Calassanç, en el distrito de Sant Martí. La propuesta municipal pretende sustituirla por “plaça de les Tortugues”. Oficialmente, se trata de un homenaje a una memoria popular del barrio. Pero lo sustancial es otro: desaparece del nomenclátor el nombre de un santo profundamente vinculado a la tradición educativa barcelonesa y a las Escuelas Pías.
Paralelamente, sigue apareciendo periódicamente la idea de sustituir la plaza Urquinaona por el nombre de Ferrer i Guardia. El detalle no es menor. Urquinaona es un obispo popular, arraigado en la memoria histórica de Barcelona. Ferrer i Guardia, en cambio, remite inevitablemente al anticlericalismo militante y, sobre todo, al nombre que la plaza ya tuvo durante la Guerra Civil, en 1937.
Todo esto no es casual. Es una orientación política coherente: reducir progresivamente la presencia pública del cristianismo en Barcelona. Sin grandes discursos ni estridencias, pero de forma constante. Sin pesebre en la plaza Sant Jaume, sin referencias a la misa de la Mercè, con la sustitución de nombres de santos por denominaciones desvinculadas de la historia espiritual de la ciudad.
Y ante esto, el silencio eclesiástico es absoluto.
Pero este silencio no afecta solo a cuestiones de naturaleza estrictamente religiosa. Tampoco ha habido una reacción pública significativa ante el caso de Noelia —la joven de veinticinco años tutelada por la Generalitat desde los trece que acabó muriendo por eutanasia—, algo que incluso fue celebrado institucionalmente por el presidente Illa. Tampoco ha habido una respuesta de fondo ante el programa Coeduca’t ni una confrontación seria con la negativa del Govern a desplegar ayudas familiares aprobadas por el Parlament.
Y, mientras, los obispos catalanes ofrecen terrenos e inmuebles a la Generalitat para políticas de vivienda. El mundo al revés: una Iglesia que parece más preocupada por no incomodar el poder que por defender su propia presencia cultural, moral y espiritual.
Quizá sea prudencia. Pero llega un momento en el que la excesiva prudencia se convierte en una forma sofisticada de desaparición.
Quizá sea prudencia. Pero llega un momento en el que la excesiva prudencia se convierte en una forma sofisticada de desaparición. #Iglesia #Papa #Barcelona Compartir en X
