El gobierno de Salvador Illa ha vuelto de vacaciones con una abundancia de cifras que contrasta con la escasez de respuestas convincentes a los problemas cotidianos. Miles de millones, planes de transformación y horizontes lejanos llenan el discurso presidencial.
El exceso de un encarto de 54 páginas en La Vanguardia, ¡54!, es una clara constatación. Pero la gestión se juzga con otra contabilidad: servicios que funcionan, obras terminadas, viviendas disponibles y responsabilidades asumidas.
La contradicción atraviesa las primeras semanas de septiembre. La Generalitat presenta el futuro como una obra en marcha mientras el presente acumula averías. Anunciar recursos es fácil; convertirlos en resultados exige capacidad de gobierno. Es precisamente esa capacidad la que los hechos ponen en cuestión.
Los anuncios de Illa: muchos millones, poca concreción inmediata
El plan de climatización escolar resume el problema: 2.500 millones para actuar en 2.530 centros públicos en cinco años. Sin embargo, la primera fase concreta abarca 100 centros, con 100 millones y finalización prevista en el verano de 2028: aproximadamente el 4% del total. Para extenderlo, el Govern espera que los ayuntamientos avancen dinero, con retornos hasta el 2037.
La pregunta es elemental: ¿qué parte del compromiso dispone hoy de financiación, calendario ejecutable y responsables identificados?
Un municipio con recursos puede adelantar una inversión; otro, ahogado financieramente, difícilmente lo hará. Un anuncio nacional puede acabar produciendo una desigual respuesta territorial.
El futuro permite sumar cantidades espectaculares. El presupuesto presente obliga a elegir, contratar y pagar. Esta es la distancia que la propaganda tiende a borrar.
Educación: después del mal resultado, la pérdida de la evaluación
El caso PISA es mayor. Según la OCDE, Cataluña excluyó de las pruebas de 2025 al 23,2% del alumnado seleccionado, frente al 5,6% de 2022. El organismo no publica por separado los resultados catalanes y advierte de que unas exclusiones tan elevadas probablemente inflan las puntuaciones.
Después del descenso de 2022, el país necesitaba saber si había corregido el rumbo. Ahora pierde esta comparación esencial.
El fracaso afecta también a la Administración encargada de medir los resultados y orientar las decisiones.
Los relevos administrativos no zanjan la cuestión. Hay que explicar cómo se permitió el fallo, quién debía supervisar el proceso y qué garantías impedirán que vuelva a repetirse. Sin una evaluación fiable, cada consejería puede proclamar el éxito de sus reformas sin haberlo demostrado.
Rodalies y vivienda: la vida cotidiana desmiente el relato
En Rodalies, agosto fue el mejor mes del año: el 52,9 % de los trenes cumplió el horario según el indicador que considera desviaciones de hasta tres minutos en las estaciones del recorrido. Hay que distinguirlo de la llegada a destino: el 94,4 % llegó con menos de cinco minutos de retraso. La mejora existe, pero el cumplimiento regular durante el trayecto sigue siendo insuficiente.
Los usuarios necesitan conexiones fiables para llegar al trabajo, estudiar o acudir a una visita médica. Los anuncios de traspasos deben traducirse en esa fiabilidad.
Repartir responsabilidades entre Generalitat, Renfe y Adif no resuelve nada si nadie garantiza el funcionamiento del conjunto.
En vivienda, el Colegio Notarial documenta otra contradicción: durante el primer semestre de 2026, las compraventas bajaron un 6,8 %, pero el precio medio por metro cuadrado aumentó un 7%, hasta los 2.480 euros. Menos operaciones no han comportado precios más bajos.
Mientras tanto, Barcelona prepara con CCOO y UGT 1.500 viviendas protegidas en diez años: una media de 150 anuales. La utilidad para los adjudicatarios es evidente; la distancia respecto a la magnitud del problema, también.
Los planes deben contabilizarse con llaves entregadas, no con convenios firmados.
Financiación e industria: más recursos no equivalen a más control
La Generalitat calcula que el nuevo modelo de financiación aportaría 4.686 millones adicionales, un 13,35 % más. Es una mejora relevante. Pero la arquitectura presentada continúa situada en el régimen común: aumentan las participaciones tributarias y se redistribuyen recursos entre comunidades. Presentarla como la consecución de un sistema catalán propio confunde la promesa política con el resultado.
La incertidumbre sobre la continuidad de la marca Seat expresa otra dependencia. El riesgo industrial exige distinguir la marca, la fábrica y los centros de decisión. La política industrial debe defender la producción, la tecnología y el empleo cualificado, con compromisos verificables.
Gobernar exige ejecutar y responder
La Cámara de Contratistas aporta un dato importante: en el primer semestre quedaron desiertas 192 obras o lotes en Cataluña. De estas, 58 correspondían a la Generalitat y sus organismos, por un importe de 14,24 millones de euros.
Aquí el problema ya no es anunciar dinero: es conseguir que las actuaciones presupuestadas encuentren adjudicatario.
La dimisión de Josep Lluís Trapero, apuesta personal de Illa para dirigir la policía, añade una ruptura a la promesa de estabilidad. Tampoco la continuidad institucional se garantiza con un discurso.
Cataluña necesita un Govern que explique qué termina, qué mejora y de qué responde. Illa debe rendir cuentas del presente. Cada nuevo anuncio aumenta esta obligación; no la aplaza.
Salvador Illa debe rendir cuentas del presente. Cada nuevo anuncio aumenta esta obligación; no la aplaza. #SalvadorIlla #GovernGeneralitat Compartir en X
