España vive un verano marcado por los incendios forestales. No se trata de un verano excepcional por el número de hectáreas quemadas, sino de una demostración de imprevisión, deficiencias operativas y falta de capacidad de dirección. Ese mismo diagnóstico puede aplicarse al otro gran asunto del día: si en España arden los bosques, en Catalunya arde la credibilidad del Gobierno de la Generalitat.
Lo sucedido con las pruebas PISA 2025, cuyos resultados han de publicarse el 8 de septiembre, constituye un escándalo de repercusión internacional. No bastaría con el cese de la consejera de Educación, Esther Niubó, y de los altos cargos responsables. Salvador Illa también debe responder, porque el resultado objetivo de lo ocurrido es que Catalunya se quedará sin una evaluación educativa comparable precisamente cuando más necesitaba conocerla.
Los resultados de PISA 2022, publicados en diciembre de 2023, fueron desastrosos: 469 puntos en matemáticas, 462 en comprensión lectora y 477 en ciencias. Catalunya quedó por debajo de la media española en las tres competencias y situada en el furgón de cola autonómico. Aquello provocó una enorme conmoción y una batería de anuncios que, vistos los acontecimientos, parecen haber sido poco más que un ejercicio cosmético.
La nueva edición debía permitir comprobar si el sistema educativo catalán había iniciado la recuperación o seguía en declive. Conoceremos las puntuaciones, pero no podrán compararse con las de otros países, comunidades autónomas ni con las de ediciones anteriores. La muestra catalana ha perdido su representatividad estadística y, con ella, gran parte del valor del estudio.
Los hechos resultan difíciles de explicar. De los aproximadamente 2.500 alumnos de 15 años seleccionados en 51 centros, fueron excluidos 591, el 23,2 %, cuando la OCDE recomienda que las exclusiones no superen el 5 %. Seis quedaron fuera por discapacidad física, 92 por dominio insuficiente de la lengua y nada menos que 493 por algún tipo de discapacidad cognitiva, emocional o conductual. El Departamento de Educación admite que desconoce en qué punto del proceso se produjo el error.
La prueba se realizó entre marzo y mayo de 2025. La Generalitat conoció la desviación en marzo de 2026, pero no la hizo pública hasta el pasado 24 de julio. Durante todo ese tiempo intervinieron el Consejo Superior de Evaluación, el Ministerio, la nueva Agencia de Evaluación y la propia OCDE, sin que, por ahora, nadie haya explicado cómo desaparecieron estadísticamente casi 600 alumnos.
Las incógnitas son inevitables. ¿La muestra inicial era realmente representativa del alumnado catalán? Si lo era, excluir a 92 adolescentes porque a los 15 años no dominaban suficientemente la lengua no elimina una anomalía: elimina precisamente uno de los fenómenos que las pruebas deben medir. La dificultad lingüística forma parte de la realidad del sistema educativo; no es un accidente ajeno a él.
Todavía resulta más inquietante la exclusión de 493 alumnos por supuestas discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales. ¿Cuántos correspondían a cada categoría? ¿Qué se entiende exactamente por discapacidad emocional? ¿Qué conducta justifica excluir a un alumno? ¿Quién tomó esa decisión y con qué informes? Agrupar realidades tan distintas bajo una misma etiqueta constituye la mejor manera de no explicar nada.
En veinticinco años de PISA se han producido aplazamientos e invalidaciones parciales —España no publicó inicialmente los resultados de comprensión lectora de 2018—, pero la exclusión de todo un territorio del informe comparativo es extraordinariamente infrecuente. La Generalitat niega cualquier manipulación u ocultación. Hoy no existen pruebas públicas suficientes para sostener que hubo una operación deliberada. Pero el efecto objetivo es un auténtico apagón estadístico que impide saber si Catalunya ha mejorado o ha vuelto a fracasar.
Cuando un error extraordinario produce precisamente el resultado políticamente más conveniente —evitar una comparación potencialmente desastrosa—, la sospecha deja de ser una extravagancia para convertirse en una exigencia de control parlamentario.
Illa debe comparecer, explicar lo sucedido, publicar toda la documentación y ordenar una investigación verdaderamente independiente. El cese de algunos cargos no bastaría para depurar su responsabilidad política.
El segundo ejemplo de esta avería permanente es Rodalies. Han transcurrido seis meses desde la crisis desencadenada tras el accidente mortal de Gelida. Hubo ceses, reuniones, planes de emergencia y promesas de coordinación. El balance vuelve a ser el de siempre: trenes detenidos y pasajeros abandonados.
La semana pasada las líneas R2, R2 Nord y R11 quedaron interrumpidas por el socavón de Vallbona. El sábado también se suspendió la circulación de la R3 por un fallo en el sistema de regulación del tráfico ferroviario. Los servicios comenzaron a recuperarse el domingo, pero la sucesión de incidencias demuestra que el problema sigue intacto. El propio Ministerio ha reconocido deficiencias de coordinación y de mantenimiento.
Mientras tanto, el Govern presenta como un éxito el supuesto traspaso de Rodalies mediante una empresa participada en un 50,1 % por Renfe y un 49,9 % por la Generalitat, que no será plenamente operativa hasta 2027. El cambio más visible consiste, por ahora, en disponer de más responsables para explicar por qué los trenes continúan sin funcionar.
Y todavía queda el tercer gran escándalo: la protección de los menores tutelados, sus implicaciones económicas y los posibles abusos sexuales que no habrían recibido una respuesta adecuada, como denunció la víctima del caso Noelia. La gravedad de ese asunto merece un análisis específico y detallado, porque afecta al deber más elemental de cualquier administración: proteger a quienes se encuentran bajo su tutela.
Educación, transporte y protección de menores. Tres pilares esenciales de cualquier gobierno. Tres ámbitos en los que el Ejecutivo de Salvador Illa acumula crisis, explicaciones insuficientes y una creciente pérdida de credibilidad. La avería ya no afecta únicamente a un servicio público concreto; amenaza con convertirse en el rasgo definitorio de una forma de gobernar.
¿Cuántas averías institucionales más hacen falta para que la sociedad catalana diga basta?
Catalunya quedará fuera de la comparación internacional de PISA 2025 después de excluir al 23,2% de los alumnos de la muestra. Illa debe explicar cómo desaparecieron estadísticamente 591 estudiantes. #PISA #Catalunya Compartir en X
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