El escándalo de las pruebas PISA no puede despacharse con el anuncio de una investigación interna y la promesa de que no volverá a ocurrir. Solo faltaría que se repitiera algo tan vergonzosamente extraordinario.
Catalunya ha quedado fuera del informe PISA 2025 porque excluyó de la muestra a un 23,2% de los alumnos, casi cinco veces más que el máximo del 5% establecido por la OCDE. De los aproximadamente 2.500 estudiantes seleccionados, solo 1.909 realizaron la prueba. La alteración supera ampliamente la registrada por cualquier país en toda la historia de estas pruebas. ¿Y se atreven a responder que no volverá a ocurrir? ¿Qué promesa es esta? ¿La del estafador que asegura que no lo volverá a hacer? La respuesta es tan escandalosa como lo sucedido.
En consecuencia, los resultados catalanes no podrán compararse ni con los de otros territorios ni con los de las ediciones anteriores.
La Generalitat lo califica de «incidencia técnica». Pero el Ministerio de Educación afirma que en abril de 2025 ya advirtió a los responsables catalanes de que la tasa de exclusión era anormalmente elevada. Cuesta aceptar, por tanto, que nos encontramos ante una distracción administrativa sobrevenida.
Ha habido una cadena de negligencias, carencia de control y ocultación política. Y cuando lo que desaparece es el principal instrumento internacional para medir el estado de la educación catalana, la irresponsabilidad es enorme.
Pero ni siquiera es suficiente con aclarar responsabilidades e impedir que el engaño se repita. PISA es el síntoma de una crisis mucho más profunda: la de un sistema que ha ido sustituyendo la exigencia por el conformismo, el conocimiento por la retórica pedagógica y la igualdad de oportunidades por el igualitarismo de los resultados… a la baja.
El modelo actual concentra una parte creciente de los esfuerzos del profesorado en los alumnos con problemas graves de conducta o de aprendizaje, mientras deja en segundo término a aquellos que aprovechan las clases, quieren progresar y podrían llegar más lejos. La atención a los alumnos con dificultades es una obligación moral y educativa. Pero esa obligación no puede significar abandonar al resto ni destruir la capacidad de aprendizaje del aula.
La inclusión es un principio si dispone de recursos, personal especializado, itinerarios diferenciados y normas claras. Se convierte en una mala política cuando consiste simplemente en mantener a todos en la misma aula, aunque el profesor dedique más tiempo a conservar un orden precario que a enseñar.
Sin disciplina no hay clase; sin clase no existe conocimiento, y sin conocimiento la inclusión es solo una palabra tranquilizadora.
La inmigración masiva, cuando no va acompañada de los recursos necesarios, multiplica estas dificultades: incorporaciones en el curso, desconocimiento de las lenguas, grandes diferencias de nivel y concentración de complejidad en determinados centros. Señalarlo no significa culpar a los alumnos inmigrantes, sino exigir al Gobierno que deje de negar la realidad y adecue los medios educativos a la magnitud del cambio demográfico.
Por eso no es suficiente con reclamar más gasto. Si aumentan los recursos y empeoran los resultados, cabe preguntarse en qué se gastan, con qué objetivos y con qué evaluación. El indicador decisivo no es el presupuesto, sino el progreso real en matemáticas, comprensión lectora, lenguas, ciencias, cultura general y capacidad de razonamiento.
Catalunya necesita un proyecto educativo centrado en los conocimientos, en la formación del carácter y en la educación en las virtudes que lo hacen posible: esfuerzo, constancia, responsabilidad, respeto, autodominio y voluntad de superación. También necesita políticos honestos y valientes, capaces de enfrentarse a los intereses corporativos y a determinados sindicatos cuando éstos contribuyen a perpetuar los defectos del sistema.
Hay que decirlo claramente: para una parte de la política educativa parece más importante fabricar alumnos ideológicamente homologados -feministas, multiculturalistas o activistas LGBTIQ+- que conseguir que dominen las matemáticas, las lenguas o los fundamentos de la física y la química. La escuela debe educar en el respeto a todos, pero no convertirse en un aparato de construcción ideológica.
Mientras tanto, Catalunya queda cada vez más retrasada respecto a Europa, y Europa pierde terreno frente a Asia. Allí, familias, escuelas y alumnos no tienen como único objetivo pasar de curso, sino alcanzar la excelencia. Nosotros hemos desacreditado el mérito hasta el punto de presentarlo como injusticia.
Necesitamos un sistema meritocrático, acompañado de una igualdad de oportunidades efectiva, que identifique e impulse a los mejores sin abandonar a nadie. Las familias también deben exigir más: no una nota regalada, sino una escuela que enseñe bien y haga progresar a sus hijos.
Tras PISA, las pruebas elaboradas y controladas íntegramente por la propia administración educativa han perdido toda credibilidad. La evaluación debe corresponder a organismos independientes y externos. La crisis escolar es ya una crisis del sistema político y de la propia sociedad catalana. No podemos seguir engañándonos. Nos va el futuro del país.
Tras el escándalo de PISA, sólo las evaluaciones realmente independientes pueden recuperar la confianza ciudadana. Va el futuro del país. #Catalunya #Enseñanza Compartir en X
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