El proceso de desescalada que se ha iniciado en una parte de España y también en la parte menos poblada de Cataluña, que acoge el 10% de la población, está siendo presentado de manera reiterada por el gobierno y los medios de comunicación afines como de exclusiva responsabilidad de los ciudadanos, en el sentido de que, si no mantienen las medidas de seguridad establecidas, se puede producir una marcha atrás.
Este es un hecho evidente, pero por sí solo no garantiza el resultado porque hay una dimensión fundamental que el gobierno español oculta como consecuencia del insuficiente número de pruebas de contagio llevadas a cabo y el secretismo oficial que impera sobre estas y su distribución territorial.
Este es un hecho decisivo porque el problema del coronavirus SAR-COD-2 es la presencia de portadores asintomáticos, ligada a que la enfermedad se transmite antes de presentar síntomas. Este hecho provoca que haya un número desconocido de personas en el país que aunque sean portadoras no tengan conciencia de ello y vayan diseminando su carga viral. Los ejemplos son múltiples. Sería el caso del taxista o conductores de automóviles de alquiler, portadores sin síntomas que estarían transmitiendo sus virus en el interior de su vehículo, sin saberlo, sencillamente porque el gobierno no ha adoptado ninguna medida para identificar estas personas.
La única respuesta válida es la que precisamente el gobierno no está aplicando y que se concentra en dos palabras que no dejan de reiterarse hasta el infinito: «test, test, test» y «datos, datos, datos» para que nos indiquen quiénes son, dónde están y cómo se han movido los portadores, para poder intervenir rápidamente para romper la cadena de contagio. Cuanto más rápida es esta intervención, cuanto más se produce en tiempo real, más control se tiene sobre la pandemia, y eso es lo que no hace el gobierno.
Por ejemplo, si en Barcelona se detectan nuevos casos, hay que saber inmediatamente dónde viven, dónde han estado a lo largo de estos días y rastrear los contactos. De este modo confinan a personas o grupos de población concretos (un pueblo, un barrio, una escalera), y se evita la brutal distorsión del enfoque español sobre la economía del confinamiento de grandes territorios. Esta es la gran responsabilidad del gobierno español que no cumple a pesar de que es consciente de su omisión.
Es tan consciente de ello que continuamente pretende dar gato por liebre a la opinión pública, presentándose como uno de los gobiernos del mundo que más pruebas ha hecho. Ya lo hizo cuando el ministro de Salud, Salvador Illa, y luego el presidente Sánchez, anunciaron que, de acuerdo con los datos de la OCDE, éramos el séptimo país del mundo en número de test per cápita realizados, cuando en realidad se descubrió que había habido una manipulación y que una vez depurados los datos cayeron hasta el lugar decimoséptimo.
El gobierno Sánchez continúa dando gato por liebre a la opinión pública, presentándose como uno de los gobiernos del mundo que más pruebas ha hecho Clic para tuitearNo contentos con este asunto, han vuelto a repetir los mismos personajes. Ahora aludiendo a un informe fantasma de la reconocida Johns Hopkins University. Según Sánchez, ratificado luego por Illa, España volvía a ocupar un lugar destacado. Después de que la conocida cadena de televisión estadounidense CNN investigara este estudio fantasmagórico demostrando que no existía, Illa, sin mencionar el desmentido, quiso resolverlo a base de explicar que no era un informe, sino una «base de datos» de la que disponía aquella universidad. Seguramente se quería referir a la «Worldometers«.
Si en esta base de datos se cuentan los países por número absoluto de test realizados, España figura en quinto lugar. El problema es que utilizados los datos así se distorsionan, porque no diferencia los países en razón de su población. Islandia es el país del mundo que ha hecho más test por el tamaño de su población, pero es tan pequeño que si miramos sólo la cifra total queda en la cola. Lo que hay que medir es el número de pruebas de diagnóstico en relación con el total de la población. En concreto, en aquella base de datos, por cada millón de habitantes. Cuando se miden en estos términos reales, España pasa a ocupar el puesto decimoquinto, muy parecido al que le otorgaba la OCDE.
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