El presidente Salvador Illa pronunciará el 14 de septiembre, en el Museo Marítimo de Barcelona, una conferencia titulada El futuro ya está aquí. Quiere hacer balance y, sobre todo, explicar las directrices del Gobierno para la próxima década.
Es una respetable ambición. Pero, antes de administrar el 2035, convendría explicar el 2026. Hay problemas que no pueden esperar diez años porque afectan a menores, personas dependientes y alumnos que solo cursarán una vez la primaria.
Menores tutelados
El caso más oscuro es el de la antigua DGAIA, rebautizada en 2025 como Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. El cambio de rótulo no ha resuelto el problema.
El 22 de julio, el Parlament aprobó por un solo voto -68 contra 67, con PSC, ERC y Comuns a favor- unas conclusiones que describen un sistema desbordado, mal controlado y dependiente de la gestión privada, con «lucro opaco», pero sin atribuir responsabilidad política alguna.
Solo el 5% de las plazas residenciales son de gestión pública y 150 de los 157 centros son gestionados por entidades. El tripartito parlamentario ha encontrado a culpables abstractos y responsables inexistentes.
La Sindicatura de Comptes había detectado 167,5 millones de euros en pagos indebidos de prestaciones sociales entre 2016 y 2024; de estos, 4,7 millones correspondían a ayudas a extutelados.
Anticorrupción investiga ahora presuntas irregularidades en el seguimiento de estas ayudas y los llamados «pisos fantasma». Es una investigación abierta, no una condena, pero ya invalida la confortable teoría de que solo había desorden administrativo. Además, las fundaciones señaladas habían recibido más de 350 millones de euros en una década.
Es necesario ser exactos. La Administración no «retira la patria potestad» definitivamente mediante un funcionario: declara el desamparo, asume la tutela y suspende el ejercicio de la potestad parental, con control judicial posterior.
La crítica seria es que una decisión que separa a un niño de la familia se toma primero administrativamente, mientras que la revisión judicial llega después, a menudo en una relación de fuerzas profundamente desigual.
El nuevo órgano de expertos para los casos complejos es una mejora, pero todavía no equivale a una garantía judicial previa.
La protección efectiva tampoco se ha garantizado dentro de los centros. La Generalitat deberá indemnizar con 12.500 euros a un niño que, con ocho años, fue agredido sexualmente por un interno de quince años en un centro tutelado. Un juzgado ya había considerado desproporcionada la separación de su familia.
La síndica de greuges también advirtió de que el caso de una menor de doce años captada por una red de pederastia mientras vivía en un centro no parecía algo aislado. Ante esto, negar datos completos sobre agresiones sexuales a menores tutelados deja de ser prudencia: es opacidad.
El caso de Noelia Castillo exige igualmente rigor. Estuvo bajo protección pública entre 2015 y 2019, pero no está acreditado que las agresiones sexuales que relató más tarde se produjeran durante la tutela.
Precisamente por ello es necesario un seguimiento longitudinal transparente de los extutelados, y no utilizar biografías trágicas como consigna a favor o en contra del sistema. Su eutanasia se practicó el 26 de marzo de 2026, después de 601 días de litigio.
Dependencia
La dependencia ofrece otra versión de la propia administración. La actriz Assumpta Serna, cuidadora de su madre de cien años, necesitó un vídeo viral para contar un laberinto que miles de familias conocen.
Catalunya encabezaba en junio la lista de espera estatal, con 80.827 personas, el 30,4% del total español. Cuando un derecho solo se mueve después de un escándalo en las redes, no existe sistema: hay lotería.
Escuela
Y queda la escuela. Catalunya ha quedado fuera de la comparación regional de PISA 2025 porque se excluyó el 23,22% de la muestra -591 alumnos-, cuando la OCDE fija un máximo recomendado del 5%.
Solo hizo la prueba el 70% de los alumnos seleccionados. Esto no demuestra que las pruebas internas hayan sido manipuladas, pero sí fallaron la supervisión, alertas y responsabilidades. Las puntuaciones catalanas no podrán compararse ni con otros territorios ni con años anteriores.
El espejo doméstico tampoco consuela: en sexto de primaria, el 15,8% de los alumnos presenta un nivel bajo en catalán y el 17,5% en matemáticas. La graduación en la ESO ha caído del 93% al 87% entre 2020 y 2024.
Equitat.org habla de estancamiento, pobreza y falta de personal de soporte. Que Oriol Junqueras proponga ahora un equipo de expertos que gobierne Educació durante doce años es menos una solución que una confesión: los partidos que la han dirigido ya no se fían de su propia manera de dirigirla.
Illa puede hablar del futuro. Pero debería empezar explicando quién responde por el presente.
Los menores tutelados, dependientes y alumnos no viven en una década imaginaria. Viven ahora.
Illa puede hablar del futuro, pero los menores tutelados, las personas dependientes y los alumnos viven ahora. #SalvadorIlla #Catalunya Compartir en X
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