La cuestión decisiva del sistema educativo catalán no es solo el descenso del nivel académico. El verdadero problema es que este deterioro se combina con una creciente desigualdad y con una persistente segregación escolar que fragmenta el país desde la infancia.
Cataluña es hoy la comunidad autónoma con la mayor brecha socioeconómica de España en matemáticas, según PISA 2022: 95 puntos entre el alumnado más favorecido y el más vulnerable. La diferencia es enorme.
Las distancias internas según el nivel socioeconómico son especialmente severas: de 428 a 523 puntos en matemáticas, de 421 a 514 en lectura y de 435 a 526 en ciencias.
También existen diferencias muy importantes según el origen migratorio: 43 puntos en matemáticas, 32 en lectura y 36 en ciencias entre el alumnado nativo y el inmigrante.
A esto se añade la distancia entre centros públicos y concertados o privados, superior a los 30 puntos en las tres competencias. Es cierto que gran parte de esta diferencia es composicional, vinculada al perfil social del alumnado, pero esto no reduce la gravedad del problema. El sistema sigue mostrando una elevada concentración de vulnerabilidad en determinados centros, lo que dificulta la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, las diferencias de resultados entre redes plantean legítimos interrogantes sobre la organización de los centros, los modelos de gestión, la estabilidad de los equipos docentes, el clima escolar y la eficacia de las políticas educativas. Este es un debate que requiere más evidencia y menos apriorismos, pero que no puede seguir siendo ignorado.
La segregación escolar no es solo una cuestión moral o política. También es un problema funcional. Los sistemas más segregados tienden a combinar un rendimiento medio inferior con menor equidad.
Por eso los informes institucionales llevan años insistiendo en la necesidad de actuar. El Pacto contra la segregación escolar de 2019 y el Decreto 11/2021 intentaban avanzar en esta dirección, pero los resultados todavía son limitados. La propia Síndica reclamó en el 2024 una segunda fase del pacto, centrada ya no solo en la segregación entre centros, sino también dentro de los mismos.
Este es un punto esencial. La segregación no desaparece simplemente redistribuyendo alumnado. También existe dentro de las escuelas: grupos diferenciados, expectativas desiguales, itinerarios implícitos y niveles de exigencia divergentes.
La consecuencia es devastadora porque consolida una doble fractura: educativa, por un lado, y social y cultural, por otro.
Por eso la crisis educativa catalana no puede separarse del problema más amplio de cohesión nacional y cultural. Cuando una parte creciente de los niños no adquiere plenamente las competencias de lectura, matemáticas y lengua, el problema deja de ser exclusivamente escolar.
Se convierte en un problema de país.
Esto obliga a abandonar algunos debates superficiales. La cuestión no es elegir entre “más recursos” o “más exigencia”. Cataluña necesita ambas cosas, pero sobre todo necesita una orientación clara y estabilidad estratégica.
Las implicaciones de política educativa son bastante concretas.
La primera es recuperar con fuerza una agenda de competencias básicas: lectura, comprensión lectora, escritura y matemáticas.
Y hacerlo de forma persistente, coherente y sostenida, no mediante reformas continuas que desorganizan los centros.
La segunda es sustituir la lógica reactiva de la repetición por la intervención temprana. El alumnado vulnerable necesita refuerzo intensivo antes de que el fracaso se cronifique.
La tercera es reconstruir el oficio docente: inducción real de los nuevos profesores, tiempo protegido para el trabajo colaborativo, observación entre iguales, desarrollo profesional basado en la evidencia, liderazgo pedagógico fuerte y sistemas de evaluación de los resultados que tengan en cuenta los distintos niveles de complejidad de los centros.
La cuarta es reforzar especialmente a los centros de máxima complejidad. Esto exige más recursos orientados, equipos estables, liderazgos sólidos, soporte tutorial intensivo y una reducción efectiva de la segregación.
La quinta es mejorar radicalmente la infraestructura de datos. Cataluña sigue trabajando con indicadores fragmentados y a menudo poco comparables. Sin información homogénea sobre ratios, gasto real por alumno, temporalidad docente o movilidad del profesorado, la capacidad de evaluación pública es limitada. En este sentido, la sanidad pública presenta un nivel de desarrollo muy superior, y el ámbito educativo debería tomar nota.
Todo esto requiere también un cambio cultural. Durante demasiado tiempo, el debate educativo catalán ha oscilado entre la autocomplacencia ideológica y la protesta corporativa. Pero el problema ya es demasiado grave para seguir reduciéndolo a disputas sindicales o guerras pedagógicas abstractas.
El estado actual de la educación catalana no es todavía el de un sistema colapsado, pero sí el de un sistema claramente deteriorado: menos rendimiento que hace una década, mayor distancia respecto a los mejores sistemas educativos, una debilidad especialmente acusada en lectura y matemáticas, desigualdad creciente y segregación persistente.
La cuestión decisiva es si Cataluña será capaz de reaccionar antes de que ese deterioro se consolide como una estructura permanente.
La escuela sigue siendo una de las instituciones más determinantes de una sociedad. Cuando funciona bien, corrige desigualdades, crea cohesión y forma a ciudadanos capaces. Cuando falla durante demasiado tiempo, el deterioro se extiende mucho más allá de las aulas.
Y este es, probablemente, el mayor riesgo que hoy afronta Cataluña.
Emergencia educativa en Cataluña (II): cuando la escuela deja de enseñar
Cataluña registra la mayor brecha socioeconómica de España en matemáticas: 95 puntos de diferencia entre los alumnos más favorecidos y los más vulnerables. Esto ya no es sólo un problema escolar. Es un problema de país. Compartir en X
