Dime, amigo: ¿cuándo se fue al traste Catalunya?
Durante muchos años sostuvimos que los catalanes éramos buenos para la economía y que, si nos dejaban gobernar a nuestro modo, seríamos la envidia del vecindario. No era una fantasía completa. La Administración española ha tenido tradicionalmente un tirón admirable hacia el desastre, con la excepción de Hacienda, que cobra con una eficacia casi germánica. Aunque incluso a Hacienda parece que se le pueden escapar ingresos suficientemente curiosos, como los atribuidos en las investigaciones en curso a Julio Martínez, antiguo amigo de Rodríguez Zapatero.
Prat de la Riba y la Liga demostraron con la Mancomunitat —un modesto poder local formado por cuatro diputaciones— que, con poca herramienta, se podía hacer mucho trabajo. Después vinieron el Estatut, la Guerra Civil, la Gran Debacle y el desbarajuste de aquella Esquerra Republicana de Macià y Companys. No hubo mucho tiempo para brillos, pero se hizo lo suficiente: la división comarcal, de la que todavía vivimos de renta, es un ejemplo.
La gran constatación llegó con la segunda autonomía. Tarradellas, sin apenas competencias, enseñó algo hoy desaparecido: la dignitas del gobernante. Pujol, con todos sus claroscuros, construyó una Administración desde cero y convirtió a la Generalitat en la referencia de la España autonómica. Venían a mirar lo que hacíamos. Catalunya marcaba el paso.
Aquello durará hasta que la maquinaria empezó a hacer ruidos. Primero fueron pequeñas averías; después descubrimos que nadie había llevado nunca el coche al taller.
Entrado el siglo XXI, todo se ha precipitado. Madrid nos ha superado ampliamente en PIB y, si nada cambia, en unos años lo hará Aragón en PIB per cápita. Catalunya aún conserva músculo económico, pero cada vez menos.
Todo aquello que depende directamente de la política —departamentos, empresas públicas, consorcios, agencias y una miríada de artilugios semipúblicos— lleva años cuesta abajo.
Queríamos ser líderes de la transformación ecológica. Naturalmente, hemos terminado en la cola. En 2025, el 55,8% de la electricidad producida en Catalunya fue nuclear, precisamente la energía que la progresía querría cerrar. Los ciclos combinados aportaron el 13,8% y la cogeneración el 7,7%. Las renovables llegaron al 21,3%; la eólica y la solar, juntas, solo al 11,5%. El objetivo del 50% renovable en 2030 ya no parece una planificación: parece un chiste administrativo. En la cola, pero con discurso de líderes.
También éramos el país de la escuela y la pedagogía. Las últimas pruebas PISA nos dejaron en una posición miserable. Ante la prueba del 2025, el Gobierno ha logrado una proeza aún más notable: inutilizar la comparación. De los 2.545 alumnos seleccionados, 591 -el 23,2%- quedaron exentos, cuando la OCDE fija un máximo orientativo del 5%. Las pruebas se hicieron el año pasado, nadie detectó nada a tiempo y ahora buscan una explicación que no haga reír. Cuando un gobierno no puede mejorar los resultados, siempre le queda estropear el termómetro.
La vida cotidiana completa el retrato: socavones, hundimientos, escapes de gas, incendios en el metro y una Protección Civil de feria, sin que nadie sepa qué protocolos funcionan ni quién responde de qué. Las Cercanías ya son de la Generalitat según el modelo Illa: el nombre es nuestro y el desastre sigue en manos de Adif y Renfe. La AP-7 vive colapsada por una imprevisión de manual, mientras los responsables encargan estudios, crean comisiones y anuncian soluciones futuras.
El traje ha quedado estrecho. Hemos pasado de seis a ocho millones de habitantes en un santiamén, pero los servicios, las infraestructuras y los equipamientos no han crecido al mismo ritmo.
El dinero, sin embargo, se gasta con alegría, sobre todo en organismos donde la utilidad pública es más difícil de encontrar que una aguja en un pajar.
En seguridad, cualquier día podemos despertarnos como los Países Bajos, pendientes de la macromafia de turno y con poco que hacer. Mientras, seguimos acumulando turistas e inmigrantes sin límite porque nos aseguran que esto crea riqueza. La debe crear, pero el catalán corriente no sabe muy bien dónde para. La affordability de la izquierda demócrata norteamericana ha sido traducida por nuestra alianza progresista como inasequibilidad.
Para alquilar un piso ya es necesario pasar unas oposiciones y acreditar un sueldo de ministro.
Incluso tuvimos una alcaldesa, símbolo de la izquierda de la izquierda, que consiguió gentrificar la calle del Consell de Cent e ir expulsando a vecinos y comercios. Tiene mérito.
La sanidad aún conserva prestigio, pero la atención primaria empeora porque las costuras han saltado. No ha crecido al ritmo de la población. Formamos médicos jóvenes que marchan y sustituimos a los profesionales solventes que se jubilan con personal venido de fuera, no siempre incorporado con la misma criba. No es culpa del médico que llega; es del país que expulsa lo que forma e improvisa el relevo.
Con la mano en el corazón: ¿qué funciona hoy especialmente bien en Catalunya?
En aborto, ciertamente, somos líderes: 21.761 interrupciones voluntarias del embarazo en 2024, equivalentes al 40,4% de los nacimientos. Un récord de una sociedad que se extingue y todavía llama progreso.
En alguna otra cosa debemos de destacar, desde luego. Seguro que alguna de las páginas diarias de publicidad del Govern de Illa se encargará de explicárnoslo
¿Cuándo se fue al traste Catalunya? No fue un solo día. Fue cuando confundimos gobernar con anunciar, administrar con colocar, planificar con encargar informes y prosperar con amontonar población. Lo han hecho los gobiernos, los partidos y las burocracias que no responden. Pero también una sociedad que ha aceptado durante demasiado tiempo la avería mientras le aseguraban que el motor iba como la seda.
Catalunya lideraba. Hoy acumula retrasos, colapsos, malos resultados educativos y una crisis de vivienda cada vez más profunda. La pregunta es sencilla: ¿qué ha pasado? #Catalunya Compartir en X





