Cuando Salvador Illa explique en el Museu Marítim, el 14 de septiembre, que «el futuro ya está aquí», muchos catalanes estarán de acuerdo. El futuro es esperar a un autobús porque el tren no pasa, tres años para que la Audiencia resuelva un recurso o una explicación sobre cómo unos presos entraron en la red informática de Justicia. Es un futuro extraordinariamente moderno: todo está digitalizado, menos la responsabilidad.
Seguridad
Empecemos por la seguridad, sin hacer trampa con los datos. La criminalidad registrada descendió un 7,6% durante el primer semestre de 2026. Pero, dentro de esta mejora general, hay una señal grave: siete homicidios y 27 heridos con armas de fuego, mayoritariamente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. A principios de julio ya se habían contabilizado siete muertos a tiros.
No es una percepción fabricada cuando hay tiroteos y muertes en la Zona Franca, Sant Andreu o la calle Balmes, este último episodio frente a una comisaría y en plena visita del Papa. El problema no son solo los episodios; es el tipo de organización que revelan.
Catalunya es productora y exportadora de marihuana, corredor del tráfico por la AP-7 y puerta de entrada de cocaína por el puerto de Barcelona. El fiscal antidroga Gerardo Cavero ha advertido que las bandas ya mueven «dinero y cantidades de droga descomunales» y que los territorios productores pueden iniciar el camino hacia un narcoestado: primero se arraigan, luego corrompen y, finalmente, aspiran a influir en el poder económico y político.
Durante el primer semestre, el 112 recibió en Barcelona 3.500 avisos vinculados a drogas, mil más que un año antes.
Esto no significa que Catalunya sea Suecia o Países Bajos, donde los narcos le hacen el pulso al Estado; al menos todavía no. Significa que está a tiempo de no recorrer el mismo camino. Es necesaria una unidad estable contra el crimen organizado, más inteligencia patrimonial y portuaria, persecución del blanqueo de capitales y una estrategia específica contra las armas de fuego. Negar la alarma porque bajan los hurtos sería tan sensato como celebrar que el barco tiene menos goteras mientras se incendia la sala de máquinas.
Justicia
La respuesta penal, además, alcanza unos juzgados saturados. El presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, presentó una cifra demoledora: 40.135 asuntos civiles pendientes. Aunque no entrase ninguno nuevo, harían falta tres años para resolverlos. Recio reclama cerca de cincuenta jueces adicionales, prácticamente doblar la planta civil. El Govern celebró la creación de nuevas plazas judiciales; el presidente de la Audiencia responde que sigue «absolutamente superado». Alguien tendrá que explicar la diferencia entre el anuncio y la capacidad real.
El Pacto de Bolaños con Espadaler, como todos los pactos con el Govern, suena a música celestial, pero no resuelve el problema de fondo si no va acompañado de recursos, personal y capacidad efectiva para hacer funcionar la justicia. Los anuncios institucionales no pueden sustituir a los resultados.
La ciberseguridad ha ofrecido una escena que, de no ser peligrosa, sería cómica. Tres internos de Puig de les Basses accedieron desde los terminales de la cárcel a carpetas compartidas de la red de Justícia. Según UGT, el acceso se habría extendido desde febrero a doce carpetas y unos 26.000 documentos, incluidos nombres, DNI, teléfonos y matrículas de funcionarios. La Generalitat tiene una Agencia de Ciberseguridad; los presos al parecer tenían una pantalla táctil y tiempo libre.
Cercanías
Y después está Cercanías, la institución catalana que ha logrado que el autobús parezca alta tecnología. El accidente mortal de Gelida y la suspensión general de enero revelaron la fragilidad de la red y la descoordinación entre Adif, Renfe, maquinistas y Generalitat.
El traspaso anunciado no ha mejorado todavía la experiencia del usuario. La R3 sufre un corte de dieciséis meses por unas obras de desdoblamiento que deberían haber llegado décadas antes; el uso de los autobuses interurbanos entre Vic y Barcelona creció un 40% en el primer mes.
El eclipse del 12 de agosto resumió el problema. La Generalitat recomendó el transporte público para ir hacia el sur, pero ni ella ni Renfe dimensionaron el operativo para la demanda. Más de 26.000 personas se concentraron en Tarragona; las aglomeraciones obligaron a los Mossos a limitar el acceso a las estaciones. Renfe había doblado las plazas de la R16 hasta las 3.600 y había aumentado las de la R15 hasta las 1.600. Reforzó el servicio, sí; pero el refuerzo demostraba que el cálculo seguía lejos de la realidad.
El robo de cobre completa el cuadro. En apenas seis meses, Adif denunció 152 sustracciones en Catalunya: casi una cada día y el 37,8% de todas las registradas en España. Después de años de sabotajes, todavía no existe una combinación eficaz de vigilancia, trazabilidad del metal, protección física y persecución de las redes receptadoras.
Adif y Renfe son responsabilidad estatal; los Mossos y la titularidad del servicio, catalana. Precisamente por eso, la excusa permanente es inadmisible. Gobernar consiste en coordinar lo que depende de varios. Lo demás es dar conferencias sobre el futuro mientras los ciudadanos buscan el autobús.
Antes de hablar de 2035: el balance pendiente de Salvador Illa (I)
El fiscal antidroga advierte: las bandas mueven ya cantidades descomunales de droga y buscan poder económico y político. Aún estamos a tiempo de evitar el modelo neerlandés o sueco. #Narcotráfico Compartir en X
