Catalunya: muchos planes, muchos recursos y cada vez menos control

La política ya no discurre principalmente por el camino de la realidad y su mejora, sino por la imposición del relato. Es decir, por el de la realidad ficcionada. Los hechos dejan de determinar el discurso. Es el discurso el que pretende dictarnos cómo debemos interpretar los hechos.

Pedro Sánchez es su ejemplo paradigmático, llevado hasta el extremo. Pasó del “no” rotundo a la amnistía a presentarla como una herramienta imprescindible de su política. No había cambiado su convicción. Había cambiado la necesidad: los votos de Junts y ERC se habían convertido en indispensables para continuar en la Moncloa.

En Catalunya sucede algo parecido con Salvador Illa. El relato inicial, proclamado a bombo y platillo, fue el de la eficacia en la gestión. Se buscaba deliberadamente el recuerdo lejano de la gobernanza pujoliana: menos gesticulación, más administración; menos retórica, mayores resultados.

La realidad ha destrozado este planteamiento. Por eso ahora empieza a imponerse un relato nuevo. Se nos dice que existen dos realidades. Una es la del Govern, la de los despachos donde se pactan presupuestos, se acuerda la financiación, se aprueban planes y se mantienen reuniones. La otra es la de la gente: la vivienda, la escuela, el tren, la seguridad o la AP-7. La primera, según esa explicación, funciona bien. La segunda aún no lo nota, pero tarde o temprano los buenos resultados de los despachos acabarán filtrándose hasta la calle.

Es una forma sofisticada de admitir que, después de dos años, la vida cotidiana de los catalanes no ha mejorado. Y de pedirnos que sigamos esperando.

La lástima es que los hechos no anuncian esa mejora. Dicen más bien lo contrario.

Empezar el curso escolar con una huelga de maestros es ya una mala señal. Hacerlo con el escándalo todavía no explicado racionalmente de la invalidación de los resultados catalanes de PISA es peor. Catalunya no solo obtiene malos resultados educativos. Ha perdido incluso su capacidad de evaluarlos con garantías. Se destinan más recursos a la enseñanza, pero no se aclara qué modelo educativo se quiere, quién lo dirige ni cómo se miden sus resultados.

La misma confusión aparece en la seguridad. Los Mossos d’Esquadra han cambiado ocho veces de jefe en nueve años, aunque alguna persona haya repetido en el cargo. La última crisis se produjo tras las polémicas por la infiltración policial en una asamblea de docentes, la absolución de un activista acusado de agredir a un agente y las tensiones entre la consejera Núria Parlon y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, que acabaron con la dimisión de este último.

Ocho relevos en nueve años ya no constituyen una sucesión de problemas personales. Revelan un problema estructural. Una policía profesional necesita continuidad en la dirección, una cadena de mando clara y distancia respecto a los conflictos partidistas. Hoy sigue abierta una pregunta elemental: ¿quién dirige efectivamente los Mossos, la consellera, el director general o la jefatura operativa? Esta ambigüedad puede resultar muy cara cuando llegue una grave crisis.

También las inundaciones de finales de agosto pusieron en evidencia las carencias de la Generalitat en protección civil. Las lluvias dejaron hasta 200 litros por metro cuadrado en zonas de la Costa Daurada. Unas 300 personas fueron evacuadas de un camping y 150 jóvenes de una discoteca. El SEM atendió a 40 personas y una menor quedó en estado crítico tras caer un muro en Roda de Berà. El 112 recibió unas 600 llamadas y los bomberos realizaron cerca de 300 actuaciones.

Pese a la gravedad de la situación, no se activó el aviso ES-Alert en los teléfonos móviles. La calidad de una administración no se mide solo por la respuesta posterior, sino por la capacidad de anticipación. Catalunya dispone de planes, radares, organismos y sistemas de alerta. El problema está en que la información disponible no siempre se transforma a tiempo en una decisión.

Cercanías ofrece otra expresión del mismo mal. El pasado 17 de agosto estrenó una aplicación que permite consultar en tiempo real la situación de los trenes. Es una mejora útil. Pero una aplicación más precisa no logra que los convoyes lleguen puntualmente.

Esos mismos días se produjeron afectaciones en las líneas R2, R2 Norte, R8 y R11 por un robo de cable; interrupciones en el R4 y el R8 por problemas de infraestructura; cortes en el corredor sur causados ​​por el temporal y retrasos de entre 31 y 55 minutos en varios trenes regionales. Otros servicios de las líneas R11, R13, R16 y R17 acumularon demoras de 30 a 65 minutos.

La poca repercusión pública de estas incidencias no significa mejorar el servicio. Significa que el deterioro se ha normalizado. El retraso ya no es noticia porque se ha convertido en el funcionamiento ordinario del sistema.

En energía, el Gobierno ha presentado el Plan territorial sectorial para la implantación de las energías renovables, el PLATER. Catalunya solo obtuvo en 2025 un 21% de su electricidad de fuentes renovables, frente a aproximadamente el 50% del conjunto de España. El retraso es evidente y obliga a acelerar su implantación.

Pero no basta con anunciar un plan. Hay que decidir dónde se instalarán las infraestructuras, quién soportará los costes paisajísticos y agrarios y cómo se compensarán los territorios que producirán la energía consumida principalmente por Barcelona y su área metropolitana. Prometer consenso y advertir, al mismo tiempo, que se tomarán «las decisiones que deban tomarse» no resuelve la contradicción.

La Generalitat también se ha ofrecido a acoger a más menores migrantes llegados a Ceuta. Catalunya ya atendía a 6.354, el 95% chicos y el 42% procedentes de Marruecos. La acogida es una exigencia humanitaria, pero no elimina el deber de calcular las plazas disponibles, el coste, el personal necesario, la escolarización y los resultados de la integración. La solidaridad sin datos degenera fácilmente en improvisación.

El nuevo modelo de financiación es sin duda una mejora. Prevé aportar 20.975 millones adicionales al sistema en el 2027. Según la Generalitat, Catalunya recibiría 4.686 millones, un 13,35% más, frente a un aumento medio del 10,3%. Pero no es la financiación singular prometida. No existe concierto, cuota, salida del régimen común ni recaudación íntegra de los impuestos. Y el acuerdo está por superar unas Cortes de mayoría incierta.

Mientras, el precio de la vivienda sigue subiendo. Durante el primer semestre de 2026 alcanzó los 2.480 euros por metro cuadrado, un 7% más que un año antes, mientras que las compraventas descendían un 6,8%. El importe medio de las hipotecas aumentó hasta 199.692 euros. El éxito del Plan 50.000 no podrá medirse por los solares inscritos ni por las viviendas anunciadas, sino por los pisos acabados, ocupados y realmente asequibles.

Y sobre la industria planea la amenaza de Seat. El riesgo no es solo perder una marca. Es que Martorell quede reducida progresivamente a ensamblar modelos decididos, diseñados y tecnológicamente controlados fuera de Catalunya, con las consiguientes repercusiones sobre la industria auxiliar.

Este es el hilo que une todos los hechos: la pérdida de control efectivo.

Catalunya acumula competencias, organismos, recursos y planes, pero disminuye su capacidad para dirigir los sistemas de los que es responsable.

Obtiene mayor financiación, pero no un sistema propio; gasta más en educación, pero no puede garantizar su evaluación; anuncia viviendas mientras los precios aumentan; conserva una gran fábrica mientras las decisiones se toman en Alemania; recibe líneas de Cercanías, pero no controla todavía los trenes, vías ni señales.

Ante esta realidad, el relato sirve de poco. La fuerza de un gobierno no está en lo que anuncia, ni en las reuniones que celebra, ni en los planes que bautiza. La fuerza está en los hechos. Y los hechos, hoy, no acreditan la eficacia del gobierno de Salvador Illa.