Cada vez que llega un informe PISA con malas noticias -en esta ocasión, España ha presentado los peores resultados de su historia-, el debate público se atasca rápidamente en la misma consigna: hay que invertir más. El problema es que esta respuesta esquiva la pregunta previa y necesaria: antes de decidir dónde poner el dinero, ¿sabemos dónde está el problema?
La ley educativa vigente, la LOMLOE, establece en el artículo 140 que los resultados de las evaluaciones no pueden utilizarse ni para valoraciones individuales del alumnado ni para establecer clasificaciones de los centros. Las evaluaciones de diagnóstico que hace todo el alumnado de 4º de primaria y 2º de ESO son censales, pero tienen carácter interno y formativo: cada centro recibe un informe con sus propios resultados, comparados con la media de la comunidad autónoma, y se prohíbe explícitamente la elaboración de rankings.
Conviene ser precisos, porque aquí existe un matiz importante. No es cierto que nadie sepa cómo funciona cada centro: la Administración, la inspección y el propio equipo directivo sí disponen de la información. Lo que la ley impide es la transparencia pública: que la ciudadanía, los investigadores independientes o los periodistas puedan escrutar los datos y establecer comparaciones.
La objeción de los sindicatos
Los sindicatos de profesorado se oponen a hacer públicos estos datos. Principalmente, argumentan que publicar los resultados perjudicaría a los centros más complejos —los que concentran más alumnado inmigrante, más pobreza o más necesidades educativas—, porque un ranking de puntuaciones brutas los situaría injustamente en la cola, cuando buena parte de esta diferencia no es su culpa, sino de las características del alumnado que reciben.
Tienen razón en algo fundamental: comparar puntuaciones sin corregirlas es injusto. Pero ese argumento no invalida el principio de transparencia; por el contrario, apunta a la necesidad de diseñar mejor los indicadores de resultado.
En este sentido, una posible tipología de indicadores es la de valor añadido. En lugar de mirar simplemente dónde acaba cada alumno, se trata de medir cuánto progresa respecto de dónde partió y comparar este progreso con el de alumnos semejantes. La literatura económica ha estudiado extensamente ese tipo de medidas. Chetty, Friedman y Rockoff (2014), por ejemplo, mostraron que el value-added de los profesores está relacionado no solo con los resultados académicos inmediatos, sino también con resultados posteriores, como el acceso a la universidad y los ingresos laborales.
Los efectos de la transparencia en los resultados escolares
Entre 1992 y 2001, Inglaterra y Gales —dos sistemas educativos muy similares— publicaban tablas de resultados por centro. En 2001, Gales las suprimió. Los economistas Burgess, Wilson y Worth (2013) midieron su efecto y la conclusión es contundente: la supresión de las tablas hizo caer significativamente el rendimiento de las escuelas galesas y no redujo la segregación entre centros. La bajada de rendimiento se concentró en los centros más complejos, lo que aumentó las desigualdades.
Lo paradójico de todo es que Catalunya ya ha resuelto este problema en otro sector público igual de complejo y sensible: la sanidad.
La Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) publica la Central de Resultados, que ofrece un gran número de indicadores sobre la calidad y los resultados de todos los proveedores del sistema sanitario público, con datos abiertos y consultas interactivas. No esconde los nombres: aparecen indicadores como la mortalidad intrahospitalaria por infarto o neumonía, hospital por hospital. La publicación de estos indicadores no ha provocado el colapso del sistema, ni los hospitales que atienden a pacientes más graves han sido linchados. Por el contrario, la comparación permite identificar buenas prácticas y orientar la mejora.
Si Catalunya tiene un nivel de transparencia en el ámbito sanitario lo suficientemente elevado como para publicar datos tan sensibles como la mortalidad hospitalaria sin que esto haya provocado una revuelta, la excusa de que la comparación entre centros es necesariamente discriminatoria deja de tener sentido.
Una propuesta
Focalizar el debate educativo casi exclusivamente en «más inversión» es demasiado simple: por encima de un cierto umbral, la correlación entre gasto y resultados es baja y, sin diagnóstico, no hay forma de saber qué financiar. La transparencia de los resultados no es una alternativa a invertir; es la condición previa para invertir bien.
Sin embargo, no se trata de publicar rankings de puntuaciones brutas que estigmaticen los centros complejos. Se trata de publicar indicadores que tengan en cuenta la complejidad del alumnado, un procedimiento que ya se aplica en la evaluación del sector sanitario catalán.
Tenemos los datos. Tenemos la técnica para hacerlos justos. Tenemos un precedente propio que funciona. Lo que nos falta es la valentía, por parte de profesores, políticos y sindicatos, de afrontar de cara la realidad del problema.
Tenemos datos. Tenemos técnicas para comparar centros teniendo en cuenta el contexto. Y tenemos un precedente en la sanidad catalana. ¿Qué nos impide también hacerlo con la educación? Compartir en X
