La fortaleza real de un gobierno a menudo se mide en su capacidad de afrontar los conflictos corporativos dentro del sector público. Cuando un ejecutivo se siente políticamente sólido, las reivindicaciones funcionariales suelen toparse con límites claros, especialmente cuando el colectivo afectado ya dispone de ventajas significativas respecto al sector privado: estabilidad laboral casi absoluta, jornadas más reducidas, salarios relativamente elevados y escasos mecanismos de evaluación del rendimiento.
No es el caso del gobierno Illa.
La Generalitat acaba de pactar con parte del sindicalismo docente un aumento retributivo de una magnitud excepcional, fruto de un ciclo de movilizaciones especialmente agresivas impulsadas sobre todo por USTEC y Profesores de Secundaria. Las protestas han incluido cortes de autopistas y carreteras, ocupaciones, acciones de bloqueo en Montserrat e incluso amenazas de altercados coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona.
La crisis también ha dejado muy debilitados a los sindicatos tradicionales, CCOO y UGT, acusados por los sectores más radicales de haber actuado como correas de transmisión del Gobierno después de haber firmado inicialmente un acuerdo que las huelgas y la presión posterior acabaron desautorizando.
El resultado final es un pacto extraordinariamente costoso que comportará incrementos mensuales de entre 600 y 630 euros en cuatro años y un gasto que se aproxima a los 3.000 millones de euros.
La primera pregunta que los medios de comunicación no se hacen y que el Parlamento debería formular es: ¿cuáles serán las partidas que se reducirán para afrontar tanto gasto extra?
Pero la cuestión decisiva no sólo es la magnitud de la subida, sino la ausencia absoluta de contraprestaciones vinculadas a los resultados educativos.
Y ahí aparece la gran paradoja del debate.
Una parte significativa del propio profesorado y del sindicalismo docente sostiene que los malos resultados de la escuela catalana no tienen relación con el trabajo de maestros y profesores. Pero, si los resultados educativos no tienen ninguna vinculación con la calidad del sistema docente, surge entonces inevitablemente una pregunta incómoda: ¿cuál es exactamente su papel en el sistema educativo catalán? ¿El de invitados de piedra?
Porque, en todo este conflicto, nunca se ha hablado de los pésimos resultados educativos de nuestras escuelas.
La situación aún resulta más inquietante si se tiene en cuenta que incluso este acuerdo ha sido rechazado por los sindicatos más radicales: CGT, Intersindical y COS, organizaciones situadas en posiciones de extrema izquierda e implantadas en una parte del sector público educativo catalán. En otros términos, una proporción relevante del profesorado de la enseñanza pública se encuentra sindicalmente representada por organizaciones de orientación ideológica extrema, de las que también forma parte USTEC. Quizás aquí esté también una de las claves del deterioro del sistema.
Pero el acuerdo incorpora todavía otro elemento especialmente preocupante: el debilitamiento de la autonomía real de los centros educativos. Los directores han rechazado aspectos sustanciales del pacto porque las limitaciones sobre plazas perfiladas y otros mecanismos de selección reducen aún más su capacidad de configurar equipos docentes coherentes con el proyecto educativo de cada centro.
Es decir, no solo no se avanza hacia una cultura de excelencia y responsabilidad, sino que se retrocede.
La escuela pública catalana queda cada vez más sometida a dinámicas asamblearias corporativas. Hasta el punto de que algunos sectores sindicales han llegado a defender que solo pudieran votar sobre el acuerdo aquellos docentes que hubieran participado en las movilizaciones. Es decir: los discrepantes, simplemente, quedarían excluidos.
Éste es el contexto en el que el gobierno Illa ha decidido ceder.
Y el resultado es previsible: muchas familias que puedan hacerlo optarán progresivamente por la concertada, donde a menudo los docentes cobran menos, trabajan más horas y, sin embargo, obtienen resultados académicos superiores en igualdad de contexto social.
La consecuencia final podría ser devastadora: una escuela pública concebida cada vez más como un sistema residual para las clases populares, gestionada por un cuerpo funcionarial privilegiado respecto a la mayor parte de la sociedad. ¿Avanzaremos hacia el modelo mexicano de enseñanza pública?
Unos salarios muy por encima de la realidad social
Las nuevas retribuciones previstas muestran claramente la magnitud del cambio.
Simplificando y tomando como referencia un docente a jornada completa con poca antigüedad, la evolución aproximada será esta:
| Perfil | Sueldo actual (2026) | Está previsto (2029) |
|---|---|---|
| Maestro/a de primaria | 33.000 € brutos/año | 41.000 € brutos/año |
| Profesor/a de secundaria | 38.000 € brutos/año | 47.000 € brutos/año |
En términos mensuales brutos, en 14 pagas:
| Perfil | Ahora | 2029 |
|---|---|---|
| Primaria | 2.460 €/mes | 3.060 €/mes |
| Secundaria | 2.795 €/mes | 3.430 €/mes |
Esto significa que un profesor de secundaria podrá incrementar su retribución en cerca de 9.000 euros anuales en tan solo unos años. Y estas cifras todavía no incorporan complementos como trienios, estadios, tutorías, coordinaciones o jefes de departamento. Con experiencia acumulada, no será excepcional encontrar salarios públicos docentes superiores a los 50.000 euros brutos anuales antes de terminar la década.
La comparación con la realidad salarial catalana y española es inevitable.
Según los últimos datos del INE correspondientes a 2024:
- El salario más frecuente en España ascendía a 16.532 euros anuales.
- El salario mediano se situaba en 24.297 euros.
- El salario medio era de 29.954 euros anuales.
Por sectores económicos:
| Sector | Salario medio anual |
|---|---|
| Hostelería | 17.653 € |
| Media española | 29.954 € |
| Suministro eléctrico, gas y energía | 57.932 € |
En este contexto, los salarios del profesorado público catalán se sitúan claramente en la franja alta de la escala salarial española: muy por encima del salario más frecuente, claramente por encima del salario medio y acercándose en muchos casos a los sectores mejor remunerados de la economía.
Y esto en un contexto laboral caracterizado por una estabilidad que la inmensa mayoría de trabajadores del sector privado carecen.
La carga horaria real
A la cuestión salarial debe añadirse la jornada efectiva.
Educación infantil y primaria
- 25 horas lectivas semanales.
- Jornada global habitual de entre 35 y 37,5 horas.
- Es decir:
- 25 horas de clase directa.
- Entre 10 y 12,5 horas de preparación, coordinación y gestión.
Educación secundaria
- 20 horas lectivas semanales.
- Jornada global similar.
Esto no significa negar la dificultad del trabajo docente. La gestión del aula, los conflictos disciplinarios, la creciente burocracia o la complejidad social son realidades indiscutibles.
Pero sí obliga a contextualizar el debate: la imagen de un colectivo estructuralmente precarizado no corresponde ya a la realidad salarial objetiva que emerge tras el nuevo acuerdo.
El gran problema: el declive educativo catalán
La cuestión decisiva es otra.
Este aumento salarial extraordinario llega en el peor momento histórico del sistema educativo catalán.
Los últimos informes PISA muestran:
- una caída sostenida en matemáticas,
- un descenso en comprensión lectora,
- un retroceso en ciencias,
- resultados situados por debajo de la media española en varios indicadores,
- un deterioro claro respecto a décadas anteriores.
Y esto es especialmente grave porque Cataluña había ocupado tradicionalmente posiciones intermedias o relativamente competitivas dentro de España.
La tendencia actual es exactamente la contraria de lo que sería razonable:
- más gasto,
- más salarios,
- peores resultados.
Por supuesto, los malos resultados no son responsabilidad exclusiva de los profesores. En ellos influyen factores familiares, culturales, políticos, demográficos y administrativos.
También pesan reformas pedagógicas fallidas, la creciente burocratización, la crisis de autoridad en las aulas y determinadas orientaciones ideológicas impulsadas desde la Administración.
Pero sería igualmente absurdo sostener que el profesorado no tiene ninguna responsabilidad significativa. En cualquier organización humana, los resultados forman parte inevitablemente de la evaluación del sistema y sus principales actores.
Y ahí emerge la anomalía central del nuevo acuerdo.
Mucho más dinero, ninguna exigencia nueva
La subida salarial no va acompañada de ninguna reforma estructural exigente.
No hay:
- nuevos mecanismos de evaluación docente,
- incentivos vinculados a los resultados,
- controles externos de calidad,
- obligaciones reforzadas de formación continua,
- sistemas de excelencia profesional,
- medidas efectivas contra el fracaso escolar,
- objetivos públicos cuantificables de mejora.
Es decir, una de las mayores subidas salariales del sector público catalán se aprueba sin exigir contraprestaciones proporcionales en calidad, eficacia o rendimiento.
El acuerdo educativo del gobierno Illa incrementa sueldos, pero evita la pregunta decisiva: ¿quién responde del declive escolar catalán? #PISA #EducaciónPública Compartir en X
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