Los errores no parecen ya episodios aislados ni accidentes inevitables de la gestión pública. Se repite una pauta: carencia de previsión, responsabilidades difuminadas, explicaciones de circunstancias, decisiones discutibles y, sobre todo, una extraordinaria capacidad para sustituir los resultados por el relato. Cuando falla algo, se explica. Cuando fallan dos, se justifica. Cuando fallan seis, ya no es suficiente con hablar de errores. Es necesario hablar de un sistema.
El Gobierno de Illa ha hecho de la normalización su principal argumento político. Pero normalizar no es gobernar. Y callar los problemas no los resuelve. Catalunya no necesita una administración que parezca tranquila; necesita una administración que funcione.
El escándalo de PISA 2025 es, en este sentido, difícilmente defendible. Catalunya ha quedado fuera de la comparación internacional porque excluyó al 23,2% de los alumnos seleccionados, cuando la OCDE fija en un 5% el máximo admitido. Más de quinientos estudiantes de una muestra de unos 2.500 quedaron fuera de la evaluación. El resultado podía parecer extraordinario. Precisamente por eso era inútil: no representaba al conjunto del alumnado.
No es una anécdota estadística. Es el fracaso de un instrumento que debía permitir saber cómo está la educación catalana y que, en cambio, ha dejado a Catalunya sin comparación internacional. La consejera Esther Niubó lo definió como una «incidencia técnica». Pero cuando una incidencia técnica impide saber si todo un sistema educativo funciona, el problema deja de ser técnico. Es político.
Y es especialmente grave porque llega después de años de retroceso educativo. Un país que pierde posiciones necesita saber por qué. Necesita datos fiables, diagnósticos rigurosos y decisiones consecuentes. No necesita una fotografía favorecedora para que después pueda ser exhibida como propaganda.
La segunda alarma llega de la industria. Volkswagen no garantiza la continuidad de SEAT como marca más allá de 2030, mientras refuerza a CUPRA. No hay, por el momento, una decisión definitiva sobre la desaparición de SEAT, y Martorell sigue siendo una planta estratégica, con cerca de 12.000 trabajadores y nuevos modelos en preparación. Pero sería ingenuo confundir la continuidad actual con la garantía del futuro.
SEAT afronta la electrificación sin una gama eléctrica propia sólida, en un mercado sometido a la presión de los fabricantes chinos y a una política europea del automóvil que a menudo parece más preocupada por regular que por competir. Y frente a esta transformación, Catalunya necesita una política industrial a la altura del reto.
¿Dónde está?
La Generalitat ha tenido tiempo para anticiparse, pero no ha construido una respuesta industrial de país que esté a la altura de la importancia de Martorell. Tampoco parece suficiente que el ministro de Industria sea Jordi Hereu, antiguo alcalde de Barcelona, si la capacidad de influencia política no se traduce en garantías industriales.
Porque Martorell no es solo una fábrica. Es una red de ingenierías, fabricantes de componentes, empresas logísticas, talleres, moldes y proveedores. Cuando Nissan se marchó, no desapareció solo una planta: catorce empresas auxiliares y 1.650 trabajadores sufrieron sus consecuencias. Si Martorell pierde volumen, modelos o capacidad de decisión, el impacto no quedará confinado en la línea de producción. Recorrerá toda la cadena de valor.
Y mientras la industria afronta ese horizonte, la movilidad cotidiana sigue instalada en la excepcionalidad. Cercanías no acaba de salir de la emergencia. En junio solo el 50,5% de los trenes cumplieron el horario programado. Cuando el sistema falla, la solución habitual es poner autobuses allá donde deberían circular trenes.
La AP-7 tampoco necesita mucho para colapsar. Un accidente puede convertir al principal corredor viario del país en una trampa durante horas.
Esto no es una política de movilidad. Es administración de la emergencia.
Y después está Protección Civil. El 9 de septiembre, frente a una previsión de peligro 5 sobre 6, el Gobierno suspendió las clases, la actividad universitaria y parte de la actividad sanitaria y deportiva en varias comarcas. También recomendó el teletrabajo y restringir la movilidad entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde. El aviso se dio con menos de catorce horas de margen.
La prevención es necesaria y no se puede reprochar a un gobierno que actúe frente a un riesgo meteorológico. Pero precisamente porque las decisiones tienen consecuencias sobre cientos de miles de personas, deben ser proporcionadas, comprensibles y bien explicadas.
Aquella mañana llovió con fuerza en el Garraf y hubo afectaciones en Cercanías y en el aeropuerto, pero no se produjeron incidencias graves. Hacia las nueve, las células más activas descargaban en Ripollès, Garrotxa y Berguedà, fuera de buena parte de las comarcas donde se habían suspendido las clases.
No se trata de culpar al meteorólogo porque una tormenta cambie de trayectoria. La meteorología es probabilística. La política, en cambio, consiste precisamente en gestionar esta incertidumbre. La pregunta es si la Generalitat sabe convertir una previsión en una decisión pública bien calibrada, o si la única forma de protegerse políticamente es actuar siempre con el máximo despliegue posible.
Porque gobernar también es saber medir.
Y todavía queda Interior.
Josep Lluís Trapero ha dimitido como director general de la Policía tras las desavenencias con la consejera Núria Parlon a raíz del nombramiento de Sílvia Catà, hasta ahora jefa de los Mossos en Girona, como máxima autoridad del cuerpo. La decisión ha abierto un conflicto que no puede liquidarse con una nota de prensa ni con apelaciones genéricas a la confianza.
Pocos días antes también había sido cesado el secretario general de Interior, Tomàs Carrión, sustituido por Joana Ricardo Hoyos. El resultado es una profunda renovación de la cúpula del departamento.
Y aquí es necesario separar dos cuestiones que a menudo interesadamente se confunden. El problema no es que una mujer dirija a los Mossos. El problema sería que el simbolismo político pesase más que la competencia profesional, o que un nombramiento se hiciera contra los criterios de la dirección del cuerpo sin una explicación convincente de los motivos.
La igualdad no necesita nombramientos simbólicos. Y la seguridad no puede ser un escaparate ideológico.
La ruptura con Trapero obliga, por tanto, a Núria Parlon a explicar qué criterios objetivos han determinado los cambios. No porque una persona sea insustituible, sino porque una policía democrática necesita una cadena de mando sólida, profesional y previsible. Cuando esa confianza se rompe, el problema deja de ser interno.
PISA. SEAT. Cercanías. La AP-7. Protección Civil. Los Mossos.
No son seis crisis independientes. Son seis ventanas abiertas sobre el mismo problema.
En todas ellas aparecen, con intensidades diferentes, los mismos defectos: previsión insuficiente, respuesta tardía o mal calibrada, responsabilidades difusas y una comunicación más preocupada por controlar el relato que por asumir sus consecuencias.
El Gobierno de Illa llegó al poder prometiendo normalidad. Pero la normalidad no es que los problemas dejen de hacer ruido. La normalidad es que los servicios públicos funcionen, que las instituciones anticipen los riesgos, que los responsables respondan por sus errores y que las decisiones se tomen de acuerdo a criterios de competencia e interés general.
Catalunya no cae de golpe. No existe un único desastre que lo explique todo. Un país se deteriora de otra forma: servicio a servicio, tren a tren, escuela a escuela, empresa a empresa, decisión a decisión.
Esta es la crisis que retrata el Gobierno Illa.
No la crisis de un día concreto, sino la normalización de la mediocridad. No el error excepcional, sino la incapacidad de corregirlo. No la carencia de recursos, sino la falta de gobierno.
La prevención meteorológica es necesaria. Pero suspender la actividad en cinco comarcas exige precisión, proporcionalidad y explicaciones. #ProtecciónCivil Compartir en X
