Catalunya no necesita una nueva operación de maquillaje. Tampoco le basta con una alternancia entre los partidos existentes. Necesita una disrupción política: una irrupción de la sociedad civil organizada capaz de romper un sistema estancado, modificar sus prioridades y recuperar la capacidad de actuar como país.
El problema catalán no es solo la mala gestión de un gobierno o la debilidad de una oposición. Es más profundo. Catalunya vive una crisis propia, de carácter existencial: pierde progresivamente la capacidad de garantizar su continuidad como comunidad nacional y su prosperidad económica.
Esta continuidad afecta a la lengua y la cultura, la memoria histórica, las tradiciones, las costumbres y el derecho propio. Pero también la renovación demográfica, la cohesión social y la incorporación de los recién llegados a un proyecto catalán compartido. Una nación no desaparece solo cuando pierde sus instituciones. También puede desvanecerse cuando deja de transmitirse, de integrar y de saber qué quiere ser.
La crisis afecta igualmente a la economía. La Catalunya moderna fundamentó su identidad en el trabajo, la iniciativa, el ahorro, la industria y una prosperidad superior a la media española y europea. Esta ventaja se ha erosionado en el primer caso y se ha perdido en el segundo. El riesgo ya no es solo perder posiciones, sino perder los instrumentos, las élites y la voluntad colectiva necesarios para gobernar nuestro futuro.
Y todo esto sucede dentro de la gran policrisis española. No es una simple acumulación de problemas, sino un conjunto de crisis que se entrelazan y se refuerzan: crisis política e institucional, por la degradación de la confianza y de los contrapoderes; moral y cultural, por la desaparición de referencias compartidas; demográfica y familiar, por la baja natalidad y el envejecimiento; económica y social, por la pérdida de poder adquisitivo, la vivienda inaccesible y el debilitamiento de las clases medias.
Es, ante todo, una crisis de rumbo. España no dispone de un proyecto común capaz de ordenar prioridades, movilizar voluntades y ofrecer un futuro compartido. Catalunya tampoco.
No será un partido más
El PSC gobierna, sus socios lo sostienen y la oposición protesta, pero ninguno de estos actores logra modificar las condiciones que producen la decadencia. Comparten demasiadas inercias, dependencias, silencios e incapacidades. Se reparten las instituciones, pero no transforman el país.
La disrupción necesaria no consiste en añadir otra sigla al Parlamento. Tiene que surgir de la sociedad civil y adoptar la forma de una agrupación de electores: elecciones sí, partido no.
Una candidatura independiente de las maquinarias, con personas dotadas de autoridad cívica, implantación territorial y un breve programa de diez o doce compromisos concretos, medibles y exigibles.
Su centro debe ser el bien común: remover las condiciones que impiden una vida digna y favorecer a aquellas que hacen posible el desarrollo de las personas y de la comunidad.
Esto significa situar en primer término la dignidad humana, la familia, la maternidad y la infancia. Quiere decir vivienda asequible para los jóvenes y las familias con hijos; escuelas que transmitan conocimientos, capacidades y virtudes; una integración exigente de los recién llegados y el catalán como lengua común.
Significa también proteger el pequeño comercio, las pymes y los autónomos; aumentar la productividad para que el crecimiento se traduzca en poder adquisitivo; recuperar la sanidad; poner en funcionamiento Cercanías, carreteras, autopistas e infraestructuras que se deterioran mientras las administraciones multiplican planes y anuncios.
Hay que reformar la Administración, impulsar una ley electoral catalana y aplicar en serio la subsidiariedad, confiando más en las entidades que resuelven necesidades reales. Y es necesario suprimir las subvenciones y los convenios destinados a promover ideología en lugar de servir a las personas.
También deben reformarse la televisión y la radio públicas para que estén al servicio del país, sean plurales y consuman menos recursos. En la Administración catalana hay desperdicio, organismos prescindibles y escándalos que parecen intocables. Sin sacudir ese entramado, toda promesa de cambio será retórica.
Barcelona puede abrir el camino
Barcelona es el sitio donde esta disrupción puede empezar. La ley exige a una agrupación de electores 8.000 firmas autenticadas para presentarse a las municipales. También establece una barrera del 5% de los votos válidos para entrar en el reparto de concejales. En términos políticos, un objetivo de unos 40.000 votos permitiría superarla con margen y podría dar dos o tres concejales, según la distribución final. No es una fantasía: es una operación difícil pero perfectamente posible. La LOREG lo regula en los artículos 180 y 187.
Barcelona necesita un espacio público seguro, limpio y compartido; contención turística cuando el visitante externaliza sobre el residente los costes de congestión, limpieza, seguridad y ocupación del espacio público; más vivienda, mejor movilidad y una administración concentrada en lo necesario.
Sin embargo, el valor de la candidatura iría más allá del Ayuntamiento. Aportaría visibilidad, experiencia, cuadros y credibilidad. Demostraría que la sociedad civil puede dejar de lamentarse, organizarse y actuar.
Ocho mil firmas permitirían empezar. Cuarenta mil votos demostrarían que se ha abierto una posibilidad. Unos primeros concejales significarían que, finalmente, alguien ha dado la campanada. Y que Catalunya vuelve a moverse.
En Barcelona se necesitan 8.000 firmas para empezar. Unos 40.000 votos demostrarían que la ruptura del estancamiento es posible. #Barcelona2027 #DisrupciónPolítica Compartir en X
