Salvador Illa quiere explicar el 14 de septiembre la Catalunya de los próximos diez años. Pero antes debería aclarar una pregunta: ¿por qué una economía que crece no consigue que una parte importante de los catalanes viva mejor? El PIB aumenta, el empleo marca récords y la población se expande. Pero la vivienda se aleja, las infraestructuras se saturan y la renta por habitante pierde posiciones. Es el prodigio estadístico de crecer sin prosperar.
BBVA Research prevé que el PIB catalán crezca un 2,4% en 2026 y un 2,5% en 2027, impulsado por el consumo, los servicios y el empleo. Es una buena noticia, pero insuficiente. El Informe Fénix señala que el PIB per cápita catalán ha pasado de estar seis puntos por encima de la media europea en el 2000 a situarse seis puntos por debajo, mientras que la productividad relativa ha bajado del 92% al 87% de la media europea. Los cálculos y algunas inferencias del informe han sido discutidos por otros economistas, pero la pregunta central sigue intacta: ¿qué valor por persona produce el modelo?
El turismo no es el único responsable ni debe convertirse en cabeza de turco. Pero un crecimiento concentrado en actividades intensivas en mano de obra, bajos salarios y demanda continua de vivienda y servicios públicos puede elevar el PIB total y reducir, al mismo tiempo, el bienestar por habitante. El Gobierno suele exhibir el primer indicador y hablar poco del segundo. Illa debería presentar tres series netas de inflación: renta disponible per cápita, productividad por hora y salario real medio. Lo demás es contar como prosperidad el simple hecho de que cada vez somos más gente por los mismos servicios.
La vivienda es su consecuencia más visible. El Govern promete 50.000 viviendas públicas hasta el 2030 y anuncia una inversión anual de 1.100 millones. El objetivo es necesario porque el alquiler social representa aproximadamente el 2% del parque, muy lejos de la media europea. Pero un plan no se mide por las viviendas “movilizadas” o “en marcha”, expresiones de una elasticidad admirable. Es necesario publicar, municipio por municipio, el suelo disponible, las licencias concedidas, las obras iniciadas, las viviendas terminadas y la fecha de entrega.
La política de vivienda también ha producido una chapuza legislativa. Gobierno y Comunes quisieron limitar por lectura única la compra considerada especulativa en zonas tensionadas. El Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó por unanimidad que el texto vulneraba competencias estatales y derechos como la propiedad, herencia, libertad de empresa y seguridad jurídica. El dictamen no es vinculante, pero ha obligado a los promotores a volver a la casilla de salida. La emergencia habitacional no justifica redactar mal; por el contrario, obliga a legislar mejor.
La promesa de hacer una administración «más ágil» tampoco ha pasado todavía de la fase inicial. El anteproyecto de simplificación urbanística y ambiental, que quiere reducir planeamientos de dos años a seis u ocho meses y conceder determinadas licencias en un mes, sigue en información pública hasta el 30 de septiembre. Dos años después de la llegada de Illa, la gran reforma antiburocrática es todavía un anteproyecto.
La financiación ofrece otra promesa pendiente. La revisión del modelo vencido en el 2014 dispone ahora de una propuesta que aportaría 4.686 millones adicionales a Catalunya. Pero está por superar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Consejo de Ministros y el Congreso. La reunión decisiva fue aplazada del 30 de julio al 4 de septiembre. Por tanto, hoy no hay nuevo modelo: hay una propuesta. Y la recaudación íntegra del IRPF pactada inicialmente con ERC se ha rebajado y desplazado al calendario.
Mientras, la inversión estatal mantiene el desequilibrio. En 2025, Catalunya recibió 1.321 millones, el 8,6% de la inversión regionalizada, a pesar de representar cerca del 19% del PIB y el 17% de la población. Madrid superó los 3.200 millones. El 8,6% no es el grado de ejecución presupuestaria, sino la cuota catalana del total ejecutado: un dato distinto, pero igualmente severo. Adif fue la principal excepción, con 579 millones, lo que dice menos sobre el privilegio ferroviario que sobre la magnitud del desastre acumulado.
La Cámara de Comercio calcula que Catalunya necesita 53.800 millones de euros de inversión en infraestructuras hasta el 2043, el 77% de los cuales deberían ir a cargo del Estado. La lista es conocida: Cercanías, el corredor mediterráneo, el tramo central de la L9, la prolongación de la L8, la B-40 entre Terrassa y Sabadell, nuevos enlaces y carriles en la AP-7 y mejoras en la N-II y en la N-340.
Sobre el aeropuerto existe una propuesta de 3.200 millones de euros que incluye el alargamiento de 500 metros de la pista de mar, pero sigue pendiente de trámites y garantías ambientales exigidas por las instituciones europeas. No es cierto que no haya proyecto; tampoco es cierto que el problema esté resuelto.
Mientras, la viña catalana se enfrenta a excedentes de producción y a precios que podrían situarse muy por debajo de los costes estimados, entre 0,53 y 0,56 euros por kilo. Unió de Pagesos alerta de que hasta un 20% de la vendimia podría quedar sin comprador.
A su vez, Collserola, afectada por las restricciones derivadas de la peste porcina africana, ha sufrido dos incendios durante el mes de agosto. El del día 25 ardió unas 35 hectáreas, obligó a desalojar a 35 vecinos y a confinar cerca de 14.000. Las restricciones sanitarias en un espacio como Collserola pueden ser necesarias por un tiempo. Sin embargo, mantenerlas indefinidamente resulta difícilmente sostenible y acaba transmitiendo una imagen de impotencia administrativa más que de control efectivo de la situación.
La Catalunya de 2035 necesita proyectos. La de 2026 necesita ejecución, plazos, productividad y rendición de cuentas. Si la pregunta es si hoy vivimos mejor por habitante, Illa no puede responder con el PIB total ni hacer castillos en el aire. Debe responder con resultados. Y, por ahora, los resultados indican que no.
Antes de hablar de 2035: el balance pendiente de Salvador Illa (II)
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La Catalunya de 2035 necesita proyectos. La de 2026 necesita ejecución, plazos, productividad y rendición de cuentas. #SalvadorIlla Compartir en X
