Ocho años de Gobierno permiten distinguir la propaganda de los resultados. No todo problema nació con Pedro Sánchez ni todo depende de la Moncloa. Pero gobernar significa anticipar, corregir y rendir cuentas, también cuando las competencias son compartidas.
Estos son veinticinco fallos y problemas no resueltos: hechos cuantificados, carencias de gestión y responsabilidades políticas que no pueden disolverse en otra campaña de anuncios.
1. Vivienda: crisis de oferta. El Ejecutivo no generó suelo disponible, financiación y colaboración autonómica y municipal. Resultado: déficit de más de 700.000 viviendas, especialmente viviendas protegidas, alquileres prohibitivos, emancipación aplazada, obstáculos para formar familias y movilidad laboral reducida.
2. Vivienda: protección sin solución. Las restricciones al alquiler no crean pisos. Sin parque público suficiente, parte del coste de atender a hogares vulnerables recae en pequeños propietarios; se necesita alojamiento alternativo financiado públicamente, compensación efectiva y seguridad jurídica para mantener la oferta.
3. Productividad estancada. El PIB crece, pero demasiados empleos proceden de sectores de bajo valor añadido. Faltan inversión tecnológica, empresas de mayor tamaño y cualificación que permitan salarios reales sostenidamente superiores. ¿De qué han servido los Fondos Next Generation, el Plan Marshall del siglo XXI? Sánchez es responsable de una oportunidad histórica perdida.
4. Prosperidad poco compartida. La mejora de rentas agregadas no refleja lo que queda después de impuestos, inflación y vivienda. Jóvenes e inquilinos soportan el mayor deterioro de capacidad adquisitiva; el indicador decisivo es la renta disponible después de pagar los gastos esenciales, y esta está peor que antes de que Sánchez llegara al poder. Vivienda, coste de la vida, presión fiscal y cargas laborales se comen todos los progresos.
5. Trabajo y familia fiscalmente penalizados. La cuña fiscal de 2025 alcanza el 41,4 % del coste laboral para un soltero medio y el 36,8 % para una familia con dos hijos y un sueldo: solo 4,6 puntos de ventaja familiar. Así es imposible mantener una familia.
6. Pobreza infantil persistente. En 2025, el 33,8 % de los menores españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 24,3 % europeo. La brecha de 9,5 puntos evidencia la insuficiencia de las políticas de redistribución, especialmente para hogares con hijos y bajos ingresos.
7. Natalidad sin respuesta estructural. Con 1,10 hijos por mujer en 2024, España carece de una política familiar suficiente de vivienda, conciliación y apoyo estable a la crianza. Los permisos de nacimiento no sustituyen el apoyo económico durante los años de crianza; el envejecimiento agrava las pensiones y los cuidados.
8. Maternidad desprotegida. En 2024 hubo 106.172 abortos. Hace falta asegurar que toda embarazada con dificultades reciba a tiempo información, ayudas económicas, alojamiento y acompañamiento para poder optar realmente por la maternidad.
9. Educación en retroceso. PISA 2025 registra 451 puntos en lectura y 457 en matemáticas: caídas de 23 y 16 puntos desde 2022. Cataluña carece de evaluación territorial comparable por la exclusión del 23,2 % de su muestra. Es un desastre.
10. Sanidad: esperas inadmisibles. En diciembre de 2025 había 853.509 personas pendientes de cirugía, con 121 días de demora media; el 21,6 % superaba los seis meses. Las autonomías gestionan; el Estado debe coordinar recursos y profesionales. No lo hace ni proporciona la inversión suficiente.
11. Prestaciones que no llegan. Según AIReF, el 52 % de los hogares elegibles para el ingreso mínimo vital y el 71 % para el complemento infantil no lo solicitaron en 2025. Además, la dependencia acumulaba 341 días de tramitación media en diciembre de 2025. Una prestación inaccesible o tardía no protege.
12. Pensiones sin seguridad futura. AIReF proyecta un gasto bruto medio del 14,6 % del PIB entre 2022 y 2050 y advierte que cumplir la regla legal no garantiza la sostenibilidad. No son gastos ya realizados, sino proyecciones que obligan a debatir la carga sobre los cotizantes futuros y la equidad entre generaciones.
13. Deuda elevada. En junio de 2026 superaba los 1,76 billones de euros, aproximadamente el 101 % del PIB. Aunque disminuye la ratio interanual, la deuda nominal aumentó un 4,2 % en un año: falta una revisión del gasto que preserve servicios y genere margen para nuevas crisis. Y esto, a pesar de que la inflación ha engordado las arcas del Estado.
14. Inmigración sin capacidad de acogida. El saldo exterior positivo fue de 626.268 personas en 2024. La inmigración aporta trabajo y contribuyentes, pero la planificación de vivienda, escuelas, sanidad, aprendizaje del idioma e integración cívica no acompaña ese ritmo de crecimiento. La inmigración desordenada y masiva ha sido el signo de la política del Gobierno. La mayoría, sobre todo las rentas inferiores, pagan las consecuencias.
15. Ceuta: crisis mortal de coordinación. En julio de 2026 entraron unas 70.000-80.000 personas y las autoridades locales comunicaron al menos un centenar de fallecidos. Las discrepancias documentadas sobre alertas y comunicaciones previas exigen esclarecer la cadena de mando y depurar responsabilidades políticas y, en su caso, penales. La situación de Ceuta, tantos días después, continúa siendo un desastre.
16. Gobierno sin presupuestos nuevos. Las prórrogas sucesivas para 2024, 2025 y 2026 han eliminado el debate anual sobre prioridades. El Constitucional admitió el conflicto promovido por el Senado porque la Constitución obliga a presentar el presupuesto cada año. Sánchez se lo ha pasado reiteradamente por el forro.
17. Contrapoderes sometidos a tensión. La Comisión Europea mantiene recomendaciones sobre la elección del CGPJ y la autonomía de la Fiscalía, que el Gobierno ignora. Deslegitimar a los jueces o tratar los controles institucionales como ataques políticos degrada la separación de poderes.
18. RTVE e independencia cuestionada. Los consejos de informativos han denunciado interferencias; el seguimiento europeo identifica un riesgo medio-alto para la independencia del servicio público audiovisual. Los medios públicos necesitan nombramientos y garantías editoriales independientes del Ejecutivo. Hoy, después de los cambios legales de Sánchez, no existen.
19. Corrupción en el entorno del poder. El Supremo condenó en junio de 2026 a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas. No prueba la culpabilidad penal de Sánchez, pero obliga a exigirle responsabilidad política por nombramientos y vigilancia, más aún cuando los casos ante los juzgados, incluidos los de su mujer, Begoña Gómez, afectan a decenas de altos cargos del partido y del Gobierno. Como mínimo, Sánchez es culpable de la omisión reiterada de su obligación de «in vigilando».
20. Amnistía a cambio de apoyos. La rectificación política para asegurar la investidura dañó la confianza en la igualdad ante la ley. Su aval constitucional no elimina el debate sobre oportunidad, principios y negociación parlamentaria. Y cómo algo que declaraba inconstitucional antes de las elecciones se convirtió en panacea cuando necesitó los votos de Junts.
21. Ley del «solo sí es sí»: errores previsibles. La reforma penal de 2022 propició revisiones de condenas a abusadores de mujeres y hubo que corregirla mediante la Ley Orgánica 4/2023. La protección de las víctimas exigía precisamente lo contrario: evaluaciones jurídicas rigurosas y una rectificación inmediata.
22. Emergencias mal preparadas. La gestión de la pandemia sufrió reproches constitucionales por el segundo estado de alarma. Inundaciones y otras crisis reclaman alertas tempranas, competencias claras y coordinación operativa, no excusas cruzadas.
23. Rodalies: un fracaso enquistado. Las interrupciones reiteradas y los desacuerdos sobre seguridad tras el temporal de octubre de 2026 revelan insuficiencias de mantenimiento y coordinación entre Adif, Renfe y la Generalitat. Un anuncio de inversión o de traspaso no equivale a puntualidad. El desastre daña la vida de muchas personas y la economía.
24. Transición energética sin red suficiente. El apagón de abril de 2025 reveló fallos combinados de operación y control de tensión. Faltan redes, almacenamiento y gestión flexible.
25. Política exterior sin consenso. El giro sobre el Sáhara de 2022 se produjo sin un acuerdo parlamentario amplio ni suficiente previsión de consecuencias para Argelia y la seguridad fronteriza. La política hacia Marruecos es incomprensible; el conjunto de la política exterior no refleja tanto los intereses de Estado como los de partido. Al final, Sánchez ha quedado en un rincón del espacio político europeo, aislado y considerado poco fiable. La regularización masiva de inmigrantes sin diálogo previo ha sido el último clavo de su desprestigio. La diplomacia de Estado exige continuidad.
Hay una pregunta que Sánchez debería responder después de ocho años: ¿qué problemas estructurales ha resuelto? Nuestro balance identifica 25 fallos. La democracia necesita resultados y responsabilidades, no nuevos anuncios. Compartir en X
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