Tras ocho años de silencios clamorosos, de concertación permanente y de intercambio de cromos con el Gobierno, UGT y CCOO han despertado. Los dos grandes sindicatos, fuertemente vinculados a las subvenciones públicas y a la estructura institucional del Estado, convocan una huelga general para el 11 de noviembre, dos días antes de que comience la campaña electoral y con las Cortes disueltas.
La coincidencia es extraordinaria. Todos los presidentes del Gobierno desde la Transición han tenido que afrontar alguna huelga general, excepto Pedro Sánchez, que hasta ahora había disfrutado de una paz sindical envidiable. No porque faltaran motivos. Durante su mandato ha estallado la crisis de la vivienda, agravada sobre todo desde 2021, mientras muchas familias trabajadoras han visto deteriorarse la relación entre salarios y coste de la vida.
Pero UGT y Comisiones Obreras parecían no darse por enteradas.
La pregunta del millón es muy sencilla: ¿por qué convocan ahora una huelga general?
Las reivindicaciones son conocidas: mejores salarios, vivienda asequible, negociación colectiva y reducción de jornada. El problema no es qué piden, sino cuándo lo piden y, sobre todo, qué posibilidades reales hay de conseguirlo con unas elecciones ya convocadas y el Parlamento disuelto.
Una huelga general es un instrumento de presión destinado a obtener resultados. ¿Qué resultados legislativos pueden conseguirse ahora que no se hayan podido exigir durante los ocho años anteriores? ¿Por qué no presionaron cuando el Gobierno podía negociar y aprobar reformas con las Cortes en funcionamiento?
El calendario ofrece una respuesta.
La propia UGT de Cataluña vincula en su propaganda la movilización del 11-N con la participación electoral del 29-N. La huelga aparece así inserta, explícitamente, en el relato electoral.
El otro sindicato importante, USO, lo ha explicado con claridad: con el Parlamento disuelto, no existe un destinatario real para estas reivindicaciones.
La cuestión no es negar la legitimidad de la protesta. Es preguntarse si su utilidad principal consiste en mejorar las condiciones de los trabajadores o en intervenir en el clima político preelectoral.
Madrid protesta; Barcelona también, pero se nota menos
Hay otra paradoja reveladora. La acampada de la Puerta del Sol contra los desahucios ha adquirido un protagonismo mediático considerable. En Barcelona, la plaza de Cataluña también acoge una acampada por la vivienda. Pero el contraste en la prominencia informativa resulta llamativo.
No es que la protesta barcelonesa no haya sido noticia. Es que no parece ocupar ni de lejos el mismo espacio en la jerarquía informativa de los grandes medios. Basta con considerar la presencia de ambas protestas en las portadas, los informativos de televisión y las tertulias.
¿Por qué esta diferencia? ¿Tiene algo que ver que en Madrid gobierne el PP y en Cataluña, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, los socialistas?
Es una pregunta pertinente que merecería una respuesta periodística.
Los desahucios bajan mientras aumentan las protestas
Los datos del Consejo General del Poder Judicial introducen una contradicción aún más sorprendente.
Durante el primer semestre de 2019, los lanzamientos judiciales derivados de la legislación de arrendamientos urbanos se acercaban a los 20.000. Con la pandemia se desplomaron, se recuperaron parcialmente en 2021 y 2022 y, posteriormente, iniciaron un nuevo descenso.
En el primer semestre de 2026 solo se han registrado 4.499: una caída interanual del 59%. La cifra es excepcionalmente baja. Hay que precisar que la estadística incluye también otros inmuebles, no exclusivamente viviendas.
Precisamente ahora, cuando los desahucios judiciales se encuentran en mínimos históricos, las protestas alcanzan una intensidad extraordinaria.
Eso no significa que cada desahucio no pueda constituir un drama humano. Pero la política pública no puede construirse prescindiendo de las proporciones.
Los casos de vulnerabilidad que necesitan una respuesta específica de la Administración son perfectamente identificables. ¿Por qué no existe un sistema público suficientemente eficaz para garantizarles una alternativa habitacional sin descargar sistemáticamente sobre el propietario particular el coste de la protección social?
Proteger a los vulnerables expulsando a los más débiles
Mientras tanto, el mercado del alquiler presenta esta realidad. En Barcelona, la oferta anunciada de alquiler permanente disminuyó un 11% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según Idealista. Las organizaciones inmobiliarias alertan también de la retirada de viviendas del mercado tras los últimos anuncios regulatorios.
Parte de las operaciones se desplaza hacia circuitos menos visibles: contactos personales, recomendaciones, negociaciones discretas y exigencias crecientes de solvencia.
En estas condiciones, ¿quién tiene más posibilidades de conseguir un piso? ¿El trabajador con ingresos elevados, estabilidad laboral, avales y contactos, o el joven, el autónomo y la familia con rentas modestas?
La respuesta es evidente.
Una política concebida para proteger a los más débiles socialmente puede acabar dificultando aún más su acceso a la vivienda. Se protege a una parte de los inquilinos actuales mientras se elevan las barreras de entrada para los futuros.
Es una contradicción que exige abordar simultáneamente la seguridad jurídica, la oferta disponible, la construcción de vivienda y la protección pública de las familias vulnerables.
Pero todo esto requiere años de trabajo, decisiones difíciles, recursos y una política coherente. No se resuelve con una sucesión de decretos, consignas y movilizaciones oportunistas.
Lo que resulta difícil de explicar es que los sindicatos hayan esperado hasta las puertas de las elecciones para descubrir la gravedad de unos problemas que llevan años condicionando la vida de los trabajadores.
La política se vuelve profundamente retorcida cuando deja de buscar soluciones y se dedica a fabricar relatos de veinticuatro horas favorables al poder.
Los sindicatos han esperado hasta las puertas de las elecciones para descubrir la gravedad de unos problemas que llevan años condicionando la vida de los trabajadores. #11N #UGT #CCOO Compartir en X
