Sánchez debe dimitir como condición necesaria para que la política recupere la capacidad de diálogo y consenso. Él ha llevado las cosas a un extremo que su continuidad comporta una profunda y progresiva ruptura con las condiciones que hacen posible la democracia y el estado de derecho.
Es evidente que para pelearse hacen falta dos y que el PP tiene una parte importante de responsabilidad en el clima político actual. Él y sus entornos mediáticos. Pero en modo alguno se puede atribuir a esta formación la principal responsabilidad con el escenario actual. La idea de que todo sucede por las descalificaciones populares a Sánchez, porque existe un sector de prensa muy hostil que acude a la difamación y que se dan casos de law fare entre los jueces, no es reflejar la parte más importante de la realidad.
Todas estas cuestiones afectan, y aún con más fuerza, al Gobierno de Sánchez por una razón fundamental: es él quien tiene el poder y, por tanto, la máxima responsabilidad. En una situación como la actual, debe ser el gobierno el primero en rectificar para construir un nuevo ambiente y práctica política. Más cuando hace 5 años, que no son 4 días, que es quien mantiene todo el poder y es él quien ha desarrollado una política de amigos y enemigos en relación con el funcionamiento de las instituciones.
Ha reducido la presidencia del Congreso, un cargo de elevada responsabilidad constitucional, y la Mesa a una simple dependencia de la Moncloa, convirtiéndolos en una caricatura de lo que han sido estas instituciones durante todos los años de funcionamiento de la democracia.
Ha ejercido un control ostentoso y desmedido de la fiscalía general del estado, que presenta un deterioro insólito, hasta el extremo de que el actual titular ha sido calificado de no idóneo por el Tribunal Supremo.
Es una muestra más de la supeditación de instancias estatales a una persona.
La manipulación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con Tezanos al frente, es un motivo de descrédito para este importante organismo y de escándalo político. Es una práctica generalizada. En estos momentos el director del Instituto Cervantes ha optado por un acto con artistas apoyando a Sánchez. Es una muestra más de la supeditación de instancias estatales a una persona.
El Tribunal Constitucional se ha convertido en un escándalo a partir del nombramiento de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los últimos magistrados designados por el gobierno. Pero la razón del escándalo no es tanto por los nombramientos como por la práctica que ha ido desarrollando que deja reducida la instancia garante de la constitucionalidad a un organismo progubernamental. Incluso el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha quedado libre de la guerra por el control que desarrolla el presidente del gobierno.
La vida parlamentaria se ha visto degradada en un grado extremo. Han convertido las sesiones del control al gobierno en sesiones de ataque a la oposición.
Se produce una burla sistemática del debate parlamentario, negociación y búsqueda del consenso y del mejor contenido de las leyes. Se hace utilizando el subterfugio de transformar proyectos de ley en propuestas, a fin de ahorrarse informes externos, comparecencias y tramitaciones con más garantías. Se ha abusado hasta niveles nunca vistos de la vía de urgencia injustificada para aprobar leyes y decretos leyes. Nunca se habían hecho tantos en tan poco tiempo. La democracia parlamentaria ha quedado trastornada con la dictadura de la mayoría.
Ha convertido la memoria histórica en arma política y ha liquidado todo el esfuerzo de reconciliación llevado a cabo en la transición hasta el extremo de extender el período de presuntas responsabilidades históricas hasta 1983, aceptando así una iniciativa de Bildu.
Ha deslegitimado a la oposición como alternativa de gobierno. ¿Pero qué democracia puede existir si no hay alternativa?
Ha introducido un nuevo lenguaje de descalificación que parte al país en dos partes. La suya y todos los demás que pertenecen a la «fachoesfera»: todo discrepante es un miembro facha. En sede parlamentaria ha consagrado la existencia de un «muro» que separa a los buenos, él y los suyos, de todos los demás. En definitiva, ha deslegitimado toda crítica y disidencia.
La carta es un modelo de este lenguaje y pensamiento que incluso ha sido criticada por personas como el periodista de El País Fernando Vallespín por situar a todo el mundo que discrepa en el mismo saco y por utilizar un sistema de comunicación propio de prácticas populistas culminadas con la manifestación de adhesión incondicional al líder.
Todo esto no tiene solución con Sánchez en el gobierno. Se necesita una nueva alternativa por parte del socialismo y, por tanto, su decisión es una condición necesaria para el bien común.
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