La gran crisis, una auténtica policrisis por la diversidad de causas y manifestaciones que afectan a la Unión Europea en su conjunto y a la mayoría de sus Estados, así como a Estados Unidos, está siendo abordada por las fuerzas que habitualmente han gobernado sin atender suficientemente a las causas que la han hecho posible.
En lugar de ello, buena parte del debate político se centra en combatir las reacciones que han cobrado fuerza en todas partes: los partidos de extrema derecha, de derecha radical o, según las preferencias terminológicas, de derecha alternativa, cada vez más reducidos bajo la etiqueta de «fascismo».
Pedro Sánchez es un ejemplo cercano y desde el Gobierno. Representa una concepción bastante extendida a ambos lados del Atlántico que, en lugar de asumir las causas de la policrisis y la parte de responsabilidad que corresponde a las fuerzas que han gobernado, tiende a negarlas o a minimizarlas y a centrar el problema en la reacción política que estas mismas dinámicas han contribuido a generar.
Las fuerzas que han guiado a las instituciones occidentales durante las últimas décadas deben responder también por las condiciones económicas, sociales y culturales en las que ha crecido la reacción política contra ellas. Denunciar los riesgos de esta reacción no sustituye a la evaluación de las políticas que la han precedido ni sus consecuencias.
La responsabilidad de las mayorías que han gobernado Occidente se entiende mejor si se identifica la convergencia que ha sostenido parte importante de sus políticas. Durante estas décadas, sectores del liberalismo cosmopolita asociado a la globalización y sectores de la izquierda progresista centrados en el género y las identidades han mantenido una alianza objetiva: sus programas, intereses y concepciones de la emancipación han podido reforzarse mutuamente sin necesidad de un acuerdo general que los coordine.
Esta convergencia ha favorecido un desplazamiento del centro del conflicto político.
Las cuestiones relativas a la propiedad, la organización de la producción, la distribución y la redistribución económicas, el poder económico y la participación de los trabajadores han perdido centralidad frente a los conflictos sobre identidad, sexualidad y reconocimiento de las identidades LGBTIQ.
Esta transformación cultural proporciona una clave para interpretar el cambio: la autonomía individual se convierte en un criterio central de la forma de vivir y permite presentar como emancipador un orden que, al mismo tiempo, puede conservar profundas desigualdades materiales.
Los sectores empresariales y financieros pueden incorporar determinadas demandas culturales sin modificar sustancialmente la distribución de la propiedad o del poder económico. A su vez, determinadas corrientes progresistas pueden obtener recursos, difusión y capacidad institucional para transformar normas y comportamientos.
Nancy Fraser, feminista y teórica política de izquierdas, plantea un argumento similar en su artículo The End of Progressive Neoliberalism (El fin del neoliberalismo progresista). Fraser describe la alianza norteamericana entre sectores del feminismo dominante, el multiculturalismo y los derechos LGBTIQ, por un lado, y sectores de las finanzas, la tecnología y las industrias culturales, por otro. Su argumento apunta precisamente a la legitimidad emancipadora de que determinadas demandas pueden aportar políticas económicas con consecuencias socialmente regresivas.
La coincidencia no requiere que todos los participantes deseen ocultar la desigualdad. Puede producirse mediante una determinada selección de prioridades: las demandas compatibles con la estructura económica existente obtienen más visibilidad, mientras que las que afectan a la propiedad, la fiscalidad o el poder corporativo encuentran mayor resistencia.
El cambio decisivo afecta a la propia definición de igualdad. Una cosa es facilitar que personas procedentes de grupos diversos accedan a cargos de responsabilidad; otra es reducir la distancia entre estos cargos y los trabajadores situados en la parte inferior de la estructura social.
Un gobierno corporativo más diverso, con más mujeres, gays, lesbianas o personas trans, puede convivir con salarios insuficientes, empleo precario y una concentración creciente del poder de decisión. La diversidad en las posiciones directivas no implica necesariamente una redistribución del poder económico. Mientras, problemas como la crisis de la vivienda, la falta de perspectivas para parte de la gente joven o las dificultades asociadas a la inmigración han ido ocupando un lugar central en el malestar social.
Es en este contexto que se pueden entender los partidos populistas de derecha y, en algunos casos, de derecha radical —Giorgia Meloni en Italia es un ejemplo— como una reacción a aquella deriva y al deterioro de la representación de determinados sectores sociales por parte de la socialdemocracia tradicional.
Esto no significa que estas fuerzas sean necesariamente homologables entre sí ni que sus políticas constituyan una respuesta suficiente a los problemas que denuncian. Pero también conviene evitar que cualquier reacción contra el progresismo sea automáticamente calificada de fascista.
La derecha radical, la extrema derecha, el autoritarismo y el fascismo no son categorías intercambiables.
Identificar un partido o movimiento con el fascismo exige justificarlo a partir de sus ideas, su organización y comportamiento político, no simplemente a partir de su discrepancia con el progresismo.
El fascismo histórico tenía un contenido político específico. Entre sus características se pueden señalar, de forma esquemática, las siguientes:
A. Supresión del pluralismo. El fascismo se caracteriza por la hostilidad hacia el pluralismo político y por la voluntad de subordinar a la sociedad a una determinada concepción política. En el debate contemporáneo, algunos sectores críticos con las políticas de cancelación cultural sostienen que determinadas prácticas de censura social o exclusión pueden entrar en tensión con el pluralismo. Sin embargo, esta cuestión requiere analizar los casos concretos y no permite establecer una equivalencia automática con el fascismo histórico.
B. Concentración del poder en un liderazgo. Los regímenes fascistas concentraron el poder en un fuerte liderazgo político, al margen de los mecanismos efectivos de control democrático. Esta característica es difícilmente asimilable, sin más, al funcionamiento de los actuales gobiernos democráticos, que están sometidos a elecciones, parlamentos, tribunales y otros mecanismos de control. La crítica a un liderazgo político concreto, por tanto, debería partir de hechos verificables sobre el uso del poder y no de una equivalencia retórica.
C. Ultranacionalismo excluyente y violencia política. El ultranacionalismo es una característica central del fascismo, así como la legitimación de la violencia política e, históricamente, la organización sistemática de la violencia contra los adversarios. En el debate contemporáneo, estas cuestiones deben analizarse caso por caso, atendiendo a las ideas, las estructuras organizativas y los comportamientos efectivos de cada movimiento. La inmigración, y particularmente la inmigración procedente de países musulmanes, es hoy uno de los ámbitos en los que estas tensiones se manifiestan con mayor intensidad.
D. Encuadre corporativo de la sociedad. El fascismo histórico aspiraba a integrar a la sociedad bajo estructuras corporativas fuertemente controladas por el Estado, con organizaciones profesionales, sindicales y juveniles sometidas al régimen. Esta dimensión es también fundamental para distinguir históricamente al fascismo de otras formas contemporáneas de derecha radical o autoritarismo.
Por tanto, las categorías no deberían confundirse. La crítica al progresismo, a la globalización o a las políticas migratorias no convierte automáticamente un movimiento en fascista; de la misma forma, que un movimiento sea democráticamente legítimo no implica que todas sus propuestas sean necesariamente eficaces o socialmente deseables.
El problema de fondo es, precisamente, la responsabilidad de las fuerzas que han gobernado en estas décadas. La convergencia objetiva entre el liberalismo de la globalización y determinados sectores de izquierda centrados en el género y las identidades puede haber contribuido a desplazar el conflicto político lejos de cuestiones como la propiedad, la redistribución, las condiciones laborales y el poder económico.
Esta convergencia permite también una operación política recurrente: ignorar o relativizar las propias responsabilidades en las transformaciones económicas y sociales del siglo XXI y, al mismo tiempo, desacreditar las reacciones que estas transformaciones han generado.
Este es el problema de fondo. Es posible que buena parte de estas reacciones no alcancen el nivel de soluciones de gobierno —como se puede discutir, con resultados y políticas concretas, en casos como Italia, Polonia o Hungría—. Pero esto no resuelve la cuestión anterior: las fuerzas que han gobernado durante décadas difícilmente podrán recuperar credibilidad si no identifican también su responsabilidad en las causas de la policrisis y no revisan aquellas políticas que han contribuido a generar sus consecuencias.
Los responsables de la policrisis no pueden sustituir el balance de sus políticas por la acusación de fascismo contra quienes reaccionan. Descalificar al adversario no resuelve las causas del malestar. #Policrisis #Política Compartir en X
