Pedro Sánchez: España se beneficiará de un nuevo «Plan Marshall»

Compás de espera. Todo el mundo pendiente del camino que lleva a la aprobación definitiva y entrada en vigor del plan europeo de recuperación económica contra la pandemia presentado por la Comisión Europea el 27 de mayo . El plan necesita primero el visto bueno del Consejo Europeo. Después tendrá que pasar las pruebas del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. El tiempo juega en contra de las necesidades de la economía europea. Vista la gravedad de la crisis, conviene que el proceso de aprobación se acelere lo máximo posible. En las circunstancias actuales, tres meses pueden marcar las diferencias. Se calcula que el plan podrá adoptarse en julio y que el primer dinero del fondo empezará a llegar antes de finales de año.

Mientras tanto, en Bruselas hierven los comentarios sobre el paso adelante que se está a punto de dar.

Para empezar, la UE necesitará dos reuniones del Consejo Europeo, como mínimo, para aprobar el plan de recuperación económica y no una como estaba previsto. La primera tendrá lugar en forma virtual el 19 de junio y la segunda se celebrará el mes de julio con los jefes de estado y de gobierno de los estados miembros de la UE reunidos físicamente, si es posible. Dadas las diferencias que separan al grupo de los cuatro «frugales» (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia) y el resto, se considera indispensable que la reunión decisiva sea presencial, como siempre en Bruselas, lo que ofrece unas posibilidades de negociación en pasillos y en forma bilateral que las videoconferencias no permiten.

En la reunión del COREPER (Comité de Representantes Permanentes o Embajadores de los Estados miembros ante la UE) del 3 de junio, preparatoria de ambas cumbres, se volvieron a poner de manifiesto las diferentes posiciones de los Estados miembros sobre el plan de recuperación. Una vez más, los países «frugales», liderados por Austria y los Países Bajos, fueron los que defendieron con más firmeza que el paquete financiero debe basarse en créditos de corta duración y no en transferencias, y siempre con una clara justificación del uso de los recursos. Algunos países, como Finlandia, se pusieron de lado de los «frugales». Son países que han llevado a cabo políticas presupuestarias ajustadas a sus disponibilidades recaudatorias, que no han estirado más el brazo que la manga y que disponen ahora de un amplio margen de gasto para reflotar sus empresas con ayudas monetarias puntuales de disposición inmediata, cosa que desgraciadamente no es el caso de España.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habla abiertamente de que España se beneficiará de un nuevo «Plan Marshall» y que llegarán unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo. Desde Bruselas, algunos no lo ven exactamente así .  Piensan que el gobierno español lo vende demasiado como un regalo. No hay que perder de vista que la Facilidad de Recuperación y Resiliencia (el primer pilar del plan que puede distribuir 310.000 millones en transferencias y 250.000 millones en créditos) tiene una condicionalidad específica : la presentación de planes de recuperación nacionales bien planteados y creíbles que detallen las reformas y las inversiones para impulsar de manera sostenible el crecimiento económico. Estos planes tienen etapas y los recursos están distribuidos en tramos siguiendo la conclusión de las etapas, las reformas o los proyectos de inversión. La Comisión Europea comprobará que los planes de los gobiernos nacionales, como el que España deberá presentar, estén en línea con los desafíos identificados en el llamado Semestre Europeo. Y por supuesto, que conduzcan a las transiciones verde y digital que tienen un carácter prioritario en la Comisión Von der Leyen. Si un Estado miembro no lleva a cabo las reformas comprometidas, verá denegado su acceso al fondo de recuperación. También se recuerda que, además, existe una  condicionalidad de carácter general en el presupuesto europeo.

Por otra parte, la cláusula general de escapada de los controles de deuda y déficit de los estados miembros de la UE, adoptada por la Comisión Europea al comienzo de la crisis, tarde o temprano se desactivará y entonces se volverán a aplicar las normas fiscales habituales: máximo de un 60 por ciento de deuda y de un 3 por ciento de déficit fiscal de los estados. España supera ampliamente estos límites y mucho más aún desde el comienzo de la pandemia. Además, se ha de atender aún a una negociación de última hora difícil en el seno del Consejo Europeo sobre los fondos a repartir. Algunos países no han visto con buenos ojos, por ejemplo, la intención de suprimir la reforma laboral española vigente o la introducción de un ingreso mínimo vital. Sobre este último, la misma Angela Merkel puede tener dificultades de hacerlo entender a sus ciudadanos, pues ellos no disponen de un sistema similar de renta mínima garantizada.

Cuando un Estado miembro presente un plan nacional, deberá explicar cómo contribuye a conseguir las prioridades en el Semestre Europeo , que es el mecanismo que supervisa las políticas económicas de cada estado y servirá también para verificar la buena utilización de las partidas del plan de recuperación económica. El proceso comenzará el mes de abril de cada año. El Semestre Europeo tiene un calendario según el cual los estados reciben asesoramiento de la UE y posteriormente presentan sus planes de actuación (programas nacionales de reformas y programas de estabilidad o convergencia) para su evaluación a escala comunitaria. Una vez evaluados estos planes, los estados reciben recomendaciones por separado. La idea es que los estados hagan bien los deberes y que no se vean en la necesidad de pedir prestado más dinero. La Comisión Europea tendrá un papel de supervisor riguroso y las políticas de rigor presupuestario tarde o temprano volverán a exigirse. El Gobierno tiene que entender que el plan europeo de recuperación económica debe ser la guía de futuro para la modernización de la economía española y que los presupuestos del 2021 deben ser el primer capítulo.

En el Parlamento y en la Comisión no son pocas las voces que dicen que el plan marcará un punto de inflexión en el proceso de integración europea y que nos encontramos en pleno «momento hamiltoniano». Este es el momento histórico en que los Estados Unidos de América dejaron de ser una confederación de estados para convertirse en un estado federal.

También se habla mucho del papel clave desarrollado por Angela Merkel en esta crisis, bien diferente del que jugó en la crisis del euro. De campeona de la austeridad y del déficit cero, la canciller ha pasado a ser la abanderada de la deuda común europea. Alaba su valentía y su sentido de la historia. La cancillera ha tenido el coraje de aceptar finalmente la emisión de deuda común europea. Esto ha permitido un avance decisivo en las negociaciones previas a la propuesta de la Comisión Europea del 27 de mayo. La Alemania de Angela Merkel es uno de los países que mejor han combatido la pandemia, que son aquellos en los que la mayoría de ciudadanos confían en sus dirigentes y en su tecnocracia. Alemania es un estado federal y la palabra federal deriva del latín foedus, A la vez un derivado de la raíz indoeuropea bneidh , que significa precisamente confianza. La figura de Merkel también prevista a escala global. Hace pocos días, ha tenido la valentía de rechazar la invitación de Donald Trump a participar en una reunión del G-7 en Washington este mes de junio. El portavoz de la cancillera despachó el asunto con estas lacónicas palabras: «En estos momentos, teniendo en cuenta la situación general de la pandemia, la cancillera no puede aceptar participar en persona ni ir a Washington».

La crisis del coronavirus es vista en Bruselas como un gran acelerador de la historia. Lo que habría pasado en años pasará en pocos meses. La Covid-19 ha acelerado tendencias existentes, como el frenado de la hiperglobalización económica o la generalización de la digitalización y el teletrabajo. La transformación digital se ha disparado en todos los sectores. La ciencia y la tecnología se sitúan en el centro de la competitividad y la seguridad mundial. Europa se queda atrás ante el empuje de los gigantes tecnológicos americanos y asiáticos, y eso preocupa. La UE debe dedicar más recursos a la innovación y difusión tecnológica, la investigación científica y el relanzamiento industrial para ganar productividad y ser más competitivos, así como aumentar las inversiones en el sector sanitario, ante la eventualidad de que se repita una crisis sanitaria como la que estamos sufriendo. La globalización económica seguirá adelante aunque el retroceso político frene la globalización económica. Se aprecia que la rivalidad entre China y Estados Unidos se ha incrementado y que es necesario que la UE juegue el papel de un verdadero actor global en un escenario internacional lleno de incertidumbre.

Bruselas observa con preocupación la proliferación de ayudas de estado a las empresas, desde que la Comisión Europea relajó las reglas ad hoc para luchar contra la pandemia en los comienzos de la crisis. Los países más fuertes son los que más ayudas han notificado a la Comisión. Alemania se lleva aproximadamente la mitad (un billón de euros, un 29 por ciento de su PIB), mientras en el otro extremo se encuentran países como España, que hasta ahora ha notificado ayudas sólo por 27.000 millones de euros, un 2,2 por ciento de su PIB. Esto se considera que puede distorsionar el funcionamiento del mercado interior europeo.

También se comenta en Bruselas que una de las cláusulas no escritas del plan de recuperación europeo, elaborada por Francia y Alemania, consiste en la constatación de que, en un mundo cada vez más polarizado por la tensión entre Estados Unidos y China , las posibles fragmentaciones de estados nacionales no son bienvenidas. Francia y Alemania consideran que se necesita una UE bien cohesionada para hacer frente a las incertidumbres de la escena internacional postcoronavirus.  

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