Ya son demasiados los datos que señalan que el Govern de la Generalitat nos engaña sobre aspectos fundamentales de la crisis brutal que ha generado el Covid-19.
Las ruedas de prensa diarias de la portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Bundó, de la consejera de Sanidad, Alba Vergés, y del Consejero de Interior, Miquel Buch, se han convertido ya en un espectáculo sumamente criticado por los medios de comunicación, por su incapacidad o falta de voluntad para suministrar respuestas a las preguntas concretas que se formulan, y por su reiterada orientación política tan alejada de lo que se necesita en estos momentos. Pero esto, todo y ser censurable, adquiere un tono menor ante los hechos que muestran que la Generalitat no informa de una forma veraz sobre la realidad de la crisis.
El primero de estos hechos se refiere al comunicado del departamento de Salud de que no ingresen en la UCI a los mayores de 80 años. Diversos medios de comunicación como BTV, la televisión pública del Ayuntamiento de Barcelona, El Mundo, la SER, Telecinco, entre otros, han informado que personal del servicio de emergencias, el SEM y algunos hospitales, han recibido un documento del Departamento de Salud, en el que se recomienda no ingresar en la UCI a los pacientes con coronavirus mayores de 80 años. La instrucción es priorizar los recursos “en aquellos pacientes que más se pueden beneficiar en términos de años de vida salvados” y “evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio”.
La Generalitat estaría mostrando a través de esta iniciativa que se está aplicando una selección sistemática de quién tiene derecho a la posibilidad de vivir y quién no en los hospitales, y que en contra de las reiteradas declaraciones en sentido contrario de las autoridades sanitarias, las plazas en la UCI están colapsadas, única manera de entender una medida tan brutal.
Al mismo tiempo, la Generalitat se niega a solicitar al Gobierno español el permiso para trasladar enfermos críticos a otras comunidades que disponen de suficientes plazas libres, como es Andalucía. Pero lo peor de todo es que la consejera Alba Vergés en rueda de prensa intenta desmentir reiteradamente este hecho, negando la existencia de la instrucción, afirmando que se imparte la atención adecuada, con el añadido siempre del concepto mágico “prevalecerán los criterios clínicos”, que por lo visto no son otros que negar la atención a los mayores de 80 años.
Un segundo hecho, también de proporciones trágicas, incide sobre las personas mayores desde una vertiente distinta. Se trata de la pésima situación en que se encuentran todavía muchas residencias. La propia Vergés asegura una y otra vez que todas las residencias están controladas, pero en tiempo de redes sociales este tipo de engaños son imposibles de mantener, porque desde los propios centros llegan llamadas de desesperación y auxilio. Una de ellas que también se dirigía a la diputada de JxCat, Laura Borràs, decía lo siguiente:
Soy directora residencia ADmunt. ¡Estamos solos! ni PCR ni nada. Se está dejando morir a la gente y enfermar a los profesionales. Soy de JxCat exconcejala 8 años. Lo que está pasando es inaudito. No están a la altura. En nuestro caso solo el Ayuntamiento nos ayuda.
En esta coincide la significación política de quien envía el mensaje. Pero en otras muchas que circulan por la red, de directoras o profesionales de residencia, son simplemente el lamento de la desesperación de quienes están olvidados por el Gobierno de Cataluña, mientras al mismo tiempo y cada día responden a esta reiterada pregunta con el argumento de que todo está bien atendido.
Un tercer elemento se refiere a la situación de las UCI en Cataluña. La consejera Alba Vergés, se sintió en la necesidad de desmentir que Cataluña fuera una de las 6 comunidades donde las UCI se encontraban saturadas. La realidad de los datos muestra que también ha mentido en este punto, porque es la que se encuentra en peor situación, superando a Madrid. En esta comunidad el nivel de ocupación es muy alto, del orden del 83%, pero aún queda un pequeño margen en la fecha 31 de marzo, porque dispone de 1.745 plazas, de las que están ocupadas 1.514. En Cataluña, el número de plazas es de 1.722, de las que 1.645 están ocupadas, es decir, el 95%. Esto significa que antes de llegar a este fin de semana, ya no existirá lugar para nadie más en las UCI, y en todo caso se deberá desalojar a enfermos en peores condiciones para dar entrada a otros nuevos, que es una forma de ocultar de momento la debacle.
También resulta llamativo que Cataluña con muchos más habitantes (casi un millón de diferencia, 6.640.705 en Madrid, por 7.565.099 en Cataluña), no haya conseguido habilitar más plazas de UCI que Madrid.
En definitiva, es una situación pésima porque ante la crisis actual, una de las peores cosas que nos puede pasar es que nuestro propio Gobierno nos engañe, para ocultar la situación desastrosa en la que nos hallamos.
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