En España, las buenas ideas tienen un destino frecuente: acaban convertidas en consignas. «Prosperidad compartida» es una de ellas. Pedro Sánchez y Salvador Illa la han incorporado a su vocabulario con el entusiasmo de quien descubre una palabra que suena bien y no exige, por sí sola, ningún resultado.
Conviene recordar que el concepto no nació en Ferraz ni en la Generalitat. En 2013, el Banco Mundial lo adoptó como objetivo explícito: aumentar los ingresos del 40 % más pobre mediante un crecimiento económico sostenido y una distribución más inclusiva. Había un indicador para comprobarlo. Nada tan incómodo como un indicador para una buena consigna. Sánchez, Illa y sus corifeos lo ignoran. Así es más cómodo.
El 25 de octubre, Mònica Martínez Bravo, economista y exconsejera del Gobierno de Illa, publicó en El País «Tres buenas noticias contra el pesimismo económico». Es un texto argumentado; también puede leerse como un excelente ejemplo de cómo unos datos ciertos terminan siendo manejados indebidamente para sostener conclusiones complacientes con el poder.
Sus tres buenas noticias dejan la impresión de que la prosperidad compartida ya ha comenzado y solo falta aplaudirla.
La primera prueba es turística.
Lloret de Mar, Benidorm y Torrevieja reciben visitantes a millares, pero sus habitantes registran rentas relativamente bajas. Según Martínez Bravo, ello demuestra que la riqueza generada apenas llega a los trabajadores. Es una explicación posible, presentada como certeza.
Se comparan, sin embargo, dos cosas distintas: la actividad económica de un municipio y los ingresos de quienes residen en él. Hay asalariados que trabajan en una localidad y viven en otra; beneficios de propietarios ausentes, jubilados y empleos estacionales. Sin examinar esos factores, confundir la diferencia estadística con una prueba del reparto injusto resulta un procedimiento cómodo. No necesariamente científico.
Peor todavía: no constata que la explicación más plausible de la asociación entre las bajas rentas municipales y el monocultivo turístico sea la baja productividad del sector, vinculado, por otra parte, a la inmigración masiva. Sobre esta cuestión clave, ni palabra. Se trata de sostener que la actividad económica en aquellos municipios no comparte sus ingresos con los trabajadores.
La segunda operación que practica es más interesante.
Entre 1999 y 2017, la productividad por hora aumentó un 9,5 % y la remuneración real por hora solo un 3 %. La distancia existió; no es un artificio inflacionario. Pero el mismo Consejo de la Productividad muestra que entre 2018 y 2024 la remuneración creció un 7,7 %, frente al 3,6 % de la productividad. En 1999-2024, las cifras acumuladas fueron del 11 % y el 13 %, respectivamente. La divergencia histórica se estrechó.
Curiosa economía: las cifras del primer período condenan un modelo; las del segundo parecen absolver al Gobierno. Pero el modelo prácticamente no ha cambiado. En ambos casos convendría explicar qué fuerzas produjeron esos resultados. Añade Martínez Bravo que la redistribución «nunca compensó» la divergencia anterior. No ofrece, sin embargo, la comparación necesaria entre las rentas antes y después de impuestos y transferencias. Confunde una afirmación sobre el reparto primario con otra, distinta, sobre la acción redistributiva del Estado.
Hay una noticia menos fotogénica: ¡la productividad española solo aumentó cerca del 13 % en veinticinco años! Este es el centro del problema. Se puede repartir algo mejor una tarta que apenas crece, pero no convertirla por voluntad política en un banquete. Una prosperidad sostenible exige inversión, formación, empresas innovadoras e instituciones eficaces. Ninguna consigna las reemplaza.
Martínez Bravo añade un dato espectacular: los salarios reales del percentil 15 aumentaron un 59 % entre 2018 y 2024. Es una estimación procedente de un análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida, pero requiere explicitar su definición.
La Encuesta de Estructura Salarial del INE muestra, para el primer cuartil, una mejora real mucho más modesta, próxima al 4,5 %. No son estadísticas directamente intercambiables: difieren en cobertura y medición. Precisamente por ello, el porcentaje más vistoso no debería convertirse, sin explicaciones, en un retrato universal de los salarios bajos.
La realidad es que, en términos de privación severa, España ha empeorado en la última década, pasando del puesto quince al quinto en el ámbito europeo en 2025. Esta situación afecta a más del 8 % de la población, según FUNCAS, y la cifra se acerca al 11 % entre los menores de 16 años. Es un dato que enturbia el panorama que presenta Martínez Bravo.
La autora considera que el gran artífice de las mejoras en la pretendida prosperidad compartida ha sido el Gobierno de Sánchez: el salario mínimo, la reforma laboral y los fondos europeos. La subida del mínimo ha elevado la paga de numerosos trabajadores; negarlo sería absurdo. La reforma ha reducido la temporalidad contractual. Pero atribuirles una parte concreta de la evolución salarial requiere separar sus efectos de la recuperación del empleo, la composición ocupacional y el ciclo económico.
Por otra parte, la contrapartida del SMI ha sido la compresión salarial. La aportación específica de Next Generation queda todavía menos demostrada. La autora reconoce que será necesario investigar. El veredicto, sin embargo, parece anterior al estudio. Y los fondos Next Generation, a juzgar por la evolución reciente de la productividad, tienen un efecto muy limitado. Nada que ver con un Plan Marshall, a pesar de que las ayudas a España, en términos monetarios constantes, son superiores a las que recibió Italia en su momento. Entonces cambió la estructura productiva y aumentó la productividad; ahora, en España, solo ha soplado una ligera brisa.
La tercera buena noticia es la constitución de una red de más de setenta investigadores, que presentará sus propuestas dentro de un año.
Reunir talento es encomiable. Presentar como éxito económico un informe que todavía no existe pertenece a otro género literario: el anuncio. En España hemos perfeccionado el arte de celebrar anticipadamente los resultados futuros. Nos permite celebrar una cosecha antes de sembrarla.
Queda, entretanto, la prosperidad de carne y hueso. En 2025, un 25,7 % de la población española seguía en riesgo de pobreza o exclusión social; entre los menores de dieciséis años, la cifra alcanzaba el 33,9 %. Y el precio de la vivienda establece una frontera creciente entre propietarios y arrendatarios.
Un joven puede cobrar un poco más y hallarse más lejos que nunca de emanciparse. La distribución de los salarios no revela por sí sola la distribución del patrimonio ni el bienestar efectivo de los hogares. La autora menciona de paso la vivienda; no la convierte en el eje que merece ser, no sea que el Gobierno salga mal parado.
La prosperidad compartida es una aspiración sensata, no una propiedad intelectual del socialismo español. Exige producir más riqueza por hora, repartir razonablemente sus frutos y verificar que alcanza a quienes peor viven. El alquiler y la productividad no mejoran porque el lema figure en un discurso. A la hora de pagar las facturas, se descubre que la prosperidad se comparte con hechos, no con adjetivos.
El Banco Mundial convirtió la prosperidad compartida en un objetivo medible. Sánchez e Illa la han convertido en una consigna. La diferencia está en los resultados. Compartir en X
