Cuando Pedro Sánchez abandone el poder, dejará un legado difícil de digerir en muchos ámbitos. La crisis histórica de la vivienda será probablemente la más visible. También lo serán la inmigración masiva y descontrolada, el crecimiento de las mafias vinculadas al narcotráfico o el deterioro de algunos servicios públicos. Pero hay un aspecto que afecta de forma directa a la vida cotidiana de la mayoría de ciudadanos y que, probablemente, acabará siendo el más persistente: la pérdida de poder adquisitivo.
Este factor determina el nivel de vida real de las familias. Y es precisamente ahí donde el balance de los últimos siete años resulta más desfavorable.
Podría argumentarse que esta pérdida ha sido compensada por una mejora de los servicios públicos, como la sanidad, la educación o el transporte. Sin embargo, la realidad apunta más bien en la dirección contraria. La creciente contratación de seguros sanitarios privados —sin precedentes en la historia reciente—, producida justo cuando los salarios rinden cada vez menos, constituye uno de los indicadores más evidentes del deterioro de la sanidad pública.
Siete años de gobierno dan para mucho. También para que los ingresos de las familias hayan ido perdiendo capacidad para seguir el ritmo del aumento del coste de la vida. En Estados Unidos, la affordability —la asequibilidad— se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate político. En España, sin embargo, esta preocupación ha ocupado un lugar muy secundario en el discurso del gobierno de coalición.
Las causas de este empobrecimiento son diversas, pero todas apuntan en la misma dirección.
La inflación: cuando el coste de vivir crece más que la renta
La inflación es el primer factor que explica la pérdida de poder adquisitivo.
Durante la crisis posterior a la pandemia y el impacto económico derivado de la invasión rusa de Ucrania, España registró una inflación acumulada del 19,3% entre enero de 2021 y mayo de 2024, por debajo del 22,1% de la media de la UE. Esta mejor evolución relativa se explicó, en buena medida, por la menor dependencia española del gas ruso y por diversas medidas adoptadas para contener el precio de la energía.
Pero esta ventaja ha desaparecido.
En 2025, España cerró con una inflación media del 2,7%, el mayor registro entre las cuatro principales economías de la Unión Europea. Alemania registró un 2,2%; Italia, un 1,7%; y Francia, solo un 0,8%.
La tendencia se ha mantenido durante 2026. En junio, la inflación armonizada española se situaba en el 3,6%, claramente por encima del 2,8% de la zona euro. Mes tras mes, España figura entre las grandes economías europeas donde los precios siguen aumentando con mayor intensidad.
Gráfica 1. Evolución comparada de la inflación (España – UE, 2021-2026)
| Periodo | España | UE / eurozona |
|---|---|---|
| Enero 2021 – mayo 2024 | 19,3% | 22,1% |
| Media 2025 | 2,7% | 2,1% |
| Junio 2026 | 3,6% | 2,8% |
Fuente: Eurostat e INE.
Sin embargo, el principal problema no es solo la inflación general, sino su composición.
Los incrementos de precios no se han repartido de forma homogénea, sino que se han concentrado en los gastos más inevitables para cualquier hogar: la alimentación y la vivienda.
Entre julio de 2018 y febrero de 2025, los alimentos se encarecieron un 37,9%, casi el doble que la inflación general del período. Durante 2025, algunos productos básicos registraron incrementos especialmente intensos, como los huevos (+31,3%), la carne de vacuno (+17,2%) o el café (+16,3%).
La vivienda presenta una evolución aún más preocupante. El alquiler ha aumentado un 94% en solo diez años en el conjunto de España, con incrementos muy superiores en comunidades como la Comunidad Valenciana, Canarias o Baleares. Paralelamente, el precio de la vivienda en propiedad creció un 12,8% interanual en el primer trimestre de 2026, más del doble de la media europea.
Gráfica 2. Evolución de los bienes esenciales
| Indicador | Variación |
|---|---|
| Alimentación | +37,9% |
| Alquiler | +94% |
| Vivienda en propiedad | +12,8% |
| Media UE (vivienda) | +2,9% |
Fuente: INE, Eurostat y Fotocasa.
Este desequilibrio explica que muchas familias perciban un empobrecimiento muy superior al reflejado en los índices generales de precios. Los jóvenes y los hogares con rentas bajas destinan una parte mucho mayor de sus ingresos a la vivienda y a la alimentación. Cuando son precisamente estas dos partidas las que más se encarecen, la pérdida real de nivel de vida es inevitable.
La productividad: el problema que explica el resto
Si la inflación es el síntoma más visible de la pérdida de poder adquisitivo, la baja productividad es su causa estructural.
Éste es un diagnóstico ampliamente compartido por organismos como la OCDE, Eurostat, el Banco de España o el INE: sin mejoras sostenidas de la productividad es imposible que los salarios aumenten de forma estable por encima del coste de la vida.
Y España lleva años avanzando muy poco en este terreno.
Entre 2019 y 2025, la productividad por hora trabajada sólo creció un 1,9%. El ritmo anual de incremento es de aproximadamente el 0,5%, menos de la mitad de la media registrada por los países de la OCDE, situada en torno al 1,2%.
Estos datos indican que el modelo de crecimiento español sigue siendo principalmente extensivo: el PIB aumenta porque hay más personas ocupadas, no porque cada trabajador produzca mayor valor.
Durante estos años, buena parte del crecimiento del empleo ha estado alimentado por el aumento de la población activa, especialmente gracias a la inmigración. Este modelo permite incrementar el PIB agregado, pero difícilmente se traduce en un significativo aumento de la renta por habitante.
De hecho, mientras la productividad por ocupado se ha deteriorado desde 2018, la media europea ha seguido mejorando. Esta divergencia constituye uno de los principales lastres de la economía española.
A este problema estructural se le añade otro fenómeno igualmente relevante: la progresiva desindustrialización.
Durante los últimos años, numerosas actividades industriales se han deslocalizado hacia países con menores costes laborales, como Polonia u otras economías de Europa central y oriental. Los puestos de trabajo industriales, que tradicionalmente generaban un elevado valor añadido y mayores salarios, han sido sustituidos en gran parte por ocupación vinculada a los servicios, especialmente al turismo, con una productividad inferior y remuneraciones más modestas.
Este cambio en la estructura productiva ayuda a explicar por qué la economía española sigue creciendo sin que este crecimiento se traduzca en una mejoría equivalente del nivel de vida.
Salarios: cuando trabajar ya no garantiza mantener el nivel de vida
La consecuencia más visible de esa combinación de baja productividad y elevada inflación es la evolución de los salarios.
Los ingresos de los trabajadores han aumentado en términos nominales, pero no lo suficiente para compensar el encarecimiento del coste de la vida.
Según la OCDE, durante el primer trimestre de 2024 los salarios reales todavía eran un 2,5% inferiores a los registrados a finales de 2019. El salario neto medio ha retrocedido cerca de un 3,8% en términos reales desde el inicio del período, mientras que los trabajadores a tiempo completo —que constituyen la mayor parte del mercado laboral— acumulan una pérdida cercana al 2% de su poder adquisitivo.
La perspectiva a largo plazo es aún más preocupante.
Entre 1994 y 2024, el salario real español ajustado al coste de la vida solo creció un 2,76%. En el conjunto de la OCDE, el incremento promedio fue del 30,8%.
Sólo México, Japón e Italia presentan peor evolución.
Este dato sitúa a España entre los países desarrollados donde los trabajadores han visto menos recompensado el aumento de su productividad y del crecimiento económico.
La comparación con el resto de Europa es también significativa.
Según Eurostat, el salario bruto anual medio en España era de 33.700 euros en el 2025, frente a los 39.800 euros de media en la Unión Europea. La diferencia supera ya los 6.000 euros anuales, la más elevada registrada hasta ahora.
Más allá de las cifras, esta brecha refleja una realidad cada vez más evidente: muchos trabajadores tienen trabajo, pero su salario les permite adquirir menos bienes y servicios que hace unos años.
Este es, probablemente, uno de los principales indicadores de la pérdida de bienestar experimentada durante este período.
La fiscalidad: más recaudación, menos renta disponible
La inflación y el estancamiento de los salarios explican buena parte de la pérdida de poder adquisitivo, pero no toda.
La política fiscal también ha contribuido a ello.
España registra una de las cargas fiscales sobre el trabajo más elevadas de la OCDE. La denominada cuña fiscal —que suma los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones sociales pagadas tanto por el trabajador como por la empresa— sitúa a España en la décima posición entre los treinta y ocho países de la organización.
Para una familia con dos hijos, la situación es similar: España ocupa el decimotercer lugar con una carga superior a la media de la OCDE.
Sin embargo, estos datos no explican toda la realidad.
A diferencia de otros países europeos, las transferencias públicas destinadas a las familias son relativamente reducidas. En consecuencia, la carga fiscal efectiva resulta mayor de lo que indican las comparaciones estrictamente tributarias.
Esto contribuye a explicar por qué formar a una familia o tener hijos representa hoy un esfuerzo económico muy superior al que asumen muchos hogares del resto de Europa.
La presión fiscal normativa también se ha incrementado de forma notable.
En 2024 se situaba un 17% por encima de la media de la Unión Europea y un 16,3% por encima de la media de la OCDE. Entre 2018 y 2023, España fue uno de los países europeos que más aumentó su recaudación respecto al PIB, mientras la tendencia europea era, en conjunto, la contraria.
A este incremento se le añade un mecanismo menos visible, pero igualmente relevante: la no actualización de los tramos del IRPF de acuerdo con la inflación.
Cuando los salarios solo aumentan para compensar el encarecimiento de los precios, pero los tipos impositivos permanecen inalterados, los contribuyentes acaban pagando más impuestos sin haber incrementado realmente su nivel de vida.
Es la llamada progresividad en frío.
Según el REAF-CGE, esta decisión ha supuesto un coste adicional de entre 46 y 233 euros anuales por contribuyente, reduciendo aún más la renta disponible de las familias.
Los diez datos que explican la pérdida de poder adquisitivo
1. Los precios de los alimentos han aumentado un 37,9% desde 2018, casi el doble que la inflación general.
2. El precio medio del alquiler se ha incrementado un 94% en diez años.
3. El precio de la vivienda crece más del doble que la media de la Unión Europea.
4. La productividad española solo ha aumentado un 1,9% en siete años.
5. Los salarios reales contunuan por debajo de los niveles previos a la pandemia.
6. España es uno de los países de la OCDE donde menos han crecido los salarios reales en las últimas tres décadas.
7. El salario bruto anual medio continuará más de 6.000 euros por debajo de la media europea.
8. España soporta una de las cuñas fiscales más elevadas de la OCDE, mientras las ayudas a las familias se mantienen por debajo de la media europea.
9. La no deflactación del IRPF ha incrementado la carga fiscal sobre las rentas del trabajo en un contexto de alta inflación.
10. El PIB y el empleo han crecido pero este crecimiento no se ha traducido en una mejora equivalente del nivel de vida de las familias.
El PIB crece. El empleo también. Pero cada vez cuesta más vivir. La inflación de los alimentos y la vivienda, los salarios que no recuperan poder adquisitivo, la baja productividad y una mayor fiscalidad lo explican. Compartir en X
