Pedro Sánchez conserva su legitimidad de origen. Nadie la discute. Ganó una investidura parlamentaria conforme a la ley y gobierna porque así lo determina la aritmética del Congreso. Pero una democracia no sólo vive de una legitimidad inicial. Necesita también una legitimidad de ejercicio: la que nace de gobernar de acuerdo con las reglas constitucionales, manteniendo la confianza pública, preservando las instituciones y sometiéndose regularmente al control político y moral de la ciudadanía.
Y es precisamente esa segunda legitimidad la que Pedro Sánchez ha ido perdiendo, no por un único hecho excepcional, sino por acumulación. Una erosión lenta, persistente y cada vez más pesada. Un régimen democrático puede resistir errores, escándalos e incluso episodios de corrupción puntuales. Lo que no soporta indefinidamente es la suma continua de deterioros sin una respuesta política equivalente.
La losa principal es la corrupción.
Ya no se trata de un episodio aislado ni de una lejana sombra. El círculo de investigaciones, imputaciones, procesamientos y sospechas que rodea al gobierno, el PSOE y el propio entorno personal del presidente ha alcanzado una densidad políticamente asfixiante.
El caso Koldo abrió la puerta. Lo que inicialmente parecía una trama de comisiones vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia ha acabado convirtiéndose en un amplio entramado que afecta al antiguo núcleo de poder del Ministerio de Transportes. Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y empresarios cercanos al partido han ido apareciendo en investigaciones sobre adjudicaciones, cobro de comisiones y tráfico de influencias. La imagen resultante es devastadora: la de un poder que durante años habría funcionado bajo una cultura de proximidad entre negocio, partido y administración.
Pero el deterioro no se detiene aquí.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, ha sido objeto de investigaciones por presuntos tráficos de influencias, relaciones con empresas adjudicatarias y actividades vinculadas a cátedras universitarias patrocinadas por grupos privados. El hermano del presidente, David Sánchez, ha sido procesado por su contratación en la Diputación de Badajoz, bajo sospecha de haber sido creada a medida. El Fiscal General del Estado también ha quedado inmerso en una investigación por revelación de secretos, algo institucionalmente gravísimo porque afecta directamente al vértice del ministerio público.
Y llega el golpe más simbólico: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por primera vez en democracia, un expresidente del gobierno español es citado como investigado en una causa de corrupción de gran alcance. El caso gira en torno al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros públicos. El juez investiga si existía una estructura organizada de tráfico de influencias para obtener decisiones favorables de la SEPI, con presuntas comisiones, sociedades instrumentales y flujos opacos de dinero. Los delitos investigados incluyen organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales.
Naturalmente, una imputación no equivale a una condena. Pero políticamente sí tiene consecuencias: significa que el sistema de sombras que rodea al socialismo gobernante llega ya a un expresidente.
La suma es el verdadero problema. No cada caso por separado, sino su acumulación.
La opinión pública percibe un ecosistema enturbiado, una atmósfera permanente de sospecha. Y lo peor no es solo la corrupción misma, sino la incapacidad política de asumir su coste. Sánchez ha convertido cualquier crítica en una conspiración, cualquier investigación en lawfare y cualquier adversario en un enemigo de la democracia. Pero llega un momento en el que la realidad pesa más que el relato.
Además, estos casos proyectan sospechas de comportamientos irregulares o presuntamente delictivos mucho más amplios: directivos de empresas públicas, cargos del gobierno de segundo nivel e incluso el propio Consejo de Ministros. Si se confirmara que las ayudas a Plus Ultra se aprobaron pese a que la empresa no cumplía ni de lejos las condiciones exigidas, las responsabilidades políticas podrían salpicar a figuras de primer nivel como el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro, o Sara Aagesen, actual vicepresidenta tercera del gobierno, cuando formaba parte del equipo interministerial encargado de los rescates empresariales.
Las ramificaciones son extensas y tienen el centro político en el mismo jefe del gobierno. Paralelamente, en la Audiencia Nacional ya se están dando los primeros pasos de una posible causa por financiación ilegal del PSOE.
No hay ningún gran país democrático europeo que arrastre un lastre institucional de esa magnitud. Y eso, dicho sea de paso, también pone en evidencia la doble vara de medir de la Comisión Europea, que ha tolerado esta acumulación de irregularidades sin apenas pronunciarse, mientras se mostraba extraordinariamente exigente con gobiernos como los de Polonia o Hungría, alejados de su línea ideológica.
La segunda fractura de legitimidad es institucional.
La Constitución establece claramente que el gobierno debe presentar presupuestos generales. Sánchez no lo ha hecho. Gobierna con la prórroga de los últimos presupuestos aprobados en la anterior legislatura. Es algo extraordinario convertido en normalidad. Un gobierno que presume de fortaleza parlamentaria, pero es incapaz de someter su proyecto económico anual en el Congreso, está confesando implícitamente su debilidad.
Los presupuestos son más que una herramienta contable. Son la expresión política central de un gobierno: el momento en el que se definen prioridades, se miden alianzas y se comprueba si existe una mayoría real de apoyo. Sánchez evita ese examen porque sabe que probablemente no lo superaría. Pero una democracia no puede funcionar indefinidamente en base a eludir los controles constitucionales.
La tercera erosión es electoral.
Cierto es que unas elecciones autonómicas no equivalen a unas generales. Pero cuando las derrotas se acumulan, su significado político resulta imposible de ignorar. El PSOE ha sido derrotado sucesivamente en Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora también en Andalucía. Entre estos territorios suman aproximadamente el 27% de la población española, y en todos ellos la diferencia de voto con el PP ha sido significativa.
La derrota andaluza es especialmente grave. Andalucía es la comunidad más poblada de España. Sánchez se implicó personalmente hasta el extremo. La candidata era María Jesús Montero: vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda y número dos del PSOE. Era, en la práctica, una batalla directa del sanchismo. Y el resultado ha sido peor que los precedentes. El mensaje político es inequívoco: parte muy importante del país está retirando su apoyo al proyecto gubernamental.
Esto no anula la legitimidad de origen. Pero sí erosiona profundamente la legitimidad de ejercicio.
Cuando un gobierno acumula sospechas de corrupción en su entorno inmediato, evita llevar presupuestos al Parlamento y encadena derrotas electorales de gran magnitud territorial y demográfica, llega un momento en el que la mera continuidad mecánica del poder deja de ser suficiente. La democracia exige algo más que resistencia autocrática.
Por eso, Sánchez solo tiene dos salidas políticamente dignas y democráticamente limpias.
La primera: presentar una moción de confianza. En España solo puede plantearla el presidente del gobierno. Si considera que mantiene suficiente legitimidad política, que lo demuestre ante el Congreso.
La segunda: convocar elecciones generales y devolver la palabra a los ciudadanos.
Porque, al final, en democracia, la última decisión no pertenece ni a los relatos, ni a los aparatos, ni a los equilibrios de supervivencia parlamentaria. Pertenece a los ciudadanos.
Y cuando un gobierno pierde la legitimidad de ejercicio, solo el pueblo puede restaurarla o retirarla definitivamente.
Solo existen dos salidas democráticas: moción de confianza o elecciones generales. #Legitimidad #Democracia #PedroSánchez Compartir en X
