España, y aún en mayor grado, Cataluña, vive en una espiral descendente causada por la combinación de factores demográficos y económicos que, pese a su gravedad, el gobierno de España, así como el de Cataluña, se niega a considerar y la oposición la margina en la campaña electoral. Es increíble a pesar de la magnitud del escenario en el que estamos inmersos y su carácter negativo y ese “olvido” es un indicio de la crisis profunda de liderazgo, por un lado, y de la escasa capacidad de la sociedad española para reconocer e interpretar sus problemas reales.
En estos momentos dos datos destacan. Los hemos mencionado en más de una ocasión en Converses. El primero de ellos es que hemos llegado al nivel más bajo de nacimientos en términos absolutos y ya hace algunos años que mueren más personas de las que vienen al mundo y, por tanto, perdemos población en términos vegetativos. Los autóctonos envejecen a pasos acelerados a la vez que van disminuyendo.
Por otra parte, la inmigración ha alcanzado máximos por lo que España supera los 48 millones de habitantes a pesar del déficit vegetativo. El primer trimestre de este año han entrado 150.000 extranjeros, al tiempo que Sánchez hace un acuerdo con Biden para acoger parte de la inmigración que EEUU rechaza.
Se está generando una situación caracterizada por una población dual. Por un lado, la autóctona cada vez más envejecida y regresiva en número. Este hecho tiene consecuencias concretas, como por ejemplo el que ya hemos abordado tratando el problema oculto de Barcelona. Porque la población a partir de los 65 años registra una caída importante de renta que aumenta a partir de los 75, de tanta intensidad, que este grupo de edad configura el menor nivel de ingresos de todo el conjunto. A mayor envejecimiento menor renta, a la vez que más costes para el estado en forma de pensiones y sanidad que deben ser pagados por los nuevos trabajadores. Y es aquí donde llora la criatura.
Contamos con problemas crónicos de baja productividad que nos condena también a un menor aumento de la renta. A este hecho se le añade el gran paro crónico, sobre todo el de larga duración, aunque en algunos sectores carece de personal.
El tercer elemento que presiona en el mismo sentido es un paro juvenil del orden del 30%, lo que significa una destrucción del capital humano previamente generado y una malversación de la inversión educativa realizada.
Todo esto no se resuelve con más inmigrantes, porque no son intercambiables mecánicamente con los autóctonos, puesto que la inmensa mayoría de aquellos disponen de un capital humano menor, ya que la inversión que se ha producido en ellos en sus países de origen es también mucho más pequeña. La ecuación es ésta: crecen los pensionistas que se jubilan con prestaciones relativamente altas, a la vez que una parte creciente de la población activa que debe pagar aquellas pensiones tiene una baja productividad, por lo que cada vez esta fracción creciente de activos compensa menos el crecimiento de la gente que se va jubilando.
Pero existe todavía otro factor que relaciona edad y productividad. Ésta logra su máximo en el rango de los 45 a los 55 años. Si bien el ingreso salarial máximo antes de jubilarse lo alcanza a partir de esa edad. En otras palabras existe un desfase entre lo que se aporta a la productividad que es mayor que la retribución hasta 55 años y la situación a partir de esa edad en la que la relación tiende a invertirse. Dado que la media de edad española se sitúa en 43,6 años, es evidente que la sociedad española tiene cada vez una fracción menor de población en las franjas de edad de productividad creciente o máxima. Y éste es un hándicap importante.
Y a todos estos problemas demográficos y económicos se le añaden las políticas públicas, que a la vista de los resultados se muestran desacertadas. En mayo de 2022 el PIB de España aún está 0,8 puntos por debajo del que teníamos antes de la cóvid. Somos el farolillo rojo de Europa y con diferencia los peores en la recuperación.
La consecuencia de todo ello es que cada vez España está más atrás en relación a Europa. De hecho, hemos perdido más de una década. En 2007 la diferencia de la renta per cápita española respecto a la de la UE era de sólo el 9%. En 2022 la distancia casi se ha doblado, situándose en el 17%. De hecho, y esto solo debería ya ser centro de atención y gran debate, nuestra posición en relación con la renta de la UE es casi idéntica a la que teníamos cuando falleció Franco en 1975.
Si ahora el coeficiente de distancia, entendiendo que la renta europea es igual a 1, nos situamos en 0,83, cuando falleció Franco estábamos por encima del 0,81, realmente el progreso ha sido inexistente a día de hoy. Pero no es así, porque desde los años 90 hasta el 2007 se produjo una aproximación rápida y sostenida hasta llegar a esa mínima distancia apuntada antes.
Esta situación tiene además un agravante. En 1975 la UE por entonces Comunidad, la formaban los países más desarrollados. Mientras que en la actualidad con el ingreso de todos los países del centro y este de Europa aquella media cayó sustancialmente y, por tanto, existía un efecto estadístico de ganancia por parte de España, pero se ha perdido. Esto significa que Holanda, Chequia, Hungría, etc. se desarrollan económicamente más rápido de lo que lo hace España.
Si todo esto no se lleva al ámbito de las instituciones de la sociedad civil y sobre todo de la política, el resultado, entregado a su propia dinámica y en manos de los partidos que tienden a esconder el huevo, sólo puede ser malo.
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