Josep Bargalló, el consejero de enseñanza de ERC, ha tomado una decisión insólita: tramitar por la vía de urgencia el decreto que regula la escuela concertada y que provocó una avalancha de alegaciones.
En este decreto se establecen medidas para la escuela concertada que destruyen el principio de elección de centro por parte de los padres, ya que los limita al radio de influencia de la escuela como si fuera un centro público, transformando el criterio en un absurdo territorial.
Habrá que ver si este decreto sale adelante en los términos formulados o si se produce un recurso de inconstitucionalidad. Aunque esta salvaguarda a cargo del gobierno de Sánchez es difícil por la estrecha dependencia que existe de los votos de ERC.
Junto con el escándalo de aplicar la vía de urgencia para hacer un decreto de este tipo, lo que crea un precedente, se produce otro elemento definitivamente destructor: la obligación de admitir alumnado que pide atenciones especiales por su condición física y sobre todo vulnerabilidad económica, sin aportar la financiación necesaria. Se trata de 145 millones de euros sin los cuales la escuela concertada no puede llevar a cabo estas condiciones y, por tanto, la deja a los pies de los caballos de Bargalló.
La respuesta que da el departamento a esta arbitrariedad es que «es mucho dinero», «que no se pueden resolver de un día para otro», «que hay que hacer un calendario», y además deja la cuestión a expensas del próximo presupuesto de la Generalitat, lo que incorpora otro elevado grado de incertidumbre porque su aprobación depende de los votos de los Comunes, y habrá que ver qué música tocan en relación con este punto.
El propósito de Bargalló, una persona vinculada a la masonería y acérrimo partidario de la liquidación de los conciertos desde que llegó al Departamento, ha sido desmantelar la escuela concertada. Como está protegida por la Constitución y el Estatut de Catalunya, ha utilizado senderos económicos y exigencias de imposible cumplimiento.
En esta liquidación hay también el caso de las escuelas diferenciadas, comunes en toda Europa y a las que el departamento les quiere negar de entrada el concierto. Este hecho creará problemas en muchas de ellas, pero es bastante evidente que a la larga la razón jurídica derrotará la ideología, y la situación del concierto se restablecerá. Pero, mientras tanto, algunas de las escuelas deberán pagar las consecuencias, mejor dicho los alumnos y los padres que llevan a sus hijos.
En todo esto, JxCat, que manifestó que discrepaba del decreto, mantiene el silencio acatando las arbitrariedades de ERC, mientras que el presidente Torra, que teóricamente es la autoridad decisoria, calla.
Pero este problema con la concertada va más allá e interpela al mismo Junqueras, que sigue de cerca lo que hace el gobierno catalán. ¿Cómo puede combinar el líder encarcelado de ERC su discurso habitual con las acciones de Bargalló? Simplemente no puede.
