Fondos Europeos contra la pandemia, una oportunidad para modernizar la economía española y catalana

El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo del 17-21 de julio para poner en marcha un plan muy ambicioso de recuperación económica contra la pandemia (Fondos Europeos) significa un gran paso en la consolidación del proyecto europeo. La respuesta comunitaria combina un fondo de 750.000 millones de euros (de los que 390.000 son subvenciones y 360.000 son créditos) con la utilización del presupuesto plurianual de la UE para el período 2021 a 2027, que asciende a 1.074 billones de euros. Todo ello supone un total de casi dos billones de euros.

Se trata de un acuerdo histórico para la situación de extrema gravedad causada por la Covid-19, por el volumen de recursos involucrados y, sobre todo, porque por primera vez la Comisión Europea se endeudará, es decir, que existirá por primera vez una deuda federal europea. Un Estado federal viene determinado por tres instrumentos financieros: un banco central, una deuda federal y unos impuestos federales. La UE ya dispone de dos: un banco central y una deuda federal, y se dispone a trabajar el tercero.  Nos encontramos, pues, en un camino sin retorno hacia un federalismo europeo real y no declarativo.

Un camino que, como es una constante en la vida de la UE, se hace a través de la superación de muchos obstáculos. Después de muchas y agotadoras sesiones negociadoras, el 10 de noviembre la UE ha conseguido desatascar de forma prácticamente definitiva el paquete financiero acordado el mes de julio, el más ambicioso de su historia. El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE han acordado los presupuestos para los próximos siete años. Esto permite poner en marcha el Fondo de Recuperación, de 750.000 millones de euros, del que España ya tiene previstos 27.000 millones en el presupuesto del 2021. No es la luz verde definitiva, pero se acerca mucho. En el horizonte quedan todavía las amenazas de veto por parte de países como Hungría, que acaba de enviar una carta planteando un posible bloqueo si se mantiene la condicionalidad de los fondos respecto del Estado de derecho.

El reparto de los fondos europeos se hará a partir de los proyectos que presenten los Estados miembros de la UE dentro de las líneas de un plan de acompañamiento, que debe ser aprobado por la Comisión Europea. El acuerdo de julio dice que «los planes deben exponer el programa de reformas e inversiones del Estado miembro en cuestión para el período 2021-2023». El programa de acción de cada país se articula en dos direcciones: la primera es la economía verde, la energía y el transporte; y la segunda es la digitalización, el tratamiento de datos, la computación y la inteligencia artificial. El mecanismo operativo adoptado consiste en licitar los proyectos, mientras que organismos independientes asesorarán la Comisión Europea en la valoración de las propuestas presentadas.

Los fondos del programa, que se denomina Next Generation EU, supondrán el impulso de tres ejes de actividad: salud, transición ecológica y digitalización. Tiene una doble finalidad: 1)  reparación del daño causado por la Covid-19, y 2) reconstrucción de una nueva economía basada en la industria, la tecnología y la ciencia. Europa lo necesita para poder competir en el marco de una economía mundial con dos potencias dominantes cada vez más enfrentadas: Los Estados Unidos y China.

La Comisión Europea publicó a mediados de septiembre unas orientaciones que proporcionan a los Estados miembros de la UE la información necesaria  para optar a los 672.500 millones de euros en transferencias directas y créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es el pilar principal de los 750.000 millones aprobados en julio, y que se repartirán en el trienio 2021 a 2.023. Se han fijado cuotas por áreas. Un 37% del plan de recuperación de cada país debe destinarse al clima, sea para potenciar energías limpias, uso de renovables, la mejora de la eficiencia energética de los edificios o el transporte público; y un 20%, a la innovación digital, en gastos como el despliegue de la banda ancha, incluida la fibra y el 5 G, el desarrollo de procesadores de última generación o la adaptación de los sistemas educativos para apoyar la digitalización.

Los fondos europeos significan para España la posibilidad de dar un gran salto cualitativo en su modelo económico y social.  Llegarán 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serán subvenciones a fondo perdido, es decir, no retornables, y el resto (67.300) serán créditos. Estos fondos no pretenden otorgar margen fiscal a los gobiernos para incrementar el gasto.  Son recursos para invertir en la modernización de la economía. La gobernanza y la gestión del Fondo de Recuperación Next Generation EU es un ejemplo claro de los beneficios de hacer las cosas bien, pensando precisamente en la próxima generación y no en las próximas elecciones, y de los riesgos asociados a la introducción de criterios estrictamente políticos que, por otra parte, harían peligrar su desembolso. La prioridad del Fondo es que se presenten proyectos bien fundamentados y con compromisos concretos.

Hay que seleccionar, por lo tanto, los proyectos a presentar en Europa realizando un análisis riguroso de coste-beneficio social para que ayuden a reconvertir la economía española y centrarse alrededor del mundo digital y ecológico.  Habrá que invertir mirando el futuro y no para tapar agujeros, con proyectos ambiciosos que levanten la productividad. El dinero de Europa vendrá condicionado a la modernización de nuestro sistema productivo, en la línea ya apuntada por el acuerdo precedente de la cumbre entre Francia y Alemania del mes de mayo sobre un esfuerzo público coordinado para impulsar la industria europea. Hay que aprovechar la ocasión e invertir en la modernización del sistema productivo en cuatro direcciones: energía, automatización, industrias de la vida e industrias digitales, de la información y de la comunicación.Todo ello con el fin de que la España que emerja de la crisis sanitaria deje de ser un miembro atrasado de la UE y disponga de una economía desarrollada .

Los fondos europeos persiguen dos objetivos: 1) la reconstrucción (ayudas a las actividades y las personas más afectadas por la pandemia), y 2) la modernización (aumento de la productividad de la economía). Se abre, por tanto, una oportunidad magnífica para enderezar los males tradicionales del modelo económico español, tremendamente frágil y dependiente del turismo, la construcción y el consumo interno, todo ello con una baja  productividad.

Los criterios de la Comisión Europea para evaluar los planes nacionales son tres: 1) que las inversiones y reformas planteadas se correspondan con las recomendaciones específicas para cada país que la Comisión Europea formula anualmente, 2) que contribuyan al plan verde y a la transición digital, y 3) que supongan un impulso al crecimiento económico.

Para aprovechar bien los fondos europeos se necesitan tres requisitos: 1) un plan concebido con visión a largo plazo y a ser posible concertado con Francia y Alemania, teniendo en cuenta que estos dos países son los que determinan lo que se producirá en Europa y quien lo producirá ; 2) un consenso político amplio; y 3) que la génesis, desarrollo y ejecución de las actuaciones se lleven a cabo en el marco de una colaboración sostenida pública. Por lo tanto, el plan ha de estructurar un sistema competitivo de selección de proyectos bien fundamentados, claros y con compromisos concretos, surgido de un diálogo con empresas y expertos.

La presión europea por el control de sus recursos obligarán España a hacer reformas más profundas que en el pasado. Entre los años 1980 y 2010 llegaron a España, provenientes de la UE, 90.000 millones de euros, una transferencia muy importante de recursos. Desgraciadamente una buena parte se invirtieron de manera inadecuada. Ahora hay que evitar que este hecho se repita. Si los fondos europeos que se pondrán a disposición del tejido productivo nacional no son invertidos de forma adecuada en planes sólidos y contrastados, que la Comisión Europea verificará, los perderemos. 

La reacción española hasta ahora no acaba de convencer a Bruselas. Hay preocupación sobre la capacidad de gestión de España. La manera de vehicular los fondos europeos empieza a dar miedo por su carácter tradicional, consistente primero en identificar grandes cifras y en posicionar a todos los sectores como «necesidades». Sin criterios claros, sin saber quién o cómo decidirá, con qué criterios, con qué compromisos, su abordaje genera dudas. La gran pregunta es si predominarán otra vez posiciones poco interesadas en favorecer la productividad, la competitividad y la innovación. El enfrentamiento y el griterío que se viven en la política española tampoco ayudan.

Desde Cataluña debemos colaborar a que los fondos europeos se inviertan bien. Para empezar, nos hemos de beneficiar nosotros mismos de manera correcta. España nos debe dejar participar desde la lealtad y la igualdad. Cataluña debe defender una participación que esté basada en la política del mérito industrial, técnico y científico, procurar que el concurso de méritos sea neutro y objetivo, y que las convocatorias sean transparentes. El gobierno de la Generalitat, sea del color que sea, tiene que entender que lo que conviene a Cataluña, en todo lo que hace referencia a los fondos europeos, es colaborar con el Estado en lugar de enfrentarse a ellos. La efectividad de los fondos financieros que se consigan, tan necesarios, dependerá precisamente de eso.

El hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez se haya asegurado la aprobación de los presupuestos para el 2021, que ya incorporan 27.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la UE como decíamos al principio, es un instrumento de gran valor. A pesar de las evidentes deficiencias y de tratarse de unas cuentas superadas por la realidad, lo que cuenta es que proporcionan una gran estabilidad. Pedro Sánchez ha conseguido el salvoconducto para acabar la legislatura, que es la clave para recibir los 140.000 millones de euros que deben llegar de la UE. De la gestión de estas ayudas dependerá en buena parte que se active la inversión y la creación de empleo. Este ciclo inversor debe ser el fundamento que posibilite finalmente la reaparición de un ciclo económico positivo en España.

La gravedad de la situación económica y social en España a consecuencia de la pandemia exige un cambio radical en el modelo económico español que se base en las líneas definidas por la Next Generation EU y que, al mismo tiempo, propicie el desarrollo sostenible que propugna la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El aprovechamiento adecuado de los fondos europeos que están a punto de llegar significa la gran oportunidad para conseguirlo.

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