Pacto escolar

El auténtico pacto escolar

El pacto innecesario. Se habla de la necesidad de un pacto escolar (educativo). Siempre que aparece un nuevo proyecto de ley, alguien se queja de que ya llevamos ¿ocho leyes educativas? La transición educativa es la de nunca acabar. Quizá tiene razón, quizá no la tiene. Es cierto que, si comparamos con la larga etapa de gobiernos liberales y conservadores, desde la famosa ley Moyano, hubo muy pocos cambios legislativos. A Romanones, ya lo sabemos, le gustaban los Reglamentos (“hagan otros las leyes, yo me encargaré de los reglamentos”) e impulsó uno que tuvo larga duración, pero no quiso hacer una ley. En eso que ahora llaman franquismo –nunca he sabido muy bien qué es más allá de una categoría ideológica sociológica, ¿no sería mejor llamarlo por su nombre: “Dictadura franquista”? – sólo se aprobó muy al final una ley educativa, la de 1970.

Podríamos ver de otra forma las cosas. En España hubo y sigue habiendo un verdadero pacto escolar que ha dado sus frutos. El pacto es el de la Ley general de educación de 1970 con su tendencia estatalista, que no ha hecho más que incrementarse para extender la obligatoriedad y universalizar la educación como derecho. El pacto fue constitucionalizado en 1978 y quedó definitivamente establecido por la LODE de 1985.

Los primeros “conciertos educativos” se firmaron en 1986. Desde entonces viene funcionando el pacto educativo. En otro lugar nos hemos detenido en el análisis de esa continuidad. Casi la mitad de los ministros del ramo de la democracia desde 1978 quisieron hacer su ley. Cambiaron algo para que nada cambiase (y sin alterar en lo esencial el pacto no escrito). El pacto educativo de 1970-1985 sigue siendo muy estable. Los ministros llegan a la calle Alcalá 34 y creen que hay que hacer una ley, “su” ley, y lo logran, o no, hasta que otro partido gobierna y hace otra ley.

En este momento hay dos leyes educativas vigentes, una la llamada Ley Wert, que es obvio que habrá que cambiar, fue un accidente, y la parte no derogada de la LODE. El pacto educativo lo firmaron la UCD, es decir en buena medida entonces la Iglesia, y el PSOE en las Cortes de 1977-1978, con “espantá” dramatizada del ponente socialista, y sigue vigente. Sí, tenemos un pacto educativo y funciona aceptablemente bien, lo que equivale a decir también aceptablemente mal. Ése es su mérito, que nunca deja contentos a los mismos, no los contenta del todo. Con ese pacto lleva nuestra sociedad 35 años de desarrollo educativo (o incluso 50). En el sistema educativo hay más estabilidad de la que aparece, incluso para el déficit.

El pacto auténtico, el pacto necesario. Dejen la ley como está, o deroguen la anterior y hagan una compilación jurídica de las mejores normas o disposiciones.

El pacto necesario es otro: estriba en cuatro palabras: visibilidad, gratuidad, educación profesional y calidad. Ése es el pacto que necesitamos, no un acuerdo de partidos para una nueva ley, no hace falta y además no va a ser posible. Nos entretienen con ese sermón. En primer lugar, con la ley que sea, pues no es un asunto de legislación ni de poderes públicos, hay que utilizar bien el lenguaje y llamar a la escuela concertada sostenida con recursos públicos Escuela de iniciativa social. Hay que romper la lógica dual o binaria público/privado. Hay que lograr la visibilidad de una Escuela que es de un tercer tipo, ni pública-estatal ni privada-mercantil. Todos, incluidos sindicatos profesionales, Iglesia, poderes públicos, medios de comunicación y publicitarios, etc., habrían de ponerse de acuerdo en esto. La escuela en España, en cada región o comunidad autónoma tiene características muy diferentes, precisamente como resultado del pacto educativo existente que no hay que cambiar ni seguir socavando, teje una triple red: la escuela pública administrada por los poderes públicos y financiada casi al 100% por los presupuestos que solemos llamar escuela estatal o simplemente escuela pública, pero es sólo una parte del sistema público educativo; la escuela, también parte esencial del sistema público educativo, que solemos llamar concertada, en gran parte confesional católica (“congregacionista” se decía antes) y en una parte cada día más importante es de iniciativa laica no religiosa, que no es ni debe ser exclusivamente financiada con recursos públicos, ésa es la escuela de iniciativa social; por último, la escuela privada propiamente dicha, que presta un servicio regulado por el mercado (precio + interés + lucro partible), como actividad sometida a la legislación general bajo la inspección de los poderes públicos. Las fronteras no son siempre tan claras, pero no conviene “dualizar” el sistema ni contraponer siempre a la escuela estatal (mayoritariamente, casi exclusivamente escuela de los poderes públicos, que ha sido trasferida a cada comunidad autónoma, en algunos casos con competencias plena). Hay una escuela de iniciativa social que presta un servicio público que no es ni puede ser mercantil, pero que no se rige por la lógica de la prestación de un servicio ofrecido por la administración pública, sino que lo hace desde la iniciativa de grupos diferentes de la sociedad para prestar ese servicio público y lo concierta con las administraciones. El pacto educativo debería dar visibilidad mayor y consistencia a ese tercer espacio, en realidad el más antiguo y sólido de todos, el de la escuela de iniciativa social.

La segunda característica debe ser la gratuidad, o, dicho de otra forma, la universalidad del acceso gratuito al servicio público de la educación y para ello hay que aumentar los presupuestos. La universalidad garantizada de la educación, una escuela que verdaderamente integre (que sea una “comprehensive school”, no el disparate de una “escuela comprensiva” que nadie entendió muy bien qué quiso ser) y por tanto tenga una diversificación y unas adaptaciones curriculares que integren la diversidad. En este segundo objetivo del pacto escolar se ha de potenciar de una vez por todas, en imagen, presupuestos, recursos diversos, instalaciones, empleabilidad, etc. la educación profesional. Habría que decir que la educación, sea secundaria o universitaria, en muy buena medida debe tener una orientación profesionalizante de mucha calidad. La trasformación de nuestro frágil sistema productivo depende de la transformación de la calidad del sistema educativo, depende de una buena educación profesional. Éste es un segundo pacto que necesita más de un gobierno, de más de una legislatura, quizá necesite dos décadas para consolidarse. Hay que pactarlo, segundo pacto urgente y necesario.

El tercer pacto educativo es la calidad. Si se consiguen pactar, es decir acordar entre actores sociales culturales y políticos por tiempo durable, llegará la calidad que habrá que cuidar con la revisión o evaluación permanente. El mayor problema de la educación española, comparada con su entorno, está en la calidad. Salimos perdiendo casi siempre que nos comparamos con nuestro entorno. Hemos de pactar un avance significativo en este ámbito, aumentando por supuesto el tramo del PIB dedicado a educación y las partidas presupuestarias correspondientes.

El pacto escolar que importa a todos debe buscar y lograr a medio plazo la visibilidad de lo que ya existe: la triple red escolar con una presencia esencial de la Escuela de iniciativa social como parte con personalidad diferenciada del sistema público educativo. Necesitamos un pacto para la calidad educativa, sumando esfuerzos para mejorar y cooperando continuamente. Necesitamos un pacto para una sólida formación profesional. Estos son los tres pactos educativos. No es necesaria una nueva ley, pero sí estos pactos.

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