Sobre la enseñanza concertada se acumulan múltiples dificultades que oscurecen su futuro, algo particularmente grave, porque en ella radica la gran responsabilidad de garantizar el derecho constitucional de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos.
El primer problema es compartido con la pública, y nace de la confusión que impera tanto en el Ministerio de Educación como en el Departament de cómo será el curso 2020-21. Parece como si ambas instancias no tuvieran nada claro ni decidido sobre cómo quieren enfocar el nuevo año escolar. Es evidente que sobre él se ciernen incertidumbres, pero es también evidente que la administración debe comprometerse con una respuesta y el Departament d’Ensenyament y el Ministerio deben actuar a partir de las previsiones que tienen los gobiernos de cómo evolucionará la pandemia. No se les pide que tengan una visión profética, pero sí la previsión razonable que permita a los centros organizarse, y eso a estas alturas no existe.
Por ejemplo, no se entiende qué significa habilitar espacios como aulas porque no se concreta si habrá horarios de mañana y tarde, si las clases serán en días alternos, si se mantendrá el programa o habrá menos materias. La capacidad que demuestra la administración para concretar respuestas es muy pobre, y es que la pandemia ha puesto a nuestros políticos ante una exigencia de eficacia y responsabilidad que no se puede maquillar con publicidad y discursos, entonces se demuestra que muchos de los equipos que rigen los diferentes ámbitos no disponen de estas virtudes.
Un segundo problema, este específico de la enseñanza concertada, es su situación económica. Si una parte de los padres dejan de hacer la aportación y si encima hay campañas en este sentido, la escuela concertada se derrumbará.
La razón es muy concreta: la aportación pública viene a cubrir como orden de magnitud el 50% del valor real de la plaza. En otras palabras, el coste del alumno al año en la pública es de 6.000 euros, y el concierto sólo entrega a las escuelas que se acogen 3.000 euros. La diferencia la han de cubrir las aportaciones de los padres, que sirven básicamente para hacer frente al gasto ordinario que no cubre la subvención, el personal de administración y servicio de la escuela (desde personas de la limpieza, el conserje, secretaría, etc.), la amortización de los créditos para nueva construcción o arrendamientos, el mantenimiento de los inmuebles y la conservación de las instalaciones, y los gastos extraordinarios, como por ejemplo las licencias para las plataformas online que han tenido que adquirir por la pandemia.
Por si esto no fuera suficiente, las instrucciones para el curso que viene de la ministra Celaá, con la excusa del Covid, significan una clara intromisión en la autonomía de los centros, que ha movido a una amplia reacción de protesta.
Por último, recordar que a pesar de que pasa desapercibida, está en tramitación y periodo de enmiendas la nueva ley de enseñanza, que en ningún caso es una ley consensuada, y por lo tanto reitera una vez más los defectos de todas las anteriores y que, si acaba prosperando, significará más problemas para la enseñanza concertada y para el derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos.
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