La demagogia es una técnica política antigua y sencilla. Consiste en sustituir la complejidad de los hechos por un relato emocional, encontrar una víctima, señalar a un culpable y ahorrarse las explicaciones incómodas. Es especialmente nociva cuando gobierna, porque entonces no solo deforma la realidad: sirve para ocultar las responsabilidades propias.
El nuevo decreto de vivienda del Gobierno ofrece abundante material para ello.
El Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobó dos decretos sobre vivienda. Al día siguiente solo uno aparecía publicado en el BOE, el Real Decreto-ley 26/2026. En la rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó unas medidas que todavía planteaban interrogantes sobre el texto definitivo.
Es un perfeccionamiento interesante del sistema. Ya gobernamos el 2026 sin presupuestos. Ahora podemos llegar a aprobar decretos antes de que estén redactados.
Pero lo mejor es el preámbulo.
Nos explica que «la crisis actual es poliédrica y multicausal», fórmula perfecta porque parece decir muchas cosas y no comprometerse a casi nada. Acto seguido afirma que no puede entenderse sin remontarse a la crisis inmobiliaria de 2011.
Naturalmente. 2011.
Existe, sin embargo, un pequeño inconveniente cronológico: Pedro Sánchez gobierna desde 2018.
Cuando llegó a La Moncloa, el barómetro del CIS de junio de 2018 registraba la vivienda como uno de los tres principales problemas de España para tan solo el 2,4% de los entrevistados. En septiembre de 2026 es el 37,5% y ocupa el primer lugar.
Entre el 2,4% y el 37,5% hay ocho años. Es un período de tiempo apreciable. Pero el preámbulo prefiere viajar directamente hasta 2011. La memoria política tiene estas comodidades: recuerda perfectamente los gobiernos anteriores y sufre lagunas cuando llega al propio.
Después aparece Mari Carmen.
El decreto proclama: «Mari Carmen Abascal no es solo un número» y la presenta como víctima de una legislación «machista y retrógrada procedente de una dictadura» y de «la especulación más voraz».
Hay un elemento cierto: la legislación civil franquista discriminaba a la mujer casada y eso influyó en la titularidad originaria del contrato.
Pero la historia del alquiler resulta algo más compleja que el panfleto.
El franquismo también estableció un sistema extraordinariamente protector del inquilino: prórroga forzosa, contratos prácticamente indefinidos y rentas fuertemente limitadas. Tanto, que el Tribunal Constitucional describía años después aquel sistema como un régimen de contratos «indefinidamente prorrogados».
¿Y quién empezó a desmontarlo?
El Gobierno socialista de Felipe González. El decreto Boyer de 1985 eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, y la LAU de 1994, con Felipe González en el Gobierno, configuró el nuevo régimen arrendaticio.
Por tanto, atribuir simplemente el desenlace de Mari Carmen a «una legislación procedente de una dictadura» permite fabricar un magnífico titular, pero exige pasar muy deprisa por cuarenta años de historia legislativa democrática y por la plena responsabilidad socialista sobre la legislación actual. Eso es la demagogia del poder.
Y llegamos a Ada Colau.
La exalcaldesa ha explicado públicamente que ha tenido que dejar el piso donde vivía desde hacía quince años porque, tras separarse, «con un sueldo no podía» pagarlo, y que ha pasado a compartir vivienda con un familiar, estableciendo una equiparación con Mari Carmen.
La historia encaja perfectamente en el relato de la emergencia habitacional.
Pero hay un pequeño detalle que no he leído en ningún periódico ni me ha llegado por terceras versiones: me lo ha explicado directamente una persona de mi confianza que estaba presente.
Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre vio a Ada Colau y a su pareja alojadas en el Hostal Empúries, junto a las ruinas de Empúries.
El Hostal Empúries es un magnífico establecimiento frente al mar. Y magnífico es también el nivel de sus precios. Para dar una referencia verificable, para el 2 de octubre se ofrecen habitaciones dobles para el fin de semana entre 683 y 791 euros, según categoría. El desayuno cuesta 25 euros por persona.
No hay nada moralmente reprobable en pasar un fin de semana en un buen hotel. Al contrario. Quien pueda hacerlo, que lo disfrute.
La cuestión es otra.
Si acabas de explicar públicamente que has tenido que abandonar tu casa porque «con un sueldo no podía» pagar el alquiler, quizá convenga introducir algún matiz antes de presentar la propia situación como una manifestación más del drama que simboliza Mari Carmen.
Porque tener que buscar una vivienda más económica no es lo mismo que ser desahuciada a los 87 años de la casa donde has vivido siete décadas.
Y porque compartir piso no es exactamente incompatible con pasar tres días en un hotel de cuatro estrellas frente al Mediterráneo.
La demagogia siempre necesita que no comparemos demasiado.
Ni 2018 con 2026.
Ni la legislación franquista con las reformas socialistas de 1985 y 1994.
Ni Mari Carmen con Ada Colau.
El problema es que los hechos tienen una desagradable tendencia a encontrarse entre sí. Y cuando se encuentran, los relatos demasiado perfectos empiezan a hacer aguas.
El caso Mari Carmen tiene un origen jurídico que va mucho más allá del eslogan: discriminación franquista, sí; pero también una LAU de 1994, aprobada con Felipe González, que limitó la segunda subrogación. #Maricarmen #Vivienda Compartir en X
