La Fiscalía ha presentado un escrito acusatorio en los juzgados de Badalona que señala como posible responsable de un delito ecológico al concejal de Barcelona ciudad, Eloi Badia, responsable de Emergencia Climática del ayuntamiento en su condición de presidente de TERSA, la empresa que gestiona la incineradora y que tiene como titulares al propio Ayuntamiento con un 41% y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con un 59%. Es decir, en definitiva, bajo la responsabilidad doble de Ada Colau que, no olvidemos, es la presidenta del AMB. Antes que Eloi Badia, fue presidenta de TERSA Janet Sanz, la segunda teniente de alcalde de Barcelona.
La acusación es grave y responde a las múltiples denuncias llevadas a cabo por la plataforma Airenet que señalan que las deficiencias en las operaciones de la incineradora ponen en riesgo la salud del entorno. En realidad esta iniciativa vecinal tiene como origen parte de los propios trabajadores de la planta, preocupados por las posibles emisiones de dioxinas. Fueron ellos quienes informaron a la vecindad y de ahí salió esta iniciativa que lleva años pleiteando con TERSA.
De hecho, ya en 2017, después de una primera denuncia, que lugar a un expediente por parte de la dirección general de Calidad Ambiental y la correspondiente sanción, pero que no se dio a conocer a la opinión pública. Después de aquellos han venido otros. Por tanto, no es el hecho de un momento, sino una trayectoria continuada por parte de la incineradora y bien conocida por sus responsables, porque Airenet les ha comunicado reiteradamente cuáles son los principales problemas, sin encontrar nunca ninguna respuesta resolutiva.
Ahora la acción del fiscal encauza la situación hacia un pleito de mayor dimensión, porque a diferencia del pasado, ya no se trata de sanciones administrativas sino de un caso penal por un posible delito ecológico. Es evidente que como toda otra imputación, hay que situar la presunción de inocencia sobre los responsables, si bien en este caso, y dado los años que lleva el problema, hay que concluir que existe una omisión importante por parte de los responsables políticos de la incineradora, y esto en primer término señala a Eloi Badia.
¿Cómo puede ser que el responsable de la emergencia climática de la capital de Cataluña se vea ahora bajo el punto de mira de la Fiscalía por delito ecológico? Es un contrasentido demasiado grave. Mientras, el Ayuntamiento nos ofrece imágenes idílicas de calles de Barcelona convertidas en jardines, cuando la realidad es que la ciudad cada vez es más fea y está más contaminada. El asunto del túnel de Glòries es un ejemplo de esta contradicción que también pone de relieve la incineradora del Besòs. Este gobierno municipal de Ada Colau en nombre de una atmósfera limpia está consiguiendo contaminar más y más la ciudad. Todas aquellas personas que tienen como prioridad recuperar el bienestar ecológico no pueden confiar en un grupo que continuamente muestra sus contradicciones, cuando no hace trampas en el solitario.
Por si todo esto no fuera suficiente, en este momento resulta que, por un lado, la alcaldesa está imputada por subvenciones irregulares, sin que este asunto haya significado la dimisión por su parte, a pesar de que esta era la norma interna de su grupo municipal. Y ahora a esta situación se le añade que el concejal responsable de medio ambiente se vea acusado por la Fiscalía de un delito en este ámbito.
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