Esta semana se ha anunciado la reanudación del contenido del artículo 23 de la Ley fundamental de Hong Kong. Temido por los partidarios de la democracia y del estatus especial de la isla, la introducción de este texto supondría un golpe mortal para el movimiento de oposición a Pekín.
Su aprobación permitiría al gobierno prochino proscribir cualquier protesta prodemocrática con la excusa de detener un movimiento secesionista.
El contenido del artículo se discutirá en el Congreso Nacional del Pueblo que se celebrará la próxima semana en Pekín. Los miembros del movimiento prodemocrático temen que el texto que se apruebe sea suficientemente ambiguo para justificarlo como imparcial ante las cámaras y a la vez permitir una aplicación rigorista y la consolidación de una jurisprudencia en favor de Pekín.
De hecho, en China, es el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo quien actúa como Tribunal Constitucional, explica la activista Jack Hazlewood. Un órgano explícitamente político en manos del Partido Comunista Chino.
El momento escogido para anunciar la aprobación del contenido del artículo 23 no es casual. Llega cuando Pekín se siente suficientemente fuerte habiendo superado la epidemia del coronavirus. El gobierno chino además ha utilizado la enfermedad como arma contra los manifestantes de Hong Kong – la prohibición de las reuniones de más de ocho personas ha de facto ilegalizado las protestas, a pesar de que la isla cuenta con escasísimos casos de la enfermedad.
Se espera que el verano que se acerca a Hong Kong sea especialmente movido: con el contenido del artículo 23 aprobado, la Covid-19 no podrá seguir conteniendo la ira de los opositores a Pekín por mucho más tiempo.
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Hay que entender lo que supone la aprobación del contenido del artículo 23 (el artículo en sí no se aprobará por el mal nombre que le acompaña desde las protestas masivas de 2003). Para los partidarios de la democracia, el artículo implica dar a Pekín el poder de reprimir cualquier expresión que no sea de su agrado político.
Se trataría del acto final de la destrucción del régimen especial de la isla, su única garantía de los derechos civiles y políticos de los que los chinos continentales no disfrutan.
Tras el anuncio de Pekín, todos los ojos en Hong Kong se dirigen hacia la respuesta internacional. El presidente estadounidense Donald Trump ya ha anunciado que los Estados Unidos responderían «muy fuertemente» si Pekín intentaba aprobar la nueva legislación.
La Casa Blanca podría por ejemplo retirar el estatus especial del que Hong Kong disfruta para comerciar con los Estados Unidos. Los 43.000 millones de dólares anuales que circulan entre América y Hong Kong estarían entonces en peligro, lo que podría hacer pensar al gobierno pro-Pekín de la isla.
Por su parte, la antigua potencia colonial de la isla, Gran Bretaña, tan sólo declara estar «siguiendo atentamente» la situación. La falta de decisión de Londres en el pasado para proteger la libertad de su excolonia le ha costado importantes críticas del movimiento prodemocrático.
