De acuerdo con los datos del Ministerio de Universidades, Cataluña es la antepenúltima comunidad en la nota de selectividad en la convocatoria ordinaria de 2018. Y es también una de las que menos ha mejorado desde 2014. Esto hace que su posición relativa haya empeorado. Por ejemplo, en 2014 estaba ligeramente por encima de la Comunidad Valenciana con un 7,06 frente a un 7,02 de aquella autonomía. En 2018 Valencia ha pasado al 7,20 mientras que Cataluña sólo ha mejorado hasta el 7,13. Esto hace que esté claramente por debajo de la media española (7,28) y ocupe la antepenúltima posición, teniendo por detrás a Galicia y Baleares.
Hay, por tanto, un doble problema insuficientemente explorado. El primero es por qué los resultados son tan malos en el caso catalán, y el segundo es por qué no ha evolucionado más positivamente.
Hay que decir, sin embargo, que estos datos deben tomarse con reservas, porque existe el debate abierto sobre el hecho de que hay autonomías que son muy generosas a la hora de calificar la selectividad. Lo constata el hecho de que la mejor nota se la lleven Extremadura (7,64) y Canarias (7,60), cuando otros indicadores de la situación de la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria de estas comunidades aportan resultados peores. La comparación con las valoraciones PISA generan intriga.
Con todo, esta observación no debe hacer perder de vista que la situación de Cataluña es preocupante, porque también aquí se producen aprobados con asterisco, en la fase de la ESO aquellos que no se corresponden con las calificaciones reales. Está claro que estos aprobados «políticos» no guardan relación directa con el examen de selectividad, pero permiten pensar que una parte del alumnado que llega no tiene una base académica bien asentada.
El anteproyecto de ley de enseñanza de la ministra Celáa puede empeorar el panorama, porque si no rectifica, prevé que un alumno que tenga alguna asignatura suspendida de bachillerato podrá obtener el título. Sería un hecho que no ayudaría a la exigencia académica.
