Mientras que el jueves 2 de abril España se ha situado en la peligrosa frontera de los mil muertos diarios, al alcanzar los 950, Cataluña dirigida por los partidos independentistas se ha convertido en una información de alcance internacional, pero por un triste motivo.
Como señalaba en su titular uno de los medios de comunicación que se ha hecho eco del tema, el prestigioso periódico italiano Corriere de la Sera, “ Coronavirus, la Catalogna sceglie chi intubare e chi no Ultimi gli ultra ottantenni” (Cataluña decide a quién intubar y a quién no, a los de más de ochenta años).
Las informaciones publicadas dan cuenta de “las instrucciones al personal sanitario y a los trabajadores de las ambulancias, sobre cómo convencer a las familias de no exigir el cuidado de los ancianos en las salas de cuidados intensivos”. El periódico afirma que esta comunicación “está causando revuelo en España. Y divide a la opinión pública entre escandalizada y pragmática (o cínica)”.
“Las directivas -afirma- instan a los operadores de ambulancias, que se llaman a casa para nuevos casos sospechosos de infección coronavirus, por no hablar de que «las camas en reanimación no son suficientes» como razón de la falta de hospitalización, simplemente asesorar contra «curas invasivas, como la ventilación mecánica», si el paciente tiene más de 80 años y tiene enfermedades previas. Y sugerir que, en momentos como estos, «morir en casa es la mejor opción si puedes controlar tus síntomas«.
Cataluña decide a quién intubar y a quién no, a los de más de ochenta años Clic para tuitearDe esta manera, Cataluña se habría alineado con una medida parecida que se viene aplicando en Holanda, uno de los pocos países que cuentan con una ley que permite la eutanasia. En el caso holandés, se ofrece además la posibilidad de morir en casa mediante la muerte controlada por el médico, también para “evitar sufrimientos”. En ambos casos se trata de desincentivar que el anciano se integre al sistema sanitario, pero presentándolo en términos humanitarios.
El Corriere de la Sera añade que, “con el fin de superar cualquier insistencia en la negación, hay que recordar que en la sala de emergencias los parientes no pueden entrar, y mucho menos visitar al paciente o acompañarlo en sus últimos momentos”. La respuesta de la sanidad catalana tiene una cobertura cínica: «No estamos eligiendo quién debe vivir y quién no debe justificarlo, sino solo aquellos que pueden apoyar mejor los tratamientos agresivos». Lastima que el “tratamiento agresivo” es dotarlo de un aparato que le permite respirar, sin el cual la muerte es prácticamente segura.
A los enfermos se les deja en el domicilio, indicando la terapia farmacológica que se administrará a sus seres queridos para apaciguar la sensación de ahogamiento. Según el periódico italiano, “el primer triaje, en resumen, está ahora en casa y solo aquellos que, por edad y condiciones generales, muestran posibilidades concretas de supervivencia pueden esperar ser intubados”. Estos, o aquellos que por su elevado nivel de ingresos pueden permitirse un tratamiento especial en una clínica privada. No es nada claro cuáles son los fármacos que se aplican para apaciguar el ahogamiento para quienes dejan morirse en sus hogares, porque según cuales sean la sanidad pública estaría aplicando la eutanasia, en el supuesto de que ocasionaran deliberadamente la muerte, aunque en este caso la división entre medicamentos paliativos que ahorran el sufrimiento y acortan la vida, y los que la suprimen, es muy porosa.
Otras informaciones del personal sanitario señalan que por ejemplo en el Hospital Clínico, prácticamente los que tienen acceso a los respiradores clínicos, raramente tienen más de 70 años, los mayores de esta edad, en todo caso, reciben la ayuda de aparatos improvisados que resultan inadecuados en los casos más graves
Estos hechos, ahora ya de alcance internacional, unido al escándalo de las residencias de ancianos, que no es exclusivo de Cataluña, así como las desafortunadas intervenciones de la responsable de Salud, la consejera Alba Vergés, están creando un profundo malestar en amplios sectores de la población de Cataluña, que además ya contaba con la desafortunada actuación de la Generalitat en el caso de Igualada.
La última desafortunada intervención de la consejera -de hecho es una práctica cotidiana- corresponde a la sesión informativa de este jueves, cuando a preguntas de los medios sobre si habían delegado el contaje de los muertos a las empresas funerarias, y después de la habitual, torrencial y deslavazada intervención, afirmó que efectivamente utilizan aquellas empresas porque son más rápidos con los datos de mortalidad diaria, aunque negó que hubieran delegado en ellas. Lo utilizan porque según Vergés, el sistema estadístico del departamento de Salud no está preparado para aportar datos precisos con la velocidad que ahora se requiere.
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