Salvador Illa parece muy condicionado por el paripé de ERC para aprobar los presupuestos de este año, que en estos momentos y en el mejor de los casos solo tendrán plena vigencia durante medio año. Lo que nos interesa a los ciudadanos y que Illa no hace, ya que ni el Parlamento se lo impone ni lo que llaman las “fuerzas vivas” y algunas lo son y muy vivas, no le demandan, es rendir cuentas de lo que ha hecho y del estado de sus numerosas promesas. Sin ese ejercicio de memoria política no hay rendición de cuentas posible.
Illa estructuró su proyecto en torno a un concepto central: la “prosperidad compartida”. Este marco retórico se traduce en un programa con notable densidad de planes sectoriales y objetivos cuantitativos.
El primer gesto simbólico debía ser el decreto contra la sequía, con una inversión prevista de 3.500 millones de euros hasta el 2030 para reforzar infraestructuras hídricas y alcanzar un 70% de autonomía en suministro en el 2027. Hoy la sequía está olvidada gracias a la lluvia abundante, y de los avances del Plan tenemos pocas noticias.
Esta apuesta se vinculaba con la transición energética. El gobierno asumió como objetivo estratégico alcanzar el 50% de autonomía eléctrica en 2030, con el despliegue de 12.000 MW de renovables en el marco del PROENCAT 2050. La energía y el agua se configuraban así como ejes estructurales de competitividad.
El segundo gran pilar programático es la vivienda. El plan inicial de 50.000 pisos públicos hasta 2030 -con una inversión estimada de 8.300 millones de euros- se amplió en 2025 hasta un objetivo global de 210.000 viviendas, combinando promoción directa, colaboración público-privada y adquisiciones. El gobierno identificaba esta política como el principal instrumento de cohesión social y emancipación juvenil.
En sanidad, el compromiso era elevar el gasto al 7% del PIB catalán, con un mínimo del 25% destinado a la atención primaria. También se anunció la mejora de la accesibilidad, incluyendo la posibilidad de atención en los CAP sin cita previa. Paralelamente, se planteaba un incremento sustancial de la formación médica, con el objetivo de pasar de 1.300 a 2.000 plazas de medicina en 2030.
El ámbito educativo incorporaba la universalización de la gratuidad de la etapa 0-3 años, con la creación de 10.000 nuevas plazas, así como la voluntad explícita de revertir los malos resultados académicos y reducir el abandono escolar. Este compromiso se complementaba con un plan de choque para reforzar el uso social del catalán, definido como «columna vertebral» de la cohesión nacional.
En el terreno institucional, la reforma administrativa se presentaba como una transformación estructural del sector público, basada en la simplificación normativa y la digitalización. Esta agenda se conectaba con la negociación de un nuevo modelo de financiación singular, incluyendo la creación de un consorcio tributario con el Estado y la condonación parcial de la deuda.
El capítulo de infraestructuras completaba el programa: culminación del traspaso de Cercanías, ampliación del aeropuerto de El Prat con una inversión superior a 1.700 millones de euros e impulso del corredor mediterráneo. A esto se añadían nuevos planes anunciados entre 2025 y 2026: el Pla de Barris (1.000 millones), medidas sobre la dependencia, refuerzo de los bomberos con un aumento del 36,8% de plantilla.
El resultado global es el de un gobierno con una extraordinaria densidad de inputs programáticos. La cuestión decisiva es si esa arquitectura normativa ha empezado a traducirse en realidad o no es así. De ahí que haya que ver qué se ha conseguido.
Illa debe rendir cuentas de lo que ha hecho y del estado de sus numerosas promesas. Sin este ejercicio de memoria política no existe rendición de cuentas posible. Compartir en X
