En España, y en Cataluña en particular, se vive una crisis de vivienda que afecta desproporcionadamente a las familias jóvenes y aquellas con menos ingresos.
Existe un déficit crónico de vivienda social: cómo Converses recogía. A finales de 2022 España sólo tenía entre un 1,6 y un 2,5%, según las fuentes, cuando la UE se la situaba en el 9,3%.
Ahora, la fuerte presión inmigratoria que vive España ha relanzado, con mayor fuerza, el debate de la vivienda de protección oficial. Según el discurso oficial, se necesitan más viviendas sociales para acoger la nueva fuerza de trabajo, que como trabaja en sectores de sueldos bajos, no se puede permitir acceder al mercado libre.
España debería prestar atención a la situación que vive el sector de la vivienda social en el país vecino, Francia. Las cifras son vertiginosas
Francia, que es también el país que concentra mayor gasto social del mundo, dispone de una de cada cuatro viviendas sociales a escala europea. Un 25% del parque inmobiliario urbano francés es de protección oficial, así como en torno a un 17% del total.
HLM (Vivienda con alquiler moderado)
El discurso oficial quisiera que, con estas cifras, Francia fuera un caso de éxito y un ejemplo a seguir. Y pese a que el país vecino es uno de los estados europeos con menores desigualdades sociales, la sobreabundancia de vivienda social o HLM (por Habitation à Loyer Modéré , literalmente vivienda con alquiler moderado) esconde un lado oscuro de nefastas consecuencias sociales y económicas.
Primero, cabe apuntar que en Francia la oferta estimula la demanda: actualmente se necesitan hasta 10 años de espera para acceder a un HLM. Sin embargo, el índice de pobreza en Francia (14,5% en 2021 según datos oficiales) es inferior al de vivienda social (17% en 2018).
En segundo lugar, el estado francés dedica cada año 38.000 millones de euros a su política de vivienda, que se suman a otras subvenciones que los ocupantes de los HLM suelen acumular dada su situación de personas con ingresos oficialmente débiles.
Los resultados financieros de esta política del cheque son hoy evidentes: hace poco se supo que Francia tuvo un déficit público del 5,5% de su PIB en 2023, convirtiéndose en uno de los peores alumnos de la UE.
En tercer lugar, y más importante, según el ex prefecto Michel Aubouin, autor de un reciente estudio sobre el estado del sector de la vivienda social en Francia, los HLM han fracasado en su objetivo inicial, que era ofrecer una vivienda transitoria a las familias más modestas.
En concreto, los HLM ya no son una solución momentánea para los más desfavorecidos, antes de que éstos tengan la oportunidad de acceder a una vivienda de propiedad, sino que se han convertido en una finalidad en sí mismos, en una solución permanente. Como Aubouin expone, los HLM son una especie de “renta vitalicia”.
Así pues, no es de extrañar que la demanda sea inalcanzable, aunque Francia dispone de leyes extraordinariamente intrusivas de urbanismo. Efectivamente, la legislación francesa fuerza la construcción de viviendas sociales en los municipios donde el porcentaje de HLM se sitúa por debajo del umbral objetivo, fijado en un astronómico 25% del parque total de vivienda.
Otro dato chocante de la realidad de la vivienda social en Francia es que, según los datos recopilados por Aubouin, el 35% de los inmigrantes residentes en Francia viven en HLM, mientras que este porcentaje desciende hasta el 11% en el caso de los franceses autóctonos.
Así pues, la vivienda social en Francia funciona como un mecanismo más que permite disimular los costes económicos de la inmigración de masa escasamente calificada .
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