A los perfiles sobre inmigración que presentamos en el primer artículo, sobre todo referidos a Cataluña, debe subrayarse el más importante de ellos: el carácter masivo y rápido de la población extranjera que está llegando. Es un caso evidente en el que las condiciones cuantitativas determinan un cambio cualitativo generador de problemas.
Desde principios del siglo XX, Cataluña ha registrado cinco grandes oleadas inmigratorias, pero con diferencia las más voluminosas corresponden a este siglo, con dos grandes olas con puntas que superan las 100.000 personas al año en la primera década y en la actualidad. El resultado es un 21% de extranjeros; un 27% en Barcelona, que con los hijos nacidos de primera generación se sitúan en la cuarta parte y el 30% respectivamente de la población total, con tendencia a aumentar rápidamente por la combinación de la continuidad del flujo inmigratorio y una mayor tasa de fecundidad en este grupo de población.
Naturalmente, la inmigración presenta factores positivos. Los más evidentes son el rejuvenecimiento y la aportación de fuerza de trabajo. También, por esta última causa, constituyen una contribución neta a corto plazo a la Seguridad Social.
Ahora bien, estos efectos presentan algunas compartidas negativas o que limitan su impacto favorable. Uno de ellos, lo constituye un efecto espejismo sobre la economía española. Esta crece por la adición de nuevo trabajo, pero como su productividad es baja, la renta per cápita crece poco en comparación con Europa y retrocede. Como a su vez la evolución europea es peor que la de Estados Unidos, el resultado global es el retroceso español. En otros términos, la adición de trabajo hace crecer el pastel, pero como también aumenta mucho el número de comensales y cada uno de los nuevos aporta comparativamente poco en relación con los existentes, las porciones que corresponden a cada uno crecen poco o no lo hacen. El resultado es que nos alejamos de la convergencia de renta per cápita con la Unión Europea, de manera que España ha descendido al lugar 18º entre los 27 países. De hecho, se mantiene a una distancia semejante a la que existía en 1975.
Naturalmente, el problema de la deficiente productividad española no es imputable en sus causas estructurales a la inmigración, pero sí sucede que esta acentúa determinados aspectos adversos: el flujo de mano de obra de bajo coste incentiva el crecimiento de los sectores de menor productividad, como la construcción, el turismo, la hostelería, los servicios domésticos y otros servicios personales. La corrección de este hecho mediante el salario mínimo tiene un límite por su impacto en el conjunto de la economía. Otro efecto concomitante es que tiende a disuadir la introducción de factores de mejora de la productividad total de los factores (PTF) en los sectores donde abunda el trabajo inmigrante.
En cuanto a la aportación a la Seguridad Social, los estudios sobre sus efectos a largo plazo (2050) reducen en gran medida sus beneficios, de manera que la diferencia entre un escenario de baja o alta inmigración en cuanto al peso de las pensiones sobre el PIB es solo de uno a dos puntos de reducción. Esta minoración debe ser observada en relación al aumento de determinados costes sociales asumidos por los presupuestos de las administraciones públicas.
El 95% de los puestos de trabajo creados en España durante el último año fueron ocupados por personas no nacidas en el país. Estos datos provienen del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU-San Pablo, basados en microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El economista Miquel Puig y secretario de Asuntos Económicos de la Generalitat señala que, en los últimos años, los españoles generalmente solo pueden aspirar a los puestos de trabajo que quedan disponibles debido a jubilaciones u otras vacantes. El auge del turismo, por ejemplo, no ha generado empleos significativos para los españoles, ya que a menudo están vinculados al sector de servicios con salarios bajos y son ocupados por inmigrantes. En Cataluña, hay años en los que todo el nuevo empleo se destina a personas nacidas en el extranjero. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se espera que la migración neta en España sea de cerca de medio millón de personas cada año en los próximos ejercicios, esto podría significar una afluencia anual de unas 70.000 personas en Cataluña.
Al mismo tiempo, la estructura productiva española expulsa población autóctona: 301.000 personas en 2021 y 426.000 en el 2022. El 56% con destino a Europa y el 4,5% a Estados Unidos, con una pérdida de capital humano cifrado por la Fundación del BBVA y el IVIE en 154.800 millones de euros. Esto último significa una descapitalización importante: se expulsa capital humano cualificado, que ha significado un coste importante para la sociedad y se importa en una medida importante otro de mucha menor cualificación. El balance es muy adverso para el futuro del país.
La diversidad es positiva, pero en una sociedad de demografía débil, envejecida, con una lengua minoritaria, el catalán, que solo es la primera lengua en el 31% de las familias, significa graves e inabordadas dificultades para la lengua y cultura catalana. El hecho masivo de la inmigración tiende a reducir aún más su uso social y el mantenimiento de su cultura.
Por último, es evidente que no he tratado tres cuestiones, que desde determinadas perspectivas se vinculan a la inmigración: la mayor delincuencia, la extensión de la droga y los feminicidios de pareja. Sobre los tres, hay que decir que no debe ocultarse que existe una correlación positiva con el aumento de la población extrajera en relación con la población total. Negarlo no hace ningún favor a la defensa del inmigrante, como tampoco lo hace acentuar la cuestión, porque, en relación con la delincuencia, la correlación fuerte radica en la situación económica de las personas más que en su origen. Algo parecido puede decirse de la droga, si bien algunas nacionalidades y la existencia de gran delincuencia de origen étnico en este campo, señalan un problema de esta naturaleza. En ambos casos, la situación debe ser atendida y seguida de cerca en una medida superior a la que se practica, cercenando su expansión, aunque con la droga, el problema de fondo es la demanda del mercado, que ahora, por ejemplo, está inundado de cocaína barata y de gran pureza, procedente de Colombia y Perú.
Sobre el feminicidio de la pareja, también la correlación es fuerte, pero a causa de la ruptura de los emparejamientos informales que la inmigración genera, y se dan en mucha menor medida en los matrimonios. La causa son los emparejamientos generados por el desarraigo. De aquí que, el reagrupamiento familiar, además de una exigencia moral, resulta socialmente recomendable.
En definitiva, en Cataluña, por razones vinculadas al bien común, que deben articularse con otros principios básicos, debe abrirse un debate a partir de estos principios y las condiciones objetivas concretas del estado de la inmigración, para responder a la cuestión de cuántos inmigrantes podemos acoger en condiciones razonables, y al tiempo asumir el necesario reagrupamiento familiar, sin afectar negativamente al conjunto de la población y a sus condiciones de vida. El debate político ante las próximas elecciones al Parlament de Catalunya debería tratar esta cuestión, en lugar de ocultar el problema bajo la estera.