Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 prometiendo regeneración democrática. Ocho años después, ante las elecciones del 29 de noviembre, el balance exige una pregunta menos complaciente que la habitual enumeración de leyes, inversiones y ayudas: ¿qué grandes problemas de España ha sido capaz de resolver?
La respuesta es demoledora. No porque no existan logros laborales y sociales, sino porque demasiadas mejoras parciales conviven con crisis estructurales agravadas y con una práctica del poder cada vez más refractaria a sus límites democráticos.
Un país que crece, pero no resuelve sus problemas
La vivienda es la prueba más visible. El Banco de España calcula un desfase acumulado próximo a 750.000 viviendas entre los hogares creados y las viviendas terminadas durante el periodo 2021-2025. No es una cifra de personas sin techo, sino la medida de un desequilibrio que expulsa a los jóvenes del mercado residencial, impide formar familias y reduce la movilidad laboral.
Mientras se multiplicaban los anuncios, faltaban suelo urbanizado, licencias, construcción y coordinación con los transportes y los suministros.
La vivienda social apenas representa entre el 1,5 % y el 1,7 % del parque, según la Comisión Europea. Se ha pretendido proteger a los inquilinos vulnerables descargando parte del coste sobre los pequeños propietarios, sin construir una alternativa pública suficiente. Proteger no es lo mismo que resolver.
El crecimiento de la economía tampoco admite celebraciones sin matices.
La Comisión Europea advierte de la debilidad del avance por habitante y de la productividad. El salario bruto medio aumentó de 24.009 euros en 2018 a 29.540 en 2024, un 23 % nominal. Pero lo decisivo para vivir es cuánto queda después de la inflación, los impuestos y la vivienda, y el resultado para quienes no son propietarios de sus hogares es negativo.
La clave está en el pobre comportamiento de la productividad. Desde 2018, y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), España es el único país europeo que ha perdido productividad (-0,1 %).
La OCDE sitúa en 2025 la cuña fiscal del trabajador soltero con un salario medio en el 41,4 % del coste laboral. Crece el PIB, pero no necesariamente la capacidad de una pareja joven para pagarse una casa y criar un hijo.
La infancia, la educación y los servicios que fallan
Aquí aparece un fracaso especialmente hiriente: el de la infancia y la familia. En 2025, el 33,8 % de los menores españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 24,3 % europeo. En 2024 nacieron 318.005 niños y la fecundidad fue de 1,10 hijos por mujer.
Ningún Gobierno puede revertir por decreto una tendencia anterior y europea. Pero ocho años deberían bastar para articular una política de apoyo económico continuado a la crianza, conciliación real y estabilidad residencial. Se ampliaron los permisos, pero no se construyó una respuesta equivalente a lo largo de toda la infancia. También faltaron ayudas tempranas y efectivas para las mujeres embarazadas en situaciones de precariedad que desean ser madres.
En educación, PISA 2025 sitúa a España en 451 puntos en lectura y 457 en matemáticas, por debajo de los 474 y 473 puntos de 2022, respectivamente. Es imposible reducir ese deterioro a una sola ley, como también lo es disimularlo tras las estadísticas de titulaciones.
En sanidad, diciembre de 2025 dejó 853.509 pacientes pendientes de cirugía y una espera media de 121 días. En dependencia, la tramitación alcanzaba los 341 días. Y, según la AIReF, el 52 % de los hogares elegibles para el ingreso mínimo vital no lo había solicitado. Una prestación escrita en el BOE no es todavía una prestación recibida; un derecho reconocido no equivale a un servicio prestado.
Las pensiones merecen otra distinción. Preservar su poder adquisitivo constituye un avance, pero la AIReF advierte de que cumplir formalmente la regla de gasto no garantiza la sostenibilidad.
La deuda pública se situó en junio de 2026 en 1,763 billones de euros, el 101,5 % del PIB. La ratio descendió, ciertamente, mientras el volumen crecía. Sin productividad y equidad entre generaciones, el coste terminará desplazándose hacia quienes hoy trabajan.
La imprevisión como forma de gobierno
La inmigración revela el mismo defecto de anticipación. El saldo migratorio exterior fue de 626.268 personas en 2024. Es una aportación potencial de empleo y población, pero también genera una demanda inmediata de viviendas, aulas, consultas, transporte e integración.
No preverla no es solidaridad: es mala administración.
La crisis de Ceuta de julio de 2026, con entradas masivas estimadas en 70.000-80.000 personas, ha abierto, además, una investigación sobre las alertas y la coordinación. Las responsabilidades judiciales deberán acreditarse; las políticas no pueden eludirse.
El deterioro de las garantías institucionales
Y luego está la calidad de las instituciones. Tres ejercicios sin nuevos presupuestos y su sustitución sistemática por prórrogas expresan una anomalía parlamentaria, aunque la prórroga sea constitucional.
El informe europeo sobre el Estado de derecho sigue señalando problemas en la elección del poder judicial, la autonomía fiscal y la independencia de los medios públicos. La amnistía fue avalada en sus aspectos esenciales por el Tribunal Constitucional; eso no convierte en irrelevante su negociación para asegurar la investidura.
Las condenas de Ábalos y Koldo no prueban delito alguno de Sánchez, pero sí exigen responsabilidad política por los controles de su entorno.
A ello se añaden los errores de la ley del «solo sí es sí», las garantías insuficientes durante el estado de alarma y decisiones de Estado, como el giro sobre el Sáhara, adoptadas sin un consenso proporcionado.
Rodalies, las conexiones eléctricas insuficientes y la crisis del apagón completan el retrato de un país donde las infraestructuras no siempre acompañan a la propaganda.
No todo depende de Moncloa; las comunidades autónomas y los ayuntamientos también tienen responsabilidades. Pero gobernar es precisamente anticipar, coordinar y rendir cuentas. Y el momento de hacerlo es ahora, como condición para que las elecciones tengan un sentido racional.
El problema de estos ocho años no es solo lo que se hizo mal. Es, sobre todo, lo que se dejó empeorar mientras se proclamaba que España iba bien.
Ocho años de Sánchez: 750.000 viviendas de déficit acumulado, pobreza infantil del 33,8% y deterioro educativo. El crecimiento económico no ha resuelto los problemas de fondo. #PedroSánchez #España Compartir en X
