Salvador Illa llegó a la presidencia con una promesa que, después de años de política extraordinaria, parecía casi revolucionaria por su sencillez: gobernar bien. Gestión, servicios públicos, prosperidad, normalidad. Más de dos años después, el problema ya no es una incidencia concreta ni una consejería determinada. Es la acumulación de fallos simultáneos hasta formar un sistema.
El concepto más preciso es desarticulación sistémica: las piezas siguen existiendo, pero dejan de encajar y producir resultados.
Rodalies es la expresión más visible. El temporal de los primeros días de octubre fue extraordinario. Sería absurdo responsabilizar a un gobierno de que se produzcan precipitaciones excepcionales. Lo que sí es políticamente exigible es qué ocurre antes, durante y después: previsión, resistencia de las infraestructuras, alternativas de transporte, información y velocidad de recuperación.
Y aquí la fotografía es difícil de ignorar. El 7 de octubre, Rodalies continuaba sin funcionar con normalidad y se recomendaba buscar transportes alternativos. Adif afirmaba haber recuperado más del 95% de la infraestructura, pero el conflicto con los maquinistas de Semaf, que reclamaban garantías documentadas de seguridad, seguía dificultando la reanudación. No es simplemente una vía estropeada: es la incapacidad del conjunto del sistema para convertir infraestructura disponible en servicio efectivo.
La fragmentación competencial -Generalitat, Renfe, Adif, Ministerio, sindicatos- explica una parte del problema, pero no lo resuelve. Al ciudadano que no llega al trabajo le es bastante indiferente el organigrama. Cuando todo el mundo tiene una parte de la responsabilidad y nadie parece tener la capacidad final de garantizar el resultado, el autogobierno corre el riesgo de convertirse en superestructura.
El temporal ha introducido, además, una cuestión más delicada: la gestión de la alarma. El 5 de octubre, Protecció Civil reconocía que las lluvias habían estado muy por encima de lo que indicaban los modelos, mientras el jefe de predicción del Meteocat admitía que el sistema convectivo había aparecido inesperadamente.
La alarma era necesaria. Pero existe otro riesgo: la fatiga de alerta. Cuando las alarmas se multiplican, las prohibiciones se prolongan y el ciudadano es convocado reiteradamente a la excepcionalidad, el aviso acaba perdiendo fuerza. De tanto anunciar lo extraordinario, lo extraordinario se hace ordinario. La normalización de la excepción termina desactivando la excepción.
La peste porcina africana ofrece otro ejemplo de esta inclinación hacia la prohibición preventiva. Collserola y otros espacios de alto riesgo han acumulado meses de cierre, pese a las peticiones de alcaldes de los municipios afectados para que se flexibilizaran las restricciones. Proteger al sector porcino es evidentemente legítimo. Otra cuestión es si una limitación tan prolongada sigue siendo siempre la medida más proporcionada y si se han ponderado adecuadamente los costes económicos y sociales.
La educación completa el cuadro. Illa ha recuperado el reconocimiento de la autoridad del profesorado y mantiene el objetivo de alcanzar el 6 % del PIB en gasto educativo. Pero, simultáneamente, las 565 asociaciones agrupadas en la Assemblea Educativa de Catalunya preparan nuevas movilizaciones y sostienen que el curso ha comenzado “igual o peor” que el anterior. Mientras tanto, después de los problemas con la muestra catalana de PISA, sigue pendiente disponer de un sistema incontestable de evaluación de los resultados.
Y queda la economía, porque la buena gestión no se mide en ruedas de prensa. El avance de la Contabilidad Regional del INE sitúa el PIB catalán de 2025 en 319.985 millones de euros, frente a los 337.216 millones de Madrid: aproximadamente el 18,93 % y el 19,95 % del PIB español, respectivamente. El PIB por habitante es de 39.199 euros en Cataluña y 47.220 en Madrid. Cataluña creció en 2025 un 2,5 %, una décima menos que España y dos menos que Madrid.
Ninguno de estos datos, considerado de forma aislada, demuestra un fallo general. El problema es su acumulación.
¿Qué significa exactamente “buena gestión” cuando el tren no llega, la alarma se convierte en cotidiana, los espacios públicos acumulan prohibiciones, la escuela prepara huelgas y la distancia económica respecto a Madrid aumenta?
Un país no se desarticula porque sufra una tormenta, una huelga o una incidencia ferroviaria. Se descose cuando las incidencias dejan de ser excepciones y empiezan a encadenarse; cuando gobernar significa cada vez más reaccionar, restringir, alertar y administrar emergencias.
El problema más grave llega entonces: cuando el caos deja de escandalizar porque se ha convertido en paisaje. Cataluña todavía no vive instalada en el colapso. Pero corre un riesgo quizá más insidioso: acostumbrarse a la disfunción. Que la anormalidad deje de ser noticia porque ya forma parte de la normalidad.
Cataluña no sufre sólo incidencias: comienza a sufrir una desarticulación sistémica. #Catalunya #GovernIlla Compartir en X
