Hay alcaldes que viajan para conocer ciudades y alcaldes que regresan con una tienda. Collboni ha visitado Zohran Mamdani y ha anunciado un establecimiento asequible en la Marina del Prat Vermell para 2027, en un espacio municipal y gestionado por el tercer sector. Nueva York se va convirtiendo en un Lourdes progresista: se llega con problemas de gobierno y se vuelve con una considerable fe en los milagros del mostrador.
El detalle es que el milagro todavía no se ha producido. El programa neoyorquino prevé cinco tiendas y 70 millones de dólares de inversión. La ciudad pagará la adecuación inicial, los alquileres y los impuestos inmobiliarios; operadores externos llevarán el negocio. La tienda del Bronx se prevé para 2027. Collboni importa, pues, una expectativa. Los resultados ya vendrán; la fotografía, no necesita esperar.
Tiendas asequibles con una factura aparte
Una tienda necesita mercancías, personal, transporte, frigoríficos y dinero para pagar las naranjas que se estropean. Poner un rótulo municipal no modifica esta desagradable circunstancia. Tampoco la modifica confiarla a una entidad sin ánimo de lucro: no repartir beneficios es respetable, pero no equivale a funcionar sin costes.
Las grandes cadenas reparten los gastos entre muchos establecimientos y compran grandes volúmenes. Una red pequeña tendrá que explicar qué ventaja le permite vender más barato. Si la ventaja consiste en cargar una parte de la factura en el presupuesto público, habremos subvencionado la compra. No habrá descubierto una forma superior de distribuir patatas.
Entonces la pregunta es elemental: ¿cuántos euros tendrá que poner el contribuyente para que una familia ahorre diez? Sin esa comparación con las ayudas directas, el anuncio es propaganda con cámara frigorífica. Y anunciar que no quiere competir con el comercio privado tiene una gracia especial: si dos tiendas venden los mismos tomates en el mismo vecindario, compiten. Los tomates desconocen las notas de prensa.
El problema es la renta que queda
Se están mezclando tres problemas. Si falta competencia, es necesario facilitar nuevos competidores. Si en un barrio faltan establecimientos, es necesario facilitar que se instalen. Si las familias no tienen dinero, es necesario ayudarlas a tenerlo. Abrir una tienda para resolver este último problema es como comprar un segundo monedero porque el primero está vacío.
Marina puede necesitar más comercio. Acreditarlo y facilitar un local a un operador viable sería una actuación concreta. Convertir esa necesidad en justificación de una cadena municipal contra la carestía es un salto considerable.
Antes es necesario explicar por qué no serviría una tienda ordinaria, una cooperativa o un concurso con obligaciones de servicio y un coste limitado.
El poder de compra depende de los salarios, de los impuestos y, sobre todo para muchos hogares, de lo que queda después de pagar la vivienda y los recibos. Pongamos un ejemplo hipotético: rebajar un 5% una compra mensual de 400 euros ahorra veinte euros. Una subida de cincuenta euros del alquiler se lleva el ahorro y aún reclama treinta euros más. El supermercado puede inaugurarse con solemnidad. El presupuesto familiar seguirá haciendo aguas.
El agua trae más cosas que agua
Ya que hablamos de agua, convendría mirar su recibo. El ejemplo publicado por Aigües de Barcelona para tres personas y catorce metros cúbicos bimestrales suma 71,04 euros: 31,83 de suministro y 22,79 de residuos, más canon, alcantarillado e IVA. Es un ejemplo, no una media. Pero ilustra que, cuando abrimos el grifo, también circulan administraciones.
No todos estos cobros dependen del Ayuntamiento. Cada una de las administraciones podría revisar costes, tasas y bonificaciones para dejar más renta en los hogares modestos. La Generalitat podría aligerar su carga tributaria; quien no paga IRPF necesita prestaciones efectivas. También debería actuar sobre la vivienda y los ingresos laborales. Todo esto exige gobernar. La ventaja de la tienda es que se puede inaugurar y no es necesario gobernar demasiado.
Ayudar a las familias sin inventar otro mostrador
Existen alternativas conocidas. En enero del 2015, Cáritas ya explicaba cómo la Tarjeta Barcelona Solidaria permitía comprar alimentos en los establecimientos habituales con autonomía. Ampliar ayudas según renta y cargas familiares, aprovecha tiendas existentes, preserva la elección y concentra los recursos en quienes los necesitan. No hace falta atravesar el Atlántico para descubrirlo.
También se pueden facilitar cooperativas de consumo y productores, compras conjuntas y logística compartida. Barcelona ya tiene Foodcoop. Abaratar costes reales es útil; presionar al campesino para que compense salarios bajos y alquileres imposibles es trasladar la pobreza de ventanilla. El campesino no puede ser el departamento de beneficencia de toda la cadena alimenticia.
El precedente de Barcelona Energia también merece memoria: la comercializadora pública perdió, antes de impuestos, 867.482 euros en 2021 y 421.220 en 2022. En 2025 registró 7.546 euros positivos antes de impuestos, pero pérdidas de explotación de 105.235 euros. El sello público no ahorra tener que hacer números.
El absurdo consiste en prometer una nueva red subvencionada sin demostrar que ayudará más y mejor que dar poder de compra a las familias. Antes de vendernos tomates asequibles, Collboni debería presentar la cuenta completa. Porque el tomate puede salir barato. La fotografía del alcalde, pagada entre todos, puede resultar carísima.
Cáritas ya permite comprar en los establecimientos habituales desde 2015 con la Tarjeta Barcelona Solidaria. No era necesario atravesar el Atlántico para encontrar una solución. #CáritasBarcelona #Collboni #AjuntamentBarcelona Compartir en X
