Con las elecciones generales convocadas para el domingo 29 de noviembre, la política de vivienda puede convertirse en trampa electoral para el PSOE.
El Gobierno ha construido buena parte de su discurso sobre una contraposición cada vez más marcada entre inquilinos y propietarios. Pero hay un problema que casi nunca aparece en este relato: una parte significativa de los propietarios que alquilan también votan socialismo.
Los datos permiten estimar que entre el 6,5% y el 8% de los votantes del PSOE son arrendadores de al menos una vivienda. Si aplicamos esta proporción a los 7.760.970 votos socialistas de las elecciones generales de 2023, hablamos de entre 504.000 y 621.000 electores, con una estimación central de unos 543.000. No es un dato directo del CIS, que no pregunta habitualmente si el entrevistado cobra rentas de alquiler, sino una estimación construida a partir de datos fiscales, demográficos y electorales.
Medio millón largo de votantes no decide por sí solo unas elecciones, pero es una magnitud lo suficientemente importante como para que un partido no pueda ignorarla, sobre todo cuando el PSOE presenta una posición tan débil como la actual y necesita recuperar cerca de un millón de votos.
El pequeño propietario no es necesariamente un rentista
Aquí aparece el segundo error del discurso político. Cuando se habla de propietarios, a menudo se utiliza una imagen dominada por los grandes tenedores, fondos de inversión y especulación. Pero la estructura real del mercado es muy distinta.
Los datos fiscales permiten calcular que en España hay aproximadamente 1,27 millones de pequeños arrendadores con una única vivienda alquilada. Y entre 700.000 y 750.000 cobrarían una renta igual o inferior a la media de su mercado local; una estimación central razonable es de unos 725.000. Si utilizamos la mediana, que es un dato directamente observable, la cifra sería de unos 638.000.
Es importante entender qué significa esto. Una parte sustancial de los arrendadores españoles no responde a la figura del gran propietario. Puede tratarse de un jubilado que complementa la pensión con un piso heredado, de una familia que conserva la antigua vivienda o de un pequeño ahorrador que ha invertido en una segunda propiedad.
Precisamente, este perfil encaja especialmente bien con una característica del electorado socialista: está más envejecido que la media. Entre quienes recordaban haber votado al PSOE en el 2023, un 34,6% tenía 65 años o más, según el CIS utilizado en la estimación, frente al 26,4% del conjunto de la muestra. La edad incrementa notablemente la probabilidad de disponer de vivienda en alquiler.
Dos decretos y un conflicto político
Ambos reales decretos leyes aprobados por el Gobierno el 29 de septiembre y derogados por el Congreso el 2 de octubre ejemplifican esta tensión. Uno ampliaba las medidas de protección ante los desahucios de personas vulnerables; el otro reforzaba extraordinariamente la continuidad de los contratos de arrendamiento, con nuevas obligaciones para el propietario y, en determinados casos, con indemnizaciones para el inquilino cuando el arrendador decidía no continuar el contrato.
El problema político no consiste en negar la necesidad de proteger a una familia vulnerable. Consiste en preguntarse quién soporta finalmente el coste de esta política social.
Cuando el Estado protege al inquilino, pero traslada al propietario particular una parte sustancial del riesgo, de la inseguridad jurídica, de las prórrogas obligatorias o de los retrasos en las compensaciones, deja de hacer política social con recursos públicos y pasa a hacerla, parcialmente, con el patrimonio de un tercero.
Y ese tercero también vota.
Inquilinos contra propietarios: una mala ecuación para el PSOE
En España hay aproximadamente cuatro millones de hogares de alquiler, donde viven más de diez millones de personas. Es, por tanto, lógico que cualquier gobierno intente responder a la preocupación que genera el aumento de los precios.
Pero electoralmente, la cuestión es más compleja. El PSOE necesita simultáneamente el voto de los inquilinos perjudicados por los precios y el de los pequeños propietarios que consideran que el Gobierno les convierte en responsables de un problema que el Estado no ha resuelto.
Esta contradicción puede ser especialmente importante entre los electores socialistas de mayor edad: propietarios de una vivienda adicional, con una renta de alquiler modesta o media, que no se reconocen en la figura del «gran tenedor», pero perciben que las nuevas normas les imponen obligaciones crecientes.
La batalla electoral de la vivienda, por tanto, no se jugará solo entre propietarios e inquilinos ni entre izquierda y derecha. También puede jugarse dentro del propio electorado socialista.
Y el hecho de que entre medio millón y más de 600.000 posibles arrendadores votaran al PSOE en el 2023 constituye una magnitud demasiado grande para considerarla políticamente irrelevante.
El domingo 29 de noviembre tendremos la respuesta.
Con las elecciones generales convocadas para el domingo 29 de noviembre, la política de vivienda puede convertirse en una trampa electoral para el PSOE. #PSOE #Vivienda. Compartir en X
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