Si ayer analizábamos «Las 10 claves de la degradación de la democracia en España «, cabe decir que 24 horas después, el deterioro de las instituciones de estado españolas se acentúa con nuevos conflictos, como son los choques en las diversas instituciones y poderes constitucionales.
Todo esto ocurre en un marco muy adverso desde el punto de vista de la práctica institucional, porque la mayoría de los partidos que apoyan a Sánchez asumen con satisfacción este deterioro, bien porque son independentistas y ven en el debilitamiento del estado pasos en la buena dirección, bien, como en el caso de Sumar y UP, que buscan liquidar el actual régimen y entrar en una nueva fase constituyente, sea de forma declarada, sea a través de la práctica. Además el hecho de que el jefe del Estado tuviera que hacerse perdonar que era una monarquía cuando se redactó la Constitución, tuvo como consecuencia que en la práctica no se disponga de ningún poder moderador o de última palabra en las crisis de estado, como sí tienen, por ejemplo, los presidentes de Portugal e Italia.
Lo que ahora ha pasado significa, en primer lugar, un conflicto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque éste, por primera vez, ha negado el plácet al renovado fiscal general del estado, García Ortiz. Lo hizo por 8 votos a 7 estableciendo que no era idóneo para el cargo. El fundamento de esta recusación está en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de categoría fiscal a su exjefe, Dolores Delgado, con una sentencia demoledora, en la que afirmaba que existía una “visible e innegable desviación de poder”. Hecho que la invalidaba para el cargo, que el gobierno rápidamente le renovó.
Cabe decir que en su primer nombramiento, si bien pasó el filtro, ya hubo un numeroso grosor de votos contrarios: 7 contra 12 positivos. La cuestión es que se producen dos choques de consecuencias aún nunca experimentadas. Uno, entre la fiscalía y el órgano de gobierno de los jueces. ¿Cómo va a funcionar bien la ya deteriorada justicia con un CGPJ que ha rechazado al fiscal general? Es evidente que su decisión no es vinculante para el gobierno, pero también lo es que compromete mucho las relaciones entre estas dos instancias de la justicia. El otro es que acentúa la crisis entre este órgano de gobierno de los jueces y el gobierno . Éste, fiel a su línea de no aflojar nunca y acentuar el ataque, tuvo en la boca del ministro de Justicia, Félix Bolaños, la advertencia de que el CGPJ en cualquier informe que haga “está al margen de la ley”.
Existe, pues, una guerra abierta entre dos poderes del estado que no tiene un árbitro claro que pueda resolver la crisis, y que tiene elementos que la acentúan en la amnistía, el lawfare y la creación de las comisiones que, por este último motivo, se ha acordado en el Congreso de los diputados.
La otra bofetada al gobierno ha venido por parte del Supremo, que ha anulado el nombramiento de la socialista y exministra, Magdalena Valerio, como presidenta del consejo de estado, un cargo que detentaba desde octubre pasado.
La razón para la anulación por parte del Supremo, que es la cuarta de altos nombramientos que ha hecho el gobierno, tiene una razón muy concreta: considera que infringe el artículo 6 de la ley que regula el consejo de estado y que supone que uno de los requisitos para formar parte del mismo es ser un jurista de reconocido prestigio.
De esta forma se ha asumido la tesis del recurso presentado por la Fundación Hay Derecho que afirmaba que Valerio sólo cumplía una de las dos condiciones exigidas por la ley, la de tener experiencia en asuntos de estado, pero que no tenía ninguna trayectoria como jurista y su única experiencia previa profesional era como funcionaria. El argumento radica en afirmar que cualquier funcionario con un bagaje similar podría ser calificado de jurista de reconocido prestigio, y es evidente que ésta no es la intención de la ley. Además, proceder de la política no le otorga ningún tipo de añadido en este caso.
Es evidente que todos los predecesores de Magdalena Valerio sí que eran personas de gran reconocimiento en el ámbito jurídico:
- Fernando Ledesma Bartret(1981-1982)
- Francisco Fernández Ordóñez (1982-1985)
- Fernando Ledesma Bartret (1985-1986
- Fernando Morán López (1986-1991)
- José Luis García Ferrero (1991-1995)
- Ramón Jáuregui Atondo (1995-1996)
- Marcelino Oreja Aguirre (1996-2000)
- Juan Manuel Fanjul Sedeño (2000-2004)
- Francisco Rubio Llorente (2004-2012)
- José Manuel Romay Beccaría (2012-2017)
- María Teresa Fernández de la Vega (2017-2020)
Y por si no estuviera liado lo internacional e institucional, también en lo económico las aguas no bajan tranquilas. Brufau, presidente de Repsol, ha anunciado que la empresa puede dejar de invertir 15.500 millones en España a consecuencia de la falta de garantías jurídicas e incertidumbres fiscales. Esta declaración, que es más una manifestación de malestar que otra cosa, la precedieron otras similares también de empresas de gran alcance, como Mercadona y Petronor.
En todo este escenario de insatisfacción empresarial siempre existe la ventaja por parte del gobierno de que la mayoría de empresas y de empleo están a cargo de las pymes y, por supuesto, éstas no pueden invertir fuera. Mientras, en el horizonte se cierne el anuncio de la semana laboral de 37 horas y media que precisamente para las pequeñas y microempresas puede representar una nueva dificultad, que las muy grandes pueden salvar con mucha más facilidad. Cuando se tienen 2, 3, 5 trabajadores es mucho más difícil realizar equilibrios con los horarios, sobre todo si no se han conseguido medios para mejorar la productividad.
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