Es ya abrumadora la ola de frustración y de impotencia que niega a la sociedad española en relación con la política y, más concretamente, con el ejercicio del poder por parte de los partidos.
La idea de que sus diputados nos representan en el Parlamento o en el Congreso es una entelequia que ya no se cree nadie. No viene de ahora mismo, es evidente; basta con recordar ese eslogan de los indignados “No nos representan”. Sin embargo, el delirio que ha transformado canales de participación en oligarquías del poder nunca había llegado tan alto.
Es evidente que, como ciudadanos no tenemos interlocución posible con nuestros diputados, pero todavía se mantenía un hilo de ficción, para quien quisiera creerles, en los programas electorales. Los votábamos y era el compromiso con el que los partidos debían intentar salir adelante. Sin embargo, esto también ha pasado a la historia y además de forma clamorosa cuando Sánchez se presentó a las elecciones de julio renegando de la amnistía, y ahora la defensa a diestro y siniestro . ¿Qué valor tiene entonces lo que se explica antes de las elecciones para conseguir nuestro voto? Es evidente: ninguna.
La frase que intenta justificar esta fechoría es la de hacer de la “necesidad” virtud. Pero claro, ¿de qué necesidad hablamos? Pues de conseguir gobernar caiga quien caiga y eso desde luego no tiene nada de ambicioso, más bien es todo lo contrario. Es una forma de decir lo que éticamente debemos rechazar: que las finalidades justifican los medios. Una afirmación terrible que lleva a grandes disparates, como se ve, por ejemplo, en la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Todo ello convierte el juego de las oligarquías políticas entregadas a sus deseos y necesidades en una olla de grillos que aleja a todo ciudadano y que genera un efecto perverso en la sociedad. Todo se ve tan envuelto y desesperanzado que más vale prescindir de ellos y que cada uno se salve como pueda.
Naturalmente, bajo esa premisa una sociedad no puede funcionar bien. Por tanto, a este problema del individualismo desesperanzado se le añade el otro de la oligarquía política que degrada las instituciones. Además se hace sin ni siquiera sentido del ridículo.
Véase, por ejemplo, ahora que pasaremos a tener tres mesas de diálogo con el independentismo. Una, recién estrenada, en Suiza con el PSOE y Junts. La otra, la congelada mesa de negociación entre Generalitat y gobierno español que, seguramente, el día 21 de este mes con la visita de Sánchez a Barcelona, sacará del congelador e, incluso, quizás añada algún obsequio de Navidad. Pero claro, con eso no tenía suficiente ERC, en su carrera con JxCat y ha conseguido de Sánchez una tercera mesa de negociación, que también se reunirá en Suiza, y que también tendrá un verificador internacional como Junts, porque no se trata de ser menos.
El resultado es ridículo para la buena gobernanza y para el prestigio del estado si le importa a alguien. O sea, para dos partidos que tienen la tercera y cuarta posición en las preferencias del electorado en las últimas elecciones generales, tenemos tres mesas negociadoras a las que deberíamos añadir otra instancia de negociación, esta formal y bien constituida, pero que no han hecho funcionar con regularidad, como es la comisión bilateral entre Generalitat y Estado. Tenemos, por tanto, cuatro plataformas negociadoras en relación con Cataluña. ¿Qué puede salir de veras de tanta confusión? Pues declaraciones grandilocuentes y más enredos a la hora de llevar el compromiso a la realidad.
Mientras, el colapso y el conflicto de la justicia por razones políticas, entre el poder judicial y el gobierno, el poder judicial y la fiscalía, entre instancias jurídicas muy relevantes, como el Tribunal Supremo y el gobierno, entre los jueces y los fiscales. A todo esto se le añade la sombra del lawfare, que nos hace olvidar otro colapso sobre el que pagamos un coste diario muy cargante y que lleva años durando. Es sencillamente el colapso de la administración de justicia, que no viene de estos conflictos, si bien éstos los agravan.
Estamos ya al borde de situar la práctica de la justicia, con independencia de la calidad de sus objetos, a un nivel tercermundista por acumulación de problemas irresueltos por inoperancia de las oligarcas políticas que controlan el estado. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, es muy importante. Está claro que si se hace como la del Tribunal Constitucional, a base de colar a un exministro del gobierno y un alto cargo femenino de la Moncloa como jueces, habremos salido del fuego para caer en las brasas.
Pero tanto o más importante es cómo se resuelven los litigios diarios que afectan al sufrimiento de personas por causas económicas muy importantes y que tienen bastantes años, porque sencillamente la justicia se ha convertido en una especie de lista de espera similar a la de la ley de la dependencia o a la de la sanidad.
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