Tres buenas nuevas provenientes de la Unión Europea (UE) a finales de un año muy difícil

Desde su aparición a principios de año, la Covid-19 no ha parado de marcar la vida de la UE. Al principio le costó reaccionar contra la pandemia, pero con el paso del tiempo lo ha ido haciendo de manera cada vez más contundente, en cualquier caso mejor y más rápidamente de como lo hizo contra la Gran Recesión de 2008 y la crisis del euro de 2010, hasta alcanzar los dos grandes eventos producidos la semana pasada, uno en Bruselas y otro en Frankfurt, que con toda probabilidad marcarán nuestro futuro inmediato en relación a la Covid-19. A estos dos grandes acontecimientos relacionados con la pandemia se añade un tercer evento que tiene que ver con el cambio climático, producido en el mismo escenario que el primero: Bruselas.

El primer gran evento es el resultado principal de la reunión del Consejo Europeo, celebrado en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre. Consiste en la superación de la amenaza de veto por parte de Polonia y Hungría al Plan de Recuperación Económica contra la pandemia (Nueva Generación UE) y los presupuestos de la UE para el septenio desde 2021 hasta 2027. El desbloqueo permite la movilización efectiva de unos 1,8 billones de euros.

El segundo gran evento son los nuevos acuerdos del Banco Central Europeo (BCE) sobre la extensión temporal y el aumento de dotación de su Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP), que suponen la movilización de una cifra de euros similar a la anterior. Todo ello significa que, contando otros programas en marcha, Europa está dispuesta a dedicar la fabulosa cifra de más de cuatro billones de euros a la lucha contra la pandemia. El tercer gran evento   vuelve a ser un acuerdo producido en la misma cumbre del mes de diciembre celebrada en Bruselas: la reducción de emisiones de efecto invernadero de al menos un 55 por ciento para el año 2030, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Con la renuncia del veto polaco y húngaro, Alemania -y de manera muy especial su cancillera Ángela Merkel se ha apuntado el éxito más destacado de su presidencia semestral rotatoria de la UE. Se han necesitado muchos días de negociaciones diplomáticas arduas y discretas para conseguirlo. Todo ello coincide con la última vez que Merkel preside el Consejo Europeo, pues no se presentará a las elecciones alemanas del 2021. Alemania ha conseguido que Polonia y Hungría acepten levantar su veto al Fondo de Recuperación anti Covid-19 y los presupuestos de la UE, un veto basado en la tesis defendida por estos dos países según la cual los fondos europeos no deben estar ligados al concepto de respeto al Estado de derecho. Ambos países han cedido con una mínima concesión: una declaración del Consejo Europeo que promete aplicar el reglamento que condiciona las ayudas respecto del Estado de derecho de forma justa y no discriminatoria.

La reunión del Consejo Europeo de la semana pasada ha sido presencial, y esto ha ayudado mucho a llegar a acuerdos entre los asistentes. Se ha demostrado, una vez más, la importancia capital de la presencia física de los Jefes de Estado y de gobierno de la UE para lograr el cierre de acuerdos difíciles. El presidente francés Emmanuel Macron ha declarado lo siguiente a la salida de la reunión: «El histórico plan de recuperación europeo decidido en julio hoy entra en lo concreto. Acabamos de adoptar un acuerdo robusto sobre el mecanismo que se aplicará, respetando el Estado de derecho». El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, dijo por su parte que «ahora ya podemos empezar con la aplicación del Fondo de Recuperación y empezar a reconstruir nuestras economías tan perjudicadas por la pandemia».

Alemania ha tenido la habilidad de proporcionar a Polonia y Hungría una pista de salida, sin tocar la esencia de la condicionalidad de los fondos europeos respecto al Estado de derecho. Esto es así porque se sigue manteniendo la condicionalidad de los fondos europeos a las normas democráticas, pero, eso sí, antes de aplicarse esperará al pronunciamiento sobre la legalidad de la medida por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TUE). Cabe decir que la cesión de Polonia y Hungría se ha producido después de que Bruselas dejara claro que disponía de alternativas legales para establecer el Fondo de Recuperación excluyéndolos, una amenaza que hubiera dejado a los dos países sin decenas de miles de millones de euros en ayudas, que evidentemente era inaceptable por parte de polacos y húngaros.

Para conseguir que Polonia y Hungría levantaran su bloqueo, sin tocar nada del reglamento que establece la condicionalidad al respecto del Estado de derecho, se les ha ofrecido varias concesiones. La principal es la que se acaba de comentar: no se activará el mecanismo de suspensión de los fondos por violación del Estado de derecho hasta que el TJUE no se pronuncie. Los dos países tienen previsto recurrir a jueces europeos el reglamento que establece estas condiciones al considerar que no están de acuerdo con los tratados europeos. Se esperará pues la sentencia del TJUE antes de aplicarlo, lo que puede suponer un retraso de un año, lo que previsiblemente traslada la entrada en vigor de la norma al primer semestre de 2022. Por otro lado, se precisa que, para activar las sanciones, las violaciones del Estado de derecho deberán tener una relación directa con los fondos europeos y sólo se aplicarán a las nuevas partidas, no al dinero aún pendientes de desembolsar los actuales presupuestos. Otro elemento que se incluye es el llamado «freno de emergencia»,consistente en el hecho de que el país que tenga que ser sancionado pueda llevar el tema al Consejo Europeo. Esto no le da poder de veto, pero sí la capacidad de elevar la cuestión al máximo nivel político, que es precisamente el Consejo Europeo. Se trata de una fórmula que se improvisó el pasado julio para la condicionalidad de los planes de recuperación, como argumento para tranquilizar a los Países Bajos, líder de los países llamados «frugales», los temerosos de que los países del sur, como España, no realicen las reformas prometidas al recibir los fondos europeos. Ahora se recupera el modelo en otro contexto. Estamos ante una fórmula que, por su ambigüedad, va camino de convertirse en un instrumento comunitario habitual.

Con el levantamiento del veto polaco y húngaro, se pone en marcha el mecanismo de ratificación del Fondo de Recuperación y los presupuestos europeos para los próximos siete años (Marco Financiero Plurianual 2021-2027), un paquete económico que suma unos 1,8 billones de euros, el 15 por ciento del PIB de la eurozona, tan necesarios para la recuperación económica. El proceso de ratificación tendrá que pasar por los parlamentos de los 27 Estados miembros de la UE.

La previsión es que cada país presente sus planes nacionales de recuperación a partir de enero del año que viene y que los primeros reembolsos puedan producirse a partir del verano. Durante este periodo, además de la ratificación de los acuerdos y la aprobación de los planes nacionales, la Comisión Europea deberá ir a los mercados a captar los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. España podrá acceder a 140.000 millones de euros de este Fondo entre subvenciones y préstamos. El problema con estos fondos europeos es su tardanza en llegar a las empresas. Muchas probablemente no se podrán acoger porque ya habrán desaparecido. España, a diferencia de otros países europeos, como Alemania, no habrá tenido la capacidad financiera necesaria para ayudar directamente con fondos nacionales de manera significativa a sus empresas. La primera remesa no llegará hasta el verano del 2021. Nuestra prioridad debería ser el mantenimiento del tejido productivo para cuando llegue la euforia previsible de la recuperación económica, impulsada por los buenos resultados de las vacunas contra la pandemia, tal vez a mediados del año que viene. Podemos hacer tarde en muchos casos. Está previsto que el 70 por ciento de los fondos europeos lleguen el 2021/2022 y el 30 por ciento restante el 2023. Los Estados Unidos y los países asiáticos más avanzados habrán sido capaces de actuar más rápidamente que nosotros.   

El segundo gran evento de este final de año se ha producido en Frankfurt, donde tiene su sede el Banco Central Europeo (BCE), que ha aprobado extender nueve meses más, hasta marzo de 2022 – o más allá, si hiciera falta – el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) que puso en marcha el pasado mes de marzo, cuando estalló la crisis sanitaria, con un importe inicial de 700.000 millones de euros, que ha ido creciendo con el paso de los meses, y elevar el importe actual comprometido en medio billón de euros. Esta nueva cantidad comprometida supone una ayuda inestimable para Gobiernos como el español, que ganan tiempo y pueden estar tranquilos con la montaña de deuda que se les viene encima. En total, el PEPP alcanzará un total de 1,85 billones de euros, un impulso monetario sin precedentes. El Programa que comenzó con una duración limitada en 2020, ahora se alarga hasta marzo de 2022. Todo ello lo ha aprobado el BCE tras haber previsto una caída del PIB de la eurozona de un 7,3 por ciento en 2020 y un rebote de sólo un 3,9 por ciento el 2021, bastante inferior al 5 por ciento que preveía hace tres meses. Los gobernadores del BCE ven mucha debilidad en la economía europea, quieren blindar el euro de cualquier contratiempo y están dispuestos a poner toda la carne en el asador para superar la crisis. Han avisado que el 2020 se cerrará peor de lo anunciado. 

«La aguja de la brújula del enfoque es mantener las condiciones favorables de financiación. Queremos asegurarnos de que las condiciones favorables continúan disponibles para todos los sectores económicos. La reaparición de casos de la Covid-19 y las medidas de contención asociadas restringen significativamente la actividad económica de la zona euro que se contraerá en el cuarto trimestre de 2020», declaró Christine Lagarde, presidenta del BCE. Añadió que el 2021 presenta sombras, no ve con buenos ojos el entusiasmo general sobre las vacunas, ni prevé que se llegue a la inmunidad de rebaño hasta finales de año. En consecuencia, estima que la recuperación de la normalidad no llegará hasta el 2022. Cree que «la incertidumbre sigue siendo alta». Siempre a la sombra de Mario Draghi, su predecesor,  Lagarde ha asegurado a su manera que el BCE será el muro de contención que esperan los mercados en caso de necesidad . «Continuamos preparados para recalibrar todos nuestros instrumentos según corresponda», ha añadido la presidenta (cuando decía esto, seguro que tenía en la cabeza la famosa frase  what ever it takes, la que consagró a Dragui el año 2012 al declarar que el BCE estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para afrontar la crisis del euro, como parece que Lagarde también está dispuesta a hacer para afrontar la crisis de la Covid-19).

A pesar del enorme paquete de estímulos que arrastra el BCE, que comenzó a intervenir el mercado de bonos en 2015 y bajó los tipos de interés al 0% en 2016, la economía europea no remonta. No lo había hecho antes de la pandemia ni tiene perspectivas de hacerlo a corto y medio plazo. No se espera que la inflación de la eurozona se acerque al objetivo del BCE en diez años (un poco por debajo del 2 por ciento) y preocupa la fortaleza del euro (se acaba de despegar tras las últimas medidas del BCE al cambio de 1,2121 dólares / 1 euro).

El BCE ha vuelto a abrir las compuertas de la liquidez con mano firme. Ha contribuido unos precios que caen, un euro que sube y una actividad que puede contraerse de nuevo en el cuarto trimestre de 2020. La consigna del momento es más liquidez: 500.000 millones adicionales para compras de deuda pública; alargamientos hasta 2023 de la reinversión de sus amortizaciones; tipos de interés de préstamos a largo plazo del BCE a la banca en el -1 por ciento (el BCE paga este interés para que le pidan crédito); ampliación de estas líneas de financiación; otras medidas que van en la misma dirección de aumento de la liquidez.

La respuesta de los mercados ha sido inminente. El Tesoro español coloca bonos a diez años con interés negativo por primera vez en la historia, a pesar de haber aumentado su emisión bruta en casi un 50 por ciento.  El 10 de diciembre el rendimiento del bono español a diez años alcanzó un nuevo mínimo histórico y se subastó en negativo por primera vez, situándose al -0.016 por ciento. El BCE compra activamente deuda pública de Estados desde marzo de 2015 y los tipos de interés oficiales están al cero por ciento desde un año después.  Después de casi seis años de adquirir bonos, el balance del BCE ha pasado de 2 a 7 billones de euros. En el marco de la crisis actual, el BCE ha comprometido este año más de 2 billones de euros para comprar deuda. Mantiene una inyección de 20.000 millones mensuales a través del programa ordinario de compra de bonos soberanos y corporativos. El coste de la deuda de España en circulación se sitúa en el 0,18 por ciento, lo que alivia el país, que presenta un endeudamiento público que ya supera los 1,3 billones de euros, más del 120 por ciento del PIB .

En el BCE hay voces que empiezan a preocuparse con el gasto de ciertos sectores públicos, dopados con unos tipos de interés muy bajos, y también por el miedo de que una parte del tejido empresarial se vuelva zombi, apoyado en unas condiciones monetarias excepcionales. El problema de fondo es que se están realizando, desde el 2015, enormes compras de deuda pública por parte del BCE, a las que ahora hay que añadir las destinadas a combatir las consecuencias de la Covid. Los expertos avisan de que tarde o temprano tendrá que volverse a la austeridad.

Algunos analistas comparan la actual situación europea con la conocida por Japón las pasadas décadas. La burbuja financiera pinchó en Japón en 1991, provocando una grave crisis de deuda. Desde el año 2000, su banco central ha facilitado liquidez ilimitada a la economía y su Gobierno ha aumentado la deuda pública con políticas fiscales ultraexpansivas. El resultado es que Japón ha sido el país del G-7 donde menos ha crecido la renta por habitante desde entonces, en términos de paridad de poder adquisitivo. La renta media japonesa sólo ha crecido un 17 por ciento en casi treinta años, lo mismo que consiguen sus vecinos asiáticos en tres años.

Sin la intervención del BCE, varios países europeos, España incluida, no habrían podido financiar la caída de ingresos públicos ni atender el fuerte aumento del gasto sanitario y cobertura social provocado por la pandemia.

Asia crece a niveles similares a los de antes de la pandemia y el comercio mundial se ha recuperado en forma de V. La inflación en Europa se acerca al cero por ciento. Las vacunas permiten ver la luz al final del túnel de la pandemia y el BCE acaba de garantizar que habrá estabilidad financiera en 2021 y que la economía se podrá recuperar. Pero, tal como ocurrió en Japón, las empresas están descapitalizadas y muchas deudas son insostenibles. La población está envejecida en Europa y casi no crece, como en Japón.

A largo plazo, la productividad es esencial. Europa se la juega con los fondos europeos para conseguir modernizar sus economías, romper la brecha de distancia con Asia en digitalización y aumentar su productividad. España invirtió menos el 2019 en I + D que Portugal, Grecia y Polonia. La inversión pública ha mejorado, pero sigue lejos de los niveles de 2009. La inversión de las empresas privadas en innovación sigue siendo baja y esto limita el crecimiento, el empleo y los salarios.

Al igual que Japón, muchas empresas españolas se han descapitalizado durante la pandemia.  El futuro dependerá en nuestra casa, por una parte, del mantenimiento del tejido productivo tradicional y, por otra parte, de las empresas innovadoras que estén alineadas con los fondos europeos en materia de digitalización y sostenibilidad. En estos sectores se crearán los puestos de trabajo que van a pagar mejores salarios la próxima década. Si los fondos europeos se canalizan de manera correcta hacia estas empresas y les permite crecer, se podrán crear nuevos empleos con buenos salarios para volver la deuda pública y pagar las pensiones.  

El tercer gran evento europeo de finales de este año es que el propio Consejo Europeo de diciembre ha adoptado un gran acuerdo sobre la crisis climática. Fueron pasadas las ocho de la mañana del viernes 11 de diciembre, tras una reunión maratoniana que había comenzado a la una del mediodía del jueves. El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, dijo la mañana del viernes que los reunidos «no habían pegado ojo, literalmente, en toda la noche» y tuiteó: «Europa es líder en la lucha contra el cambio climático. Hemos decidido reducir nuestras emisiones de efecto invernadero al menos un 55 por ciento en 2030 «. Ángela Merkel se mostraba muy satisfecha ante las cámaras, mostrando unos ojos cansados y empequeñecidos por no haber dormido, lo que el maquillaje no podía disimular.

Este acuerdo llegó sólo un día antes de que se cumpliera el quinto aniversario del Acuerdo de París, sellado el 12 de diciembre de 2015, en el que se decidió limitar a 1,5 grados (2 como máximo) el calentamiento de la tierra al final del siglo. El pacto de la madrugada del viernes no fue nada fácil. Países como Polonia, Hungría o Chequia, con una fuerte dependencia del carbón, no cedieron hasta que obtuvieron garantías de que la UE apoyaría su transición ecológica, el cambio que se requiere para pasar de una economía dependiente del carbón, con altas emisiones de CO2, a otro de limpia. El objetivo que persigue la UE es ambicioso. Se trata de reducir en 2030 un 55 por ciento las emisiones de gases con respecto a las que se producían en 1990, con el objetivo posterior de llegar el 2050 a la neutralidad climática, es decir, a una sociedad libre de carbono. La consecución de este nuevo hito de la UE permitirá al vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, acudir a la próxima cumbre virtual, organizada por Naciones Unidas para celebrar los cinco años del Acuerdo de París, ondeando la bandera del liderazgo europeo en materia de cambio climático.

Curiosamente, a lo largo de tantas horas de cumbre, sólo se dedicaron diez minutos de reloj a la espinosa cuestión pendiente del Brexit, es decir, el contenido de la nueva relación entre el Reino Unido y la UE posterior al Acuerdo de retirada ya vigente. Esta indefinición puede ser considerada la cara oscura de una cumbre europea ciertamente exitosa. Llega el momento inexorable de aplicar lo que decidieron los leaversen en el referéndum de 2016. Décadas de libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales llegarán a un final abrupto cuando el Reino Unido abandone la UE a finales del mes de diciembre, un final que puede ser muy duro. Sin un acuerdo comercial, ambas partes lo pasarán mal, seguramente mucho más el Reino Unido que la UE. Se calcula que el Reino Unido pagará con una caída del PIB entre un 1,5 por ciento y uno por ciento, y la UE entre un 0,1 y un 0,4 por ciento. Si no se llega a un acuerdo comercial en los pocos días que quedan del mes de diciembre, se aplicarán las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en las relaciones entre el Reino Unido y la UE. Después de una conversación telefónica de última hora, posterior al Consejo Europeo, entre Úrsula von der Leye y Boris Johnson, han decidido continuar negociando hasta el último momento que es muy cercano: el 31 de diciembre.

El Consejo Europeo tampoco fue capaz de rebajar la tensión existente con Turquía, motivada por diferentes circunstancias: crisis migratoria, prospecciones petrolíferas turcas en aguas territoriales en disputa, actitudes antieuropeas del líder turco Erdogan y toda una serie de acciones unilaterales por parte de una Turquía geopolíticamente muy activa (Siria, Azerbaiyán, etc.) que no ligan con su carácter de país miembro de la OTAN. En la cumbre se acordó aumentar la lista de sanciones contra ese país. El Alto Representante de asuntos exteriores y de seguridad de la UE, Josep Borrell, ha quedado responsabilizado de seguir el problema de las relaciones con Turquía y de volver a informar oportunamente al Consejo Europeo sobre posibles avances.