Gran parte de los problemas de los campesinos son consecuencia de las medidas adoptadas en la denominada transición ecológica, que tiene como uno de sus principales objetivos evitar que el calentamiento global acabe superando los 2 °C de temperatura y que a ser posible no supere demasiado los 1,5 °C.
Un reciente informe publicado en World of Data de Hannah Ritchie de septiembre del pasado año, informaba sobre la situación. En concreto, la cuantía de CO₂ que podía emitirse desde principios de 2023 en adelante. Y esto en relación a mantener la temperatura en 1,5 °C, en un caso, o en 2 °C, en otro.
Evidentemente, estos cálculos ofrecen varias opciones para las variables en juego, pero considerándolas todas ellas, lo que queda claro es que para mantenerlos dentro de los 1,5 °C con un 50% de posibilidades de conseguirlo tendríamos a lo sumo la capacidad mundial de emitir 250.000 millones de toneladas de CO₂, cifra que quedaría reduciría a 5.000 millones de toneladas si tuviéramos unas posibilidades del 83%.
Dadas las emisiones de 2022, esto significa que para alcanzar el nivel del 50% de las posibilidades significaría sólo 6 años de nuestras emisiones actuales. La conclusión es que es altamente improbable que se alcance el objetivo. Si la referencia es no superar los 2 °C con un 50% de posibilidades, el margen es significativamente más alto, tardaríamos 28 años de las emisiones actuales y si quisiéramos una probabilidad de los 2/3, cubriríamos 23. En este caso, los plazos hacen razonable pensar que podría alcanzarse, si bien la impresión generalizada entre los expertos es que si no se hace más, vamos por el camino de un aumento del 2,5.
En este contexto hay que situar lo que está intentando hacer Europa: reducir sustancialmente las emisiones de CO₂, pero está claro que el problema radica en que el resto del mundo, en especial China, EE.UU., India, no van por el mismo camino y, por tanto, aquí existe una incompatibilidad grave entre restricciones internas en Europa para descarbonizar la producción y apertura de fronteras a países terceros que no adoptan las mismas medidas. Este desequilibrio es insostenible y la crisis de la agricultura es una manifestación espectacular, pero ni mucho menos la única porque también afecta a la industria. Y debería afectar mucho más al turismo, que de momento funciona con cierto régimen de excepcionalidad.
Cuando se hace referencia a la agricultura y sus emisiones no se toma en consideración que al mismo tiempo su propia actividad secuestra carbono porque las plantas, la vegetación, consume este carbono del CO₂ como principal alimento. Esto no quiere decir que el balance sea cero, ni mucho menos, pero sí desempeñan un papel que los otros sectores productivos no hacen: absorber parte de las emisiones que emiten.
La UE, consciente de este potencial, ha desarrollado una línea de política pública, agricultura de captura de carbono ( Carbon Farming ), que pretende incentivar aún más esta función agraria. La idea es buena, pero como casi siempre ocurre con Bruselas, el desarrollo es de una teorización y burocratización alucinante. Para resumir la idea, lo que se le pide al campesino que haga para capturar carbono resulta burocráticamente inviable y económicamente no rentable.
Una de las razones de esta falta de rentabilidad es que el cálculo, complejo, de la captación de carbono se hace a partir de la situación actual y, por tanto, no se tiene en cuenta el beneficio que ya de por sí genera ese agricultor. Por otra parte, las ayudas son insuficientes dadas las contrapartidas que solicita. Dicho esto, la línea es válida, y planteada en términos más sencillos y más incentivados podría dar lugar a otra línea de interesante rentabilidad agraria: la actividad de la vegetación dirigida a captar carbono. Este hecho significaría una revalorización de nuestros bosques, la aplicación de técnicas silvícolas, a consideración, por supuesto, de que se empiece por reconocer y valorar económicamente la función que ya desempeñan los bosques en la fase actual.
Pero todo esto sigue siendo todavía demasiado complejo para el agricultor aislado, porque significa entrar en el mercado de emisiones, y aquí es donde entraría el papel de la Generalitat que, por cierto, no lo hace ni se lo plantea. Debería ser el gobierno de Cataluña quien asumiera toda la gestión administrativa y burocrática y descargara al campesino de esta tarea. Que fuese ella, la administración de la Generalitat, quien se encargara de cumplir con el marco de certificación de las capturas de carbono y la demostración de que se cumple con los criterios de cuantificación, objetividad y sostenibilidad. Habría un cuarto elemento, en la actualidad vigente, y que es el que debería modificarse, que es el de adicionalidad.
En otros términos, el sector agrario puede ser un poderoso aliado de la transición ecológica si las administraciones más cercanas asumen la burocracia y la UE modifica su marco regulador y de fomento para facilitar el desarrollo de este nuevo tipo de actividad agraria.
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